Federico Sturzenegger está nervioso, como dijera Néstor Kirchner sobre el diario Clarín. En los dos años que van de gestión, el ministro de Desregulación de Javier Milei ha movido cielo y tierra, forzando a veces la racionalidad y legalidad de las decisiones, para enfrentar lo que él mismo ha llamado “el monopolio de la vacuna contra la fiebre aftosa”. Es que el alto funcionario viene denunciando que el laboratorio Biogénesis Bagó es el gran responsable de una estafa enorme contra los productores ganaderos, ya que les cobra un precio más alto por ese insumo veterinario de lo que vale en los países vecinos.
Por eso, hizo todo lo que pudo para que una vacuna de origen importado “rompiera” el mercado y el supuesto negociado de un empresario resistido por este gobierno, uno de los dueños de Biogénesis Bagó, Hugo Sigman, cuya influencia el ministro ha comparado incluso -justamente- con la del diario Clarín. La pelea no ha sido inocua. Un presidente del Senasa, Pablo Cortese, presentó su renuncia y esta fue una de las razones, ya que se resistía a flexibilizar la letra chica sanitaria todo lo que le exigía Sturzenegger.
Que la vacuna argentina contra la aftosa ha sido singularmente cara en los últimos años es algo verídico y que este cronista no tiene empacho en decir. De hecho, Bichos de Campo fue el primer medio que publicó las quejas de algunas entidades rurales que daban cuenta de que aquí se pagaban 2 dólares por dosis, cuando en los países vecinos vacunar cada animal costaba la mitad o incluso menos.
Sturzenegger se montó sobre ese dato para iniciar una encarnizada batalla contra el “monopolio” y apurar la irrupción en el mercado de la vacuna importada, pero sin tener en cuenta que gran parte de ese sobrecosto lo generaban los propios productores locales, que tienen un entramado de fundaciones sanitarias que todos los años deben vacunar dos veces a un rodeo de 51 millones de cabezas. Sobre eso jamás habló el ministro.
También el propio gobierno era responsable del elevado precio de la vacunación, porque demoró inexplicablemente la exclusión de la segunda tanda de vacunación a los animales menores, que recién reglamentó ahora para que rija desde 2026. La resolución estaba escrita desde mitad de 2024 y supondrá un ahorro para los productores de 22 millones de dólares, según la estimación de Senasa. Pero alguien la cajoneó inexplicablemente en las narices del propio Sturzenegger, quien no se dio cuenta o a quien realmente no le interesa demasiado los bolsillos de los ganaderos sino más bien su propia cruzada contra una empresa.
A que la vacuna sea cara también colabora indudablemente el denominado “costo argentino” y el atraso cambiario fagocitado por el propio gobierno. De hecho, frente a las presiones oficiales, Biogénesis Bagó y CDV, el otro laboratorio que localmente produce la vacuna, anclaron el valor de venta de ese insumo veterinario en cerca de 1.400 pesos. Es decir que ahora valdría solo 1 dólar (sin el costo de la aplicación), simplemente por imperio de la devaluación de los últimos meses.
La discusión hasta aquí nunca ha sido del todo honesta. Y está claro que Sturzenegger no hizo lo que debe hacer cualquier funcionario cuando quiere arreglar las cosas: reunir a todos los actores en pugna para acordar nuevas reglas de juego, o en todo caso poner en marcha los mecanismos institucionales del Estado para evitar cualquier tipo de posición abusiva. Todo lo que quiso hacer hasta ahora es importar, para “romper” el monopolio.
Lo cierto es que hasta aquí el ministro desregulador ejerció todo tipo de presiones sobre la legislación sanitaria de Senasa, solo para poder romperle el negocio a los dos productores argentinos de ese tipo de insumo. Así, por caso, pidió quitar una de las cepas sobre las que se exigía cobertura a la vacuna local (que era tetravalente y ahora se convirtió en bivalente), para unificar los estándares con los países vecinos y posibilitar el ingreso de vacunas importadas. También ordenó desmontar oras reglamentaciones para poder ingresar esos remedios al país sin tener que atravesar la “muralla” de análisis exigidos por el organismo sanitario, a veces por cierto sospechosas. Todo esto con tal de lograr un flujo de importación que pusiera un piso de precio más bajo que el cobrado localmente.
