El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) finalmente presentó su propuesta de políticas ante el equipo económico del Gobierno Nacional, bajo el título Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva y Federal.
La iniciativa generó fuerte entusiasmo porque finalmente parecía que el sector se encolumnaba detrás de una propuesta positiva y consensuada, aunque parece más un programa para países que no se ven superados por lo urgente, como es el caso de Argentina.
Entre las metas ya conocidas y presentadas se cuentan las de crear 700 mil puestos de trabajo y aumentar las exportaciones para que el país llegue a 100 mil millones de dólares en ingreso de divisas anuales.
Para eso proponen crear un plan de desarrollo agroindustrial, en el que se contemplen diferentes medidas que promuevan la inversiones. Por ejemplo, se impulsan una serie de modificaciones en el sistema impositivo argentino.
También se proponen mecanismo de financiación de las inversiones, el fortalecimiento de organismos públicos y el apuntalamiento de negociaciones internacionales a los efectos de favorecer las ventas al extranjero.
Así creen que para 2025/26, la Argentina podría pasar de las 125 millones de toneladas de granos y oleaginosas a las 156 millones. Esa mayor producción, desde el análisis de los cuerpos técnicos que aportaron al documento del CAA, será la que retribuya en una mayor recaudación, ya que se incrementarían los volúmenes exportables.
En cuanto a la cuestión impositiva, un tema muy sensible en el sector que reclama continuamente por el tratamiento diferencial respecto de otros rubros de la economía -en tanto soporta el pago de derechos de exportación- el documento profundiza varias cuestiones.
Por un lado, propone un régimen especial de amortización acelerada aplicable a bienes de capital, así como también deducciones especiales del impuesto a las ganancias. Se podrían deducir cuando los productores inviertan sobre todo en fertilizantes, maquinaria y semillas certificadas.
En cuanto al asunto crucial, el esquema de derechos de exportaciones de exportación, la propuesta del CAA establece que las retenciones para las economías regionales deberían quedar en cero.
En carnes y pesca, según el mismo documento al que accedió Bichos de Campo, no podrían superar el 5%, “estableciéndose menores alícuotas a mayor procesamientos”.
Esta propuesta parece estar en línea con lo que días atrás explicó Mario Ravettino, del Consorcio ABC respecto de las propuestas que como entidad llevaron al gobierno para las exportaciones de cortes de alta calidad y ventas de vaca en manta.
En cereales, según este esquema, las retenciones no deberán superar el 8% (hoy trigo y maíz tributan 12%), “estableciéndose menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas”.
En el caso de las oleaginosas, como el girasol, el tributo no debería superar el 5%, también con menores alícuotas para manufacturas derivadas. Pero en el caso de la soja, que aporta 75% de las divisas agrícolas y de la recaudación por retenciones, los derechos de exportación “no deberán superar el 25%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas”. Hoy la soja y sus derivados tributan el 33%.
Queda claro así que la propuesta de la industria aceitera se impuso al momento de la redacción del documento. El sector que muele la soja pretende recuperar un diferencial arancelario entre los granos y sus derivados, que rigió por mucho tiempo (incluso en los 90, cuando no había retenciones) y que según los productores provoca una importante transferencia de recursos hacia la industria aceitera, ya que a ellos se les descontaba el porcentaje más alto.
Al respecto, Jorge Chemes, presidente de CRA, dijo: “Desde el principio dejamos de manifiesto que no estamos de acuerdo con las retenciones diferenciales, no creemos que sea adecuado ni una medida que promoción el aumento de producción en el eslabón primario que es lo que necesitamos. Este es uno de los puntos en los que disentimos. Pero lo vamos a aclarar y discutir en el seno del Consejo Agroindustrial”.
