El Gabinete Económico anunció hoy la pronta implementación de un nuevo régimen de fomento de la inversión para la exportación, con el objetivo aumentar la previsibilidad de la inversión extranjera directa o de la inversión nacional financiada con crédito externo, destinada a incrementar las exportaciones. Aunque el programa parece hecho al dedillo para apuntalar las posibilidades que tiene el sector agropecuario, principal generador de divisas, los funcionarios del Ministerio de Agricultura quedaron afuera de la comisión que evaluará los proyectos.
Según se informó oficialmente, el régimen prevé que el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación por hasta un máximo anual equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas para llevar a cabo el proyecto. Ese 20% podrá destinarse al pago de capital e intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes. Será una forma de escapar al corralito cambiario.
Incluso, “si los cobros de las exportaciones no se aplicaran inmediatamente a los usos previstos, los fondos podrán ser depositados hasta su utilización en cuentas en el exterior de entidades financieras argentinas y/o en cuentas locales en moneda extranjera en bancos argentinos”, precisó el Ministerio de Desarrollo Productivo, que dirige Matías Kulfas.
La iniciativa, que en los próximos días será plasmada en un decreto, busca “incrementar las exportaciones, crear empleo, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, fomentar un crecimiento económico sustentable y equitativo y promover la sostenibilidad ambiental del país, de las provincias y las distintas regiones”, se explicó.
Muchos de estos objetivos coinciden con el contenido del proyecto de ley que el mimso equipo económico viene negociando con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un conglomerado de más de 60 entidades que propuso al gobierno un plan para favorecer las inversiones en el sector, mediante desgravaciones impositivas y un régimen de amortización acelerada del IVA.
Ese proyecto de ley, que se viene discutiendo hace seis meses, todavía no vio los tiempos de alumbramiento, a pesar de que el presidente Alberto Fernández lo mencionó en su discurso de principios de marzo ante la asamblea legislativa.
Mucho más expeditivo parece ser este atajo para que quienes hagan nuevas inversiones y logren exportar el producido de ellas no se vena condenados a ingresar todos sus dólares para canjearlos al valor oficial de poco más de 90 pesos, cuando el dólar en el mercado de acceso para todos cotiza mucho más cerca de los 145 pesos. Ajora se permitiría la utilización de parte de esos dólares, a valores más reales.
“Uno de los problemas centrales de nuestra economía es la escasez de dólares. Este fenómeno se explica por varios factores, entre los que se destacan nuestra estructura productiva, el bajo dinamismo de nuestras exportaciones y la dolarización de inversiones financieras”, explicó el ministro Kulfas, que reconoció que “las restricciones cambiarias permiten administrar la escasez de divisas pero generan trabas para la inversión extranjera o la inversión nacional financiada con crédito externo”.
“La creación de este régimen flexibiliza estas restricciones y permite viabilizar muchos proyectos de inversión actualmente en estudio”, aseguró Kulfas.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, agregó que “Esta medida consiste en una adaptación del esquema de controles de capitales de modo de favorecer las inversiones en la economía real, mientras se siguen desalentando los movimientos de capitales de corto plazo y de tipos especulativos que generan inestabilidad cambiaria”.
El agro parece ser convidado a canalizar proyectos a través de este mecanismo. Al decir de Guzmán, “la medida que estamos anunciando va a implicar inversiones concretas de empresas que van a estar generando trabajo y producción en Argentina y aumentando la capacidad exportadora del país, en sectores como el minero, industrial, agroindustrial y energético”.
Lo curioso es que la autoridad de aplicación de este régimen, según se anunció, estará conformada por representantes de los Ministerios de Economía, del de Desarrollo Productivo, y del Banco Central de la República Argentina. Su titular, Miguel Pesca, participó del anuncio. Allí se estableció que un comité tripartito hará la evaluación técnica de los proyectos a fomentar.
Salta a la vista que quedó afuera la opinión técnica del Ministerio de Agricultura.
La cartera de Kulfas, hace rato, le viene “caminando” sectores que tradicionalmente eran administrados por la cartera de Agricultura, dejando muchas veces de lado a Luis Basterra. Desarrollo Productivo ha establecido una agenda de diálogo directo, a modo de ejemplo, con los productores de carnes, con el sector forestoindustrial, por el sector molinero, etcétera.
Este régimen de fomento que de algún modo copia la propuesta central del proyecto del CAA (a más exportaciones, más beneficios), “está previsto para inversiones de los sectores foresto industriales, agroindustriales, hidrocarburÍfero, minero y de industrias manufactureras, ya sea en nuevos proyectos o en aquellos existentes pero que busquen ampliar su capacidad productiva a fin de exportar”, se definió. Quedan afuera de esta disponibilidad de divisas las colocaciones financieras o la fusión o adquisición de empresas.
Pero no es para cualquiera sino solo para grandes inversores. “Podrán aspirar al beneficio -que tendrá una duración de 15 años- personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras que presenten un proyecto de inversión no menor a 100 millones de dólares, en caso de ser una nueva inversión y que aumenten en no menos del 30% la capacidad productiva del negocio en marcha”, se aclaró.
Es muy tierno, sobre todo para Agricultura, el modo en que finaliza el comunicado que formuló el anunció: “El Gabinete Económico está integrado por el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero y, además de Kulfas, Guzmán y Pesce, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco”. La foto difundida lo confirmaba.
