El debate por el cumplimiento de los objetivos ambientales que plantea la agenda mundial 2030 subió su temperatura en los últimos días. La razón es que el gobierno de Dinamarca, integrante del bloque económico europeo, anunció que presentará en el Parlamento local un proyecto para gravar impositivamente a las emisiones de dióxido de carbono -uno de los principales gases de efecto invernadero- que genere la actividad agropecuaria local.
Aunque muchos tildaron a la iniciativa como la primera en su clase, lo cierto es que Nueva Zelanda intentó hacer lo mismo el año pasado, a través de un plan que fue catalogado como el “impuesto a los eructos” y que intentaba gravar las emisiones de metano y óxido nitroso. La propuesta había sido puesta en marcha por la primera ministra de ese país, Jacinda Ardern, pero este año fue suprimida con la llegada de nuevas autoridades al gobierno, que anunciaron que antes de fin de mes presentarían una legislación sustitutiva en el parlamento.
En el caso de Dinamarca, el proyecto –que fue negociado durante cinco meses- fue barajado el llamado Tripartito Verde, que está integrado por representantes del gobierno, la Asociación Danesa para la Conservación de la Naturaleza, la Federación Danesa de Alimentación, Dansk Metal, la Industria Danesa y la Asociación Nacional de Municipios, y está presidido por el ex titular del parlamento o folketinget, Henrik Dam Kristensen.
De conseguir los votos necesarios (hay 179 escaños en el parlamento), el proyecto buscaría lograr que Dinamarca alcance su objetivo para el 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70% con respecto a los niveles de 1990.
Según dieron cuenta los medios locales, el impuesto se aplicará no solo a las emisiones procedentes de la ganadería sino también de las de la aplicación de fertilizantes, la silvicultura, y la alteración de suelos agrícolas ricos en carbono, en especial las llamadas “tierras bajas”.
El sitio online danés CPH Post indicó que una de las principales fuentes de emisiones de CO2 en ese país es el drenaje y cultivo de antiguos humedales como turberas, lagos, valles fluviales y praderas. La recuperación de esos suelos orgánicos de baja altitud es, por tanto, una estrategia importante para reducir las emisiones del sector.
¿Y con cuánto será gravados los productores? El acuerdo propone aplicar un impuesto de 300 coronas danesas por tonelada de CO2 en 2030 (unos 43 dólares), aumentando a 750 coronas (108 dólares) en 2035.
Sin embargo, dado que tendrán derecho a deducir parte del impuesto sobre la renta, el costo real por tonelada iniciará en 120 coronas (17 dólares) y aumentará a 300 en 2035.
La iniciativa también contempla destinar 40.000 millones de coronas a la plantación de 250 mil hectáreas de bosque en tierras agrícolas hasta 2045; la eliminación de 140 mil hectáreas de tierras bajas hasta 2030 y la compra de tierras agrícolas para reducir las emisiones de nitrógeno que surjan de la aplicación de fertilizantes.
Es importante recordar que este proyecto se presentó en un contexto donde todavía siguen vigentes las tensiones con los agricultores de todo el bloque europeo, que desde finales del año pasado realizaron una serie de protestas en contra de las crecientes presiones en materia medioambiental.
Aún así, hasta ahora los funcionarios del gobierno se mostraron muy confiados con la aprobación del proyecto.
De acuerdo con la agencia Reuters, comunicado el ministro de Impuestos, Jeppe Bruus, dijo: “Seremos el primer país del mundo en introducir un impuesto real al CO2 en la agricultura. Otros países se sentirán inspirados por esto”.
Por su parte el Ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, declaró en conferencia de prensa: “Es un proyecto a muy largo plazo, en el que creamos más naturaleza, más biodiversidad, pero al mismo tiempo también tenemos presente que debemos contar con un sector agrícola fuerte y viable”.
Desde el ministerio de Economía, su titular, Stephanie Lose, anticipó que el acuerdo supondrá “un reajuste de nuestra industria agrícola y alimentaria”.
Y desde la Sociedad Danesa de Conservación de la Naturaleza, la organización de conservación natural y ambiental más grande de Dinamarca, se describió al acuerdo como “un compromiso histórico” y su responsable, Maria Reumert Gjerding, indicó: ““Hemos logrado alcanzar un compromiso sobre un impuesto de CO2, que sienta las bases para una industria alimentaria reestructurada, también más allá de 2030”.
