Las compañías agroindustriales brasileñas comunicaron este lunes que abandonarán el acuerdo privado denominado “moratoria de la soja” a partir de una iniciativa instrumentada por el gobierno federal que fue impulsada por el sector productivo.
La “moratoria” consiste en un acuerdo firmado en 2006 por las principales compañías agroexportadoras que prohíbe la compra de soja cultivada en áreas del bioma amazónico deforestadas después de julio de 2008, independientemente de que esa deforestación haya ocurrido dentro de los límites permitidos por el Código Forestal de Brasil. La legislación ambiental de Brasil autoriza la eliminación de hasta el 20% de la vegetación en propiedades de la Amazonia, pero la moratoria impone una restricción total.
En agosto pasado el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) decidió, como medida preventiva, suspender la denominada “moratoria de la soja” e inició un proceso administrativo contra las empresas y asociaciones firmantes del acuerdo.
La decisión de CADE respondió a una solicitud presentada por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), la Cámara de Diputados, el Senado y la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja-MT), que en mayo de 2025 presentó una demanda judicial contra las empresas firmantes del acuerdo.
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El procedimiento administrativo iniciado por CADE fue interpuesto contra la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), así como contra 30 empresas agroexportadoras, entre las cuales se incluyen ADM, Bunge, Cargill, CHS, Cofco, LDC y Viterra, entre otras.
Según la investigación de CADE, las empresas crearon un “Grupo de Trabajo de la Soja” para monitorear el mercado y facilitar un acuerdo que estableciera las condiciones para la compra del producto en el país. El organismo brasileño entiende que ese acuerdo constituye una conducta anticompetitiva.
CADE ordenó al “Grupo de Trabajo de la Soja” que se abstuviera de recopilar, almacenar, compartir o difundir información comercial sobre la venta, producción o adquisición de soja, así como de contratar procesos de auditoría. También tuvieron que eliminar de sus sitios web cualquier documento relacionado con la moratoria.
Al concluir la investigación en curso, la Superintendencia General de CADE debe emitir un dictamen y remitir el caso al Tribunal de ese organismo. En caso de condena, las asociaciones pueden enfrentarse a multas que oscilan entre 50.000 y 2000 millones de reales, mientras que las empresas puede ser sujeto de multas que oscilan entre el 0,1% y el 20% de sus ingresos brutos del último ejercicio fiscal anterior al inicio del procedimiento administrativo.
Frente a esa amenaza, las empresas integrantes de Abiove y ANEC informaron este lunes que procedieron a disolver de facto el acuerdo de la “moratoria de la soja”, lo que implica que ya no habrá discriminación privada al momento de originar soja.
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La Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja MT) celebró la decisión de las principales empresas comercializadoras agrícolas de comunicar formalmente su retirada de la “moratoria de la soja”.
“Esta es una victoria para los productores de soja que, durante tantos años se vieron perjudicados por un acuerdo privado e ilegal, incompatible con la legislación nacional, asimétrico en su aplicación e injusto para quienes cumplen con el Código Forestal Brasileño”, señaló Aprosoja-MT por medio de un comunicado.
“Las acciones del CADE identificaron evidencia de actividad de cártel y una posible afrenta al orden económico en el contexto de la moratoria”, añadió el comunicado, para apuntar además que “Aprosoja MT mantiene su compromiso con las prácticas agrícolas responsables, el cumplimiento de la legislación nacional y la defensa de instrumentos que garanticen un crecimiento económico sostenible, no mediante imposiciones privadas, sino desde un entorno legal claro, estable y justo para todos los productores”.
