Sturzenegger sabe más que todos: Desde que asumió Pilu Giraudo en Senasa y el ministro cobró mayor influencia, desapareció un saludable mecanismo de consulta pública de normas

Por más sabio que sea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se supone que nunca será tanto su conocimiento para equiparar al del conjunto de la sociedad, que integran consumidores, productores, exportadores y científicos.

El ministro desregulador, de todos modos, parece creer saber de todos los temas siempre un poco más que todo el resto. Y en esa creencia, con la anuencia del mismísimo presidente Javier Milei, ha crecido su influencia sobre un área delicada de la política pública, que es la que incumbe al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde hace rato que allí Sturzenegger hace y deshace a su antojo.

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La designación como titular del Senasa, en julio de 2025, de la ex presidenta de Aapresid, María Beatriz “Pilu” Giraudo, en reemplazo del experimentado Pablo Cortese -que tenía treinta años de carrera dentro de ese organismo- debilitó todavía mucho más una probable resistencia de los cuerpos técnicos de ese  organismo frente a la avasallante prédica desregulatoria del ministro.

Es vox pópuli que Giraudo decide poco y nada sobre normativas técnicas que la exceden. Por eso Economía envió como quasi interventor a Martín Fernández, actual jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura.

Fernández, en la estructura del poder libertario, es un hombre que responde al ex titular de ARCA y alter ego de Luis Caputo, Juan Pazo, que dejó el gobierno para volver a la actividad privada, pero sin renunciar a ciertos resortes. Cuando era funcionario, Pazo intentó intervenir Senasa nombrando a María Eugenia Barbieri como gerenta general, pero no funcionó y pronto debió desplazarla. Por eso recurrió luego a Fernández, que tiene la doble función de evitar que Giraudo (sin ningún tipo de experiencia en política sanitaria) cometa errores y de paso sofrenar los “rayos desreguladores” del ministro Sturzenegger, ya que si fuera por él el Senasa tendría pocos motivos para existir.

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En medio de esta pulseada por el manejo de resortes claves del Estado, hay para empezar una triste víctima: las consultas públicas sobre normativas técnicas aplicadas por el organismo. 

Sin consulta pública claramente pierde la transparencia y en consecuencia se debilita la democracia. Pero eso no parece importarle a nadie demasiado.

“La consulta pública de normas del Senasa constituye un mecanismo no vinculante por el cual se habilita un espacio institucional para la expresión de comentarios respecto de proyectos de resoluciones”, define el propio organismo en su página institucional, donde amplía: “Este mecanismo tiene como finalidad permitir y promover una efectiva participación social en el proceso de elaboración de los proyectos de normas. Es, también, una instancia para informar a la ciudadanía acerca de los reales motivos por los que se adoptan decisiones que afectan a determinados sectores del ámbito agropecuario de la Argentina.

Aunque se realizaban desde antes, el mecanismo para realizar consultas públicas en el Senasa fue establecido desde noviembre de 2022 por la Resolución 720, que luego fue modificada parcialmente por la Resolución Senasa 756/2024. En una u otra norma, el objetivo siempre fue el mismo y resultaba muy saludable: promover una actualización permanente del digesto de normas del Senasa pero a partir de conocer la opinión de los actores involucrados. Por eso, luego de un periodo de consultas no vinculantes, se daban a conocer las nuevas normativas, que contaban con niveles de consenso suficientes.

Todo eso se interrumpió, no se sabe si adrede, desde la irrupción más fuerte de Sturzenegger en la vida institucional del Senasa, el nombramiento allí de Giraudo y la intervención de facto de Fernández.

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Aunque oficializado desde 2022, la habilitación de este sistema de consultas públicas venía de mucho tiempo antes, había cobrado gran auge durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y por suerte tuvo continuidad en el gobierno de Alberto Fernández. A tal punto funcionaba que casi se llega al medio millar de este tipo de procedimientos claramente enriquecedores.

La última consulta pública convocada por el Senasa fue la 491, sobre “Medidas integradas para el manejo del HLB”. estuvo abierta durante 10 días corridos desde el 29 de mayo al 11 de junio de 2025, hasta las 17 inclusive. Antes de eso, la 490 versaba sobre la norma de calidad para la comercialización de sorgo granífero. Y la anterior, sobre el marco regulatorio para la evaluación de la aptitud alimentaria de organismos genéticamente modificados.

Ahora no hay procesos abiertos. No existen más convocatorias a la opinión de los actores sociales y productivos. Y la coincidencia con los procesos de cambio en los mandos del organismo es indisimulable. “Estos no gobiernan para todos sino para los grandes productores”, dijo un conocedor del organismo.

Pero a no preocuparse. Total Sturzenegger sabe sobre todos estos temas mucho más que todos nosotros.