Llegó la vendimia y aunque eso marca el fin del verano el clima en Mendoza sigue más que caliente: hay internas por todos lados y productores que ya no saben cómo protestar ni a quién presentar sus planteos. Desde el Estado Nacional no aparecen soluciones y a nivel provincial solo hay paliativos, como líneas de financiamiento para la cosecha. Mientras tanto, las bodegas mendocinas están preocupadas en la pelea interna por el dinero que se junta en la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), el cuerpo multisectorial que debería llevar adelante un plan estratégico para este sector.
Una vez más los viñateros independientes la están viendo pasar. La popular Fiesta la Vendimia está lejos de ser una fiesta para ellos y en los últimos años hasta se transformó en un momento de tristeza y frustración, donde comprueban como el sistema los va dejando afuera y confirman que a nadie, ni al sector público ni al privado, le importa demasiado lo que les pase.
Y lo que les pasa, como a tantas otras economías regionales, es que los números no dan por la presión fiscal, por la suba de costos, porque venden su uva en pesos, por la sobre-oferta de vinos y muchos otros etcéteras. Así van quedando cada año unos cuantos en el camino.
Enojados y cansados por esa situación y aprovechando el tradicional desayuno de la Coviar, que se realizará el sábado próximo en Mendoza, un grupo de productores independientes ha decidido organizar un “contra-desayuno”. La cita, a modo de protesta, se realizará el mismo sábado 7 a las 7 de la mañana sobre la ruta 7, en el cruce de Costa Canal Monte Caseros y Canal Quimbas. Se apunta a contrastar con la glamorosa cita organizada por la Corporación para empresarios, dirigentes de las gremiales y funcionarios.
Uno de los 200 productores que impulsa este contra-desayuno es Luis Cañas, quien señaló a Bichos de Campo que “no nos sentimos identificados con ninguna asociación y decidimos armar una nueva organización independiente, que por ahora no tiene nombre ni personería jurídica porque es muy nueva, pero de la que participa cada vez más gente”.
Cañas describió la situación de los productores como muy crítica: “Este año nos están pagando 6 pesos (por kilo) la uva común y por litro de vino tinto genérico entre 8 y 9 pesos. En 2016 nos pagaban 12 pesos por ese vino. Y si actualizamos ese valor según la evolución del dólar o de los insumos que están dolarizados deberíamos estar cobrando 46 pesos”, explicó.
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Cañas dijo además que las grandes bodegas del sector están importando vino de Chile y España, y denunció que con esa maniobra deprimen el precio al productor que en estas condiciones: “no va a poder seguir” al frente de sus viñedos.
Esta protestas agrega una palada de descrédito a la Coviar. En las últimas semanas varias entidades que conformaban esa Corporación creada por ley anunciaron que abandonarán la entidad en disconformidad con la designación del bodeguero José Alberto Zuccardi como nuevo presidente, quien asumirá el cargo justamente en el tradicional desayuno. Las entidades renunciantes, encabezadas por Bodegas de Argentina, expresaron su disconformidad con un duro comunicado: Zuccardi es titular de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), que controla el Fondo Vitivinícola de Mendoza, será acompañado en las vicepresidencia, por el titular saliente, Ángel Leotta, de la Cámara Vitivinícola de San Juan.
“Las críticas y las denuncias infundadas, los agravios, acusaciones y el no respeto a la legitimidad manifestado por la actual conducción de Bodegas de Argentina es un intento real por instalar un modelo vitivinícola de concentración económica y exclusión”, replicó Coviar, subiendo el tono de la polémica.
Pero otras cuatro entidades que nuclean a productores primarios de Mendoza, San Juan, y Salta, se sumaron al pedido de intervención. Se trata de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem); la Federación de Viñateros de San Juan; la Asociación de Viñateros Independientes de la misma provincia; y la Asociación de Productores Vitivinícolas del Valle Calchaquí de Salta.
Tal es el cisma en el sector vitivinícola que un grupo de legisladores mendocinos cercanos al oficialismo provincial buscará mediar en el conflicto. Y es que el problema es que el actual Plan Estratégico Vitivinicola (PEVI) culmina este año y la organización busca prorrogarlo hasta 2030.