La política es así, una bosta donde todos discuten mucho, pocas veces se ponen de acuerdo, y finalmente casi nunca solucionan nada. Pero es necesaria, aunque no siempre sea productiva. Especialmente la política en el Congreso de la Nación, de donde deben surgir las matrices rectoras para que nuestra sociedad se desenvuelva y desarrolle.
Un grupo de productores se reunió en 2008 en la Fundación Barbechando con la difícil misión de tratar de incidir positivamente en la política legislativa vinculada al agro. Usualmente no tienen ningún éxito concreto, pero no es por culpa de ellos sino de lo mediocre de la política, que suele desoír las voces del agro y otros sectores sociales y productivos, ensimismada como está, hablando siempre sobre si misma.
El balance 2025 de la actividad del Congreso Nacional que acaba de presentar la Fundación Barbechando, al menos tras los meses de sesiones ordinarias, confirma no solo el fracaso de la política, por la ineficacia del trabajo de diputados y senadores, sino también el triste fracaso de Barbechando como generador de contenido agropecuario para los debates legislativos.
Es que en 2025 hubo solo 11 leyes sancionadas por un Poder Legislativo que sesionó solamente en 21 ocasiones, y que nos costó 671.698 millones de pesos a todos los argentinos. Y ninguna de esas 11 leyes tuvo que ver con el sector económico que más aporta en la Argentina.
El grado de ineficacia en el trabajo de los legisladores, según el informe de Barbechando (que en esto sí ha sido muy útil, recopilando información y haciendo un balance histórico de una pobrísima actividad legislativa), es brutal, pues se presentaron este año 2.723 Proyectos de Ley, de los cuales solo 106 tuvieron dictamen de comisión y muchos menos tuvieron la suerte de ser votados en el recinto.
En el caso del sector “agrobioindustrial” que tanto preocupa a Barbechando, la sensación de fracaso es todavía mayor, pues de los 2.723 Proyectos de Ley, solamente hubo 88 que estaban vinculados a la temática productiva rural. Es apenas el 3,2% del total. La nada misma que muestra el profundo desinterés de la política por las cuestiones productivas.
Para colmo, no fue el oficialismo que se presume “amigo” del campo el que movió el avispero sino todo lo contrario. “El 70% de la agenda del Congreso fue impulsada por todo el arco opositor”, explicó Barbechando, que remarcó que “el oficialismo se dedicó a frenar los proyectos que atentaban contra el equilibrio fiscal”. La Fundación del agro solo rescata, en este juego de suma cero, que “los gobernadores impulsaron temas de debate de fondo que serán cruciales para la nueva etapa legislativa”.
Volvamos al agro. En este clima de inmovilidad legislativa ninguno de los once proyectos que se convirtieron en ley tuvieron que ver con el sector. Por el contrario, en el balance de Barbechando queda muy claro que las principales iniciativas vinculadas con la producción agropecuaria o bien están bloqueadas o bien deberán esperar (si los políticos tienen ganas) a su tratamiento el año que viene.
Queda claro que los dos principales proyectos de interés para el sector han sido bloqueados por el propio Gobierno de Javier Milei: el que propiciaba una baja gradual de las retenciones a partir de enero de 2026 y el que promovía un nuevo régimen para incrementar la oferta de Biocombustibles.
En medio de este evidente fracaso (ojo, que algunos legisladores consideran un éxito no haber dejado prosperar iniciativas de la oposición), Barbechando evaluó: “Con un Congreso totalmente minoritario, el oficialismo logró resistir varios embates de la oposición e, incluso, logró rebatir leyes. El resultado: un Congreso polarizado que no logró responder a las demandas de la sociedad”.
En esta línea, la Fundación se alineó con quienes piensan que mejor que el Congreso no trabaje a que dicte leyes malas. “El agro no fue perjudicado, sino que el Congreso no llevo a cabo la agenda de los diferentes sectores productivos. Sin embargo logró que temas candentes como retenciones se debatan luego de 17 años. Asimismo, fitosanitarios y biocombustibles también pisaron fuerte en la agenda”, se ilusionó Barbechando.
De los temas que el presidente Milei presentó ahora para que el Congreso debate en extraordinarias a pedido del Poder Ejecutivo (que ahora pasa de la defensa a un ataque frontal propiciando varias reformas), no hay muchos que sean de interés específico del agro, salvo la Ley de Glaciares, que como podría beneficiar la radicación de muchos proyectos mineros podría perjudicar a varias economías regionales que dependen de los suministros de agua de deshielo para su supervivencia.
La fundación presidida por Ángeles Naveyra parece de todos modos ilusionarse con lo que pueda suceder en 2026, ya que las últimas elecciones produjeron un notable cambio en la composición de las bancadas, tornando el escenario más favorable para el oficialismo. En Diputados, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se convirtió en la nueva primera minoría, superando a Juntos por al Patria. En el Senado, quedaron mucho más cerca.
De todos modos, parece muy ingenua la posición de ilusionarse con que el agro pueda tener las leyes que hace tanto tiempo reclama el año entrante. Sobre todo sabiendo que hasta ahora los legisladores de Milei han sido los más vagos a la hora de presentar proyectos de ley con temáticas vinculadas al sector.
En efecto, si ya era muy escaso el trabajo legislativo sobre temas agropecuarios (con solo 3,2% del total de proyectos), la evidencia de que a los diputados y senadores de LLA el tema les importa un comino surge al revisar que solo el 5% de los 88 proyectos de ley presentados han sido redactados por políticos de ese sector oficialista.
Ni para pensar en el agro y proyectar su futuro han tenido tiempo los legisladores de LLA. Las principales propuestas que motorizaron la poca discusión surgieron sobre todo de la opositora Juntos por la Patria (42% de los proyectos), de los partidos provinciales (19%), de la UCR (14%), del PRO (11%) y de otros (9%).
Un papelón que no puede celebrarse para nada, salvo entre quienes prefieran un Congreso maniatado, como siempre, y convertido en una simple “escribanía” del Poder Ejecutivo de turno.
