La detección de un foco de Loque americana en el Valle Medio de Río Negro encendió las alarmas de los apicultores y las autoridades sanitarias locales. Se trata de una de las enfermedades bacterianas de mayor difusión en esa actividad, que afecta directamente a las crías de las abejas y cuyo hallazgo implica tener que sacrificar a las colmenas.
Tras la confirmación del laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en Martínez, provincia de Buenos Aires, agentes de ese organismo encontraron un nexo con una sala de extracción de miel ubicada en la localidad de Chimpay, que ocupaba tierras pertenecientes al Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA) y no contaba con las habilitaciones correspondientes.
“El predio presentaba un riesgo sanitario grave y de alta magnitud debido a la presencia significativa de material apícola inerte deteriorado y expuesto, tales como alzas y cuadros rotos o sucios. Estas condiciones eran plenamente compatibles con un escenario de dispersión activa de la enfermedad, ya que el material expuesto favorecía el pillaje por abejas (traslado de miel de un apiario a otro), constituyendo un nexo epidemiológico directo con el foco confirmado de Loque Americana”, informaron desde Senasa.
Dependiendo de su grado de dispersión, esta enfermedad puede identificarse a través de signos como olor fuerte y persistente, cría salteada y anormalidades que impiden el retiro de las abejas de las celdas.
Es así que frente a la detección positiva, los agentes de Senasa procedieron a la destrucción e incineración de la totalidad de las 15 colmenas del apiario afectado, en el marco de lo dispuesto en la resolución 38/2012
Lo mismo ocurrió con la sala clandestina, donde se removió y destruyó por incineración el material apícola inerte contaminado, o potencialmente contaminado, según dieron cuenta. También se efectuó la desinfección integral de las instalaciones y se inventarió el equipamiento remanente.
La vigilancia epidemiológica en el lugar se mantendrá en un radio de al menos 5 kilómetros del predio intervenido.
