Dos meses atrás Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y las cuatro cadenas agroindustriales (AcSoja, Asagir, Maizar y Argentrigo) solicitaron a los tres poderes del Estado nacional que instrumente las acciones necesarias para desincentivar los episodios crecientes de ocupaciones ilegales de tierras que se registraron en el transcurso de este año.
En el ámbito legislativo, un diputado jujeño del bloque oficialista Frente de Todos “recogió el guante” y presentó un proyecto para que el delito de ocupación de inmuebles no sea excarcelable. Y también para responsabilizar a los funcionarios públicos que impulsen
El artículo 181 del Código penal establece penas de seis a tres años para que el que “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.
El proyecto en cuestión, elaborado por el diputado José Luis Martiarena, propone elevar el rango de la pena de ese delito de uno a seis años, es decir, no excarcelable al superar los tres años.
Además determina que la pena deberá ser de tres a diez años cuando el delito de usurpación de un inmueble se produzca en “concurso de dos o más personas en cualquier grado de participación, incluyendo a las personas ideólogas u organizadoras”.
“Sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena (seis a veinte años) los funcionarios públicos que participaren, como así también los particulares la pérdida de cualquier beneficio revocable por parte del Estado”, añade.
En los fundamentos de la iniciativa el diputado del FpV explica que “se advierte que en la Argentina han proliferado distintas formas de usurpación” y que “desde el Estado en sus tres niveles se debe actuar con firmeza y claridad respecto a estas ocupaciones ilegales que generan estados de anarquía y que han llegado en algunos casos a situaciones de violencia social”.
“La paz social se encuentra comprometida con cada toma y resulta conducente para desalentar dichas conductas agravar la pena del tipo delictivo de la usurpación; ampliando además la agravación de la pena para quienes, sin poner un pie en las tierras usurpadas, idean y organizan tales conductas”, afirma Martiarena.
