A partir de su asunción, el ex secretario Roberto Feletti se empecinó en armar un fideicomiso para subsidiar los precios del trigo y bajar el valor del pan común que no era técnicamente aceptado por nadie, ni por los funcionarios de los Ministerios de Agricultura o de Economía, ni por los propios molinos que se supone debían saltar de alegría al recibir los subsidios. Nadie quería ese sistema. Y sin embargo, embebido en vaya a saber que rayo mágico desacoplador, en marzo Feletti consiguió lo que quería y nació el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
Luego cayó Feletti y se suponía que Guillermo Hang, hombre de Martín Guzmán, desarmaría el engendro, que además aparecía peligrosamente orientado a favorecer solamente a una empresa, Molino Cañuelas. Pero no pasó nada, el fideicomiso continuó. Más tarde, fue el turno de Martín Pollera, bendecido por Silvina Batakis, pero el fideicomiso volvió a ratificarse. Ahora llegó Matías Tombolini y había otra chance de dominar al monstruo. Pero nada. Es evidente que el rayo mágico desacoplador no le teme ni a Sergio Massa, el más valiente de los superministros.
La tercera no fue la vencida. Tombolini también ratificó este miércoles tras reunirse con los directivos de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), que el FETA seguirá adelante a pesar que 145 molinos de los 155 que operan en el país no han entrado al sistema. En el medio, tal como advertían todos, el objetivo planteado por Feletti no se cumplió para nada: el fideicomiso arrancó con el pan común valiendo 250 pesos por kilo, y ahora ese mismo producto araña los 350 pesos. Es lo que le decían todos al contador preferido de Cristina Kirchner: la materia prima trigo (y en consecuencia la harina) inciden solo 15% en la conformación final del precio del pan. De hecho el trigo bajó desde marzo, pero el pan aumentó.
Bichos de Campo accedió a un memo que la conducción de la FAIM, tras reunirse con el flamante secretario de Comercio Interior de Sergio Massa, envió a sus asociados y que rápidamente se difundió a todo el sector. Allí el nuevo funcionario alargó la vida del FETA, aunque deslizó que posiblemente pueda ser anulado a fin de año. En el medio, todo parece indicar que unos 400 millones de dólares de las retenciones cobradas a la soja pasarán de manos de los productores a un grupo de molinos amigos del gobierno.
Comunica la Federación Molinera lo siguiente sobre la reunión con Tombolini, que estuvo acompañado por la subsecretaria de Comercio Interior, Anastasia Daicich, y su Jefe de Gabinete, Rodrigo Herrera Bravo. “El secretario y funcionarios del área, demostraron que estaban al tanto de todo y manifestaron los siguientes puntos”:
- “El FETA es producto de un DNU (decreto presidencial), del que no hay discusión, no va a cambiar y dará continuidad a las políticas”.
- Siempre (por el gobierno) “está abierto analizar propuestas mejoradoras, que perfeccionen la herramienta pero no la cambien ya que para ellos, cumple con el objetivo propuesto” que se supone era bajar o mantener el precio del pan, cosa que no sucedió.
- “El plazo de duración de esta intervención “no esta determinado, aunque parecería fin de año ser un horizonte de finalización”.
Tombolini aclaró además que todavía no ha sido nombrado formalmente en el cargo y por lo tanto “no cuenta con firma” para avanzar con los expedientes de pago demorados. La mayor parte de ellos corresponde a unos 2.700 millones de pesos que el FETA ya le adeuda a Molinos Cañuelas. Esa empresa, la líder del mercado molinero, ingresó en convocatoria de acreedores el 2021 con un pasivo tanto o más grande que la de Vicentin. Allí hay por lo menos 2.500 millones de pesos de incumplimientos con la AFIP.
Tombolini dijo que en diez días estaría normalizada la situación, ya que el Fideicomiso -que es administrado por el BICE que antes presidía el actual secretario de Producción, José Ignacio De Mendiguren-, ya acumuló unos 8.000 millones de pesos provenientes de las retenciones a los derivados de la soja. En total habría para recaudar -y repartir- unos 400 millones de dólares por el aumento más reciente de ese tributo. A valores oficiales, serían unos 56 mil millones de pesos.
“Una vez perfeccionado la firma, el espíritu es que se cumplan a la perfección los plazos de lo establecido en la norma”, prometió Tombolini según dice el acta. Es lo que temen justamente todos los mollinos que se niegan a ingresar al FETA: que ellos vendan barata la bolsa de harina a las panaderías, financiando el subsidio del Estado, pero que éste finalmente las vuelva a clavar con la deuda, como ya sucedió en la época de la ex ONCCA. Aquel clavo fue de unos 3.000 millones de pesos. Pero no los de ahora sino los de 2011.
Pollera, el breve ex secretario de Batakis, había deslizado antes de irse que si los molinos no ingresaban al mecanismo de subsidios antes del 15 de agosto luego quedarían afuera, y el dinero se repartía entre las pocas empresas que acompañaron a Cañuelas (Morixe, Molisud, Harinas Bajo Honfdo, Pehuajó y más recientemente Lagomarsino). Esa amenaza provocó que muchos otros molinos, a pesar de no estar de acuerdo, se vieran obligados a presentarse.
Tombolini, en esta reunión con FAIM, dijo que hay un universo de 35 empresas en total que integrarían el FETA. Son todavía una visible minoría pero representarían un 66% del mercado de la harina de trigo. Como siempre el gobierno arreglando con los sectores más concentrados.
Además de los miedos lógicos a que el gobierno se quede con la plata y no pague, fundiendo a los molinos que tienen menos capacidad financiera, hay una clara restricción para que ingresen al fideicomiso las Pymes del sector o las empresas más pequeñas. Tombolini lo estableció oralmente al advertir que “aquellas empresas nuevas que se suman al FETA y tienen harina fraccionada podrá ser compensada siempre que se encuentren en precios cuidados”. Si no están ahí, pues no entran.
Tanto Pollera, como Hang, como en un principio el propio Feletti, para justificar este complejo mecanismo mantuvieron reuniones y se sacaron fotos con una serie de dirigentes de las panaderías, que avalaban el FETA. La mayoría de ellos tiene una muy dudosa representatividad entre las verdaderas panaderías, mientras son visibles en algunos la ligazón con la militancia kirchnerista. Pero sirven para justificar la millonaria transferencia de recursos. Tombolini anunció que se reunirá con ellos en los próximos días.
¿Para qué? ¿Repetirán la foto? El nuevo secretario de Comercio aclaró que esta vez (porque las otras veces no sucedió) exigirá a los panaderos que cumplan con los precios que prometieron. Los 250 pesos por kilo ya fueron, quedaron sepultados por la inflación. Tombolini le dijo a los directivos de la FAIM que “luego de establecido el compromiso, habrá control”.
Diego Cifarelli, titular de la Federación molinera, puso como ejemplo ante sus socios que la “panadería que no vende a 320 pesos el kilo no se le baja bolsa”. Recordó tristemente que sería “algo similar a lo que pedía el ex secretario Guillermo Moreno” años atrás.
