Si el diablo no mete la cola, lo más probable a partir de la asunción de un nuevo gobierno es que el escandaloso Fideicomiso Triguero que aplica este gobierno desde 2022 muera solo, como prevén las resoluciones vigentes, el 31 de diciembre de 2023. Se terminará así con una monumental transferencia de recursos públicos a un puñado de molinos harineros, y en especial a uno de ellos que tiene deudas por 1.300 millones de dólares y está en concursos de acreedores, Molino Cañuelas.
El FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) fue un invento del ex secretario de Comercio Roberto Feletti, que marcó el pico de intervención del kirchnerismo más duro en la política económica del gobierno saliente. Lo armó en marzo/abril de 2022, con la excusa de que el trigo estaba subiendo por causa de la guerra en Ucrania y que había que subsidiar la bolsa mayorista de harina, para evitar subas del pan común en las panaderías. En ese momento el pan francés valía 265 pesos por kilo.
A los posos meses, desembarcó en el gobierno el superministro Sergio Massa y con él llegó Matías Tombolini a la Secretaría de Comercio. Aunque de entrada criticó fuerte este mecanismo que solo servía para transferir dinero público a un grupo de escasos 20 molinos (pero con el 70% de la plata dirigida a Molino Cañuelas, la empresa más grande del sector), Tombolini luego guardó silencio y obedeció ciegamente las órdenes de mandatos superiores. No se sabe quién, pero alguien muy poderoso bancó este mecanismo absolutamente distorsivo y poco transparente que había sido rechazado por el grueso de la industria molinera.
Cuando se acabó la primera tanda de dinero, en marzo de este año, Massa y Tombolini volvieron a agachar la cabeza y decidieron que el FETA se iba a seguir financiando durante todo 2023 con el producido de la recaudación de dos puntos porcentuales de las retenciones aplicadas al aceite y la harina de soja, unos 150 millones de dólares. Es decir, que la bolsa de harina triple 000 de 25 kilos tenía un subsidio encima aportado por los productores de soja.
Según la única información oficial que hizo visible el BICE, administrador de ese fideicomiso, hasta ese momento Cañuelas había recibido 21.500 millones de pesos de transferencias mediante este mecanismo. Su contraprestación, se supone, era vender la harina a un precio subsidiado que cada mes establece desde entonces el secretario Tombolini, aunque luego nadie certifica ni controla que se respete a los largo de la cadena panificadora. De hecho, el pan francés subió 180% en los últimos doce meses, por encima de la inflación minorista.
Todo esto viene a cuento de que, a pesar del ostensible fracaso de esta política de intervención en el mercado, que a nuestro juicio solo esconde una maniobra para desviar plata hacia una empresa que de otro modo estaría al borde de la quiebra, pues su situación financiera es incluso más grave de la que enfrentaba el grupo Vicentin, el secretario Tombolini sigue siendo el soldadito más disciplinado con esta estrategia.
En el Boletín Oficial de este miércoles, la secretaría de Comercio actualizó una vez más el precio a que Cañuelas y los otros molinos subsidiados (Como Lagomarsino o Morixe) deberían vender la bolsa de harina a cambio de cobrar la compensación oficial. Es decir que a días del Cambio de Gobierno Tombolini ratificó que este mecanismo oscuro se mantendrá al menos hasta fin de año, como esta previsto.
Según admite la propia Resolución 2114/2023, el nuevo valor fijado por Tombolini implica reconocer un incremento en los valores de la harina subsidiada del 107,8 % con respecto a los valores vigentes para noviembre de 2022. La justificación para autorizar este aumento -en el ocaso del sistema- es que esa suba acumulada “se encuentran muy por debajo de los que refleja el INDEC para el precio del pan francés en GBA”, que han subido 179% en los últimos doce meses, frente a una inflación que lo hizo menos, apenas 142%.
Así las cosas, Tombolini avaló que en lo que queda del año Cañuelas y sus amigos puedan vender la harina a 3.059 pesos por bolsa de 25 kilos y con bonificaciones según contenido de gluten. Estaría muy bien salvo por un pequeño detalle: nadie controla que se respete ese precio de venta en el mercado ni que las panaderías trasladen ese beneficio a los consumidores. Tampoco se sabe qué cantidad de harina subsidiada se estaría volcando en el mercado. En torno a este subsidio, todo es oscuridad informativa.
El fracaso de esta política es estrepitoso. Si alguna vez se estudiara el impacto de esta compensación, Tombolini (como continuidad de Feletti) debería pasar a la historia como el secretario de Comercio más ineficaz de la historia. De hecho, a lo largo de la vida del FETA la bolsa de harina subsidiada pasó de valer teóricamente 1.150 pesos (en abril de 2022) a los mencionados 3.059 autorizados ahora.
Es decir que, a pesar de transferir miles de millones de pesos a un grupo de molinos, el gobierno habilitó aumentos en todo el ciclo del fideicomiso del 166% en la harina mayorista, mientras que el pan común aumentaba muchísimos puntos más que eso. Cuando Feletti arrancó con el FETA en marzo/abril de 2022, el kilo de pan francés había subido de 265 a 295 pesos. Ahora, en octubre pasado y según la última medición oficial, tocó los 1.076 pesos. Es decir que el aumento entre punta y punta de duración del fideicomiso sería de más del 300%.
Mientras tanto, el precio del trigo (que se pretendía aliviar) subió mucho menos de eso, desde unos 32 mil por toneladas a unos 70 mil pesos en la actualidad. Es decir que subió menos del 100%.
Otra manera de decirlo: Si Feletti y Tombolini no hubieran hecho nada, hubiera pasado más o menos lo mismo.