La resolución más osada (y discutida por la industria veterinaria local) fue la de “países equivalentes”, que obliga a la Aduana y a Senasa a aceptar cualquier vacuna o remedio veterinario de otro origen siempre y cuando provenga de ciertos países desarrollados cuyas legislaciones generen confianza. Por lo tanto a ellos no se les exigirá pasar por el enrevesado y costoso proceso de registro de nuevos productos, sino que bastaría con una sencilla declaración jurada. Los países selectos son Israel, Suiza, los europeos, Gran Bretaña, Estados Unidos y curiosamente Uruguay solamente del Mercosur. Como se habían olvidado de Brasil y de Paraguay, Sturzenegger tuvo que hacer una resolución correctiva 48 horas después.
La inclusión de Brasil en ese listado de países equivalentes pasó a ser cuestión de Estado no solo por la pertenencia común al Mercosur, donde se supone las legislaciones deben tender a unificarse, sino básicamente porque ese era el país del cual el ministro de Milei quería importar la vacuna antiaftosa capaz de derrotar el monopolio de su archienemigo Sigman. Es que el laboratorio argentino Tecnovax había avanzado muy fuerte en la posibilidad de generar esa importación que forzara una baja de precios de la vacuna local. Hizo varios intentos por traer un lote de vacunas brasileñas para atravesar los ensayos y conseguir los permisos, pero siempre por h o por b desde Senasa le negaron esa posibilidad.
De hecho, a partir de una flexibilización casi total de las normativas sanitarias impuesta por Sturzenegger al Senasa en mayo pasado (que fue determinante para la renuncia del ex presidente Cortese de dicho organismo), Tecnovax había anunciado la llegada de vacunas brasileñas a partir de la última campaña de vacunación de primavera 2025, que finalmente no se produjo. Las iba a traer a partir de un convenio firmado con el laboratorio paulista Ourofino, que tenía una planta de vacunas antiaftosa presta para producir pero que finalmente no se reactivó hasta ahora, por motivos que exceden a esta polémica local.
Brasil fue declarado en mayo pasado como país libre de aftosa sin vacunación por la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA). Para lograr ese objetivo -que implica ahorrarse dos dosis anuales para un rodeo de 240 millones de cabezas-, tuvo que dejar de aplicar la vacuna dos años antes, es decir en mayo/junio de 2023. Las últimas vacunas producidas por Ourofino, el proveedor potencial a la Argentina, datan de esa fecha y llegaron a su límite de vida útil. La reactivación de la producción en esa planta dependía del potencial del negocio de exportación y sobre todo de que se decidiera en aquel país la creación de un banco de vacunas, una reserva para que Brasil reaccione rápido en caso de sufrir algún rebrote de aftosa. Ourofino estaba detrás de esa posibilidad.
Esta semana, el Ministerio de Agricultura de Brasil anunció finalmente que ese banco de antígenos (que debe producir además 10 millones de dosis como reserva estratégica) no estará en San Pablo sino en el estado de Paraná, señero en la lucha contra esa enfermedad ganadera. Será encargado el Tecpar, un instituto estatal, que tendrá como socio estratégico nada menos que la empresa argentina Biogénesis Bagó, que ya montó los bancos de antígenos en Estados Unidos, Canadá, la propia Argentina y varios países asiáticos.
Bichos de Campo tituló esa noticia como “Baldazo de agua fría para Sturzenegger”, porque con esa decisión brasileña se diluyó buena parte de la posibilidad de traer el inóculo desde el vecino país. Y por lo tanto corría peligro su plan de “romper el monopolio”.
Ahora viene la noticia que justifica haber arrancado esta crónica con la frase “Sturzenegger está nervioso” y este tan largo pero necesario prólogo: es tan grande su encono con Biogénesis Bagó que el ministro desregulador no se da por vencido ni aún vencido.
El lunes, según confirmaron a este medio varios testimonios, el ministro de Milei se apareció por el edificio central de Senasa en Paseo Colón y Belgrano. Subió hasta las oficinas de la nueva presidenta del organismo que sucedió a Cortese, la agrónoma María Beatriz Pilu Giraudo, y se encerró en su despacho. Allí estaba también el empresario Alan Wauters, que es el manager general de la firma Calier Argentina. Esa empresa, que forma parte del Grupo Indukern, se presenta como “una compañía global, con filiales en 12 países y 4 plantas de producción propias, dos de ellas situadas en España y Colombia a la vanguardia en el desarrollo y fabricación de biológicos”.
Sturzenegger está nervioso. Según testimonios, el ministro de Desregulación “se puso loco con la nota de Bichos” que anunciaba el Biogénesis Bagó se ocuparía del banco de vacunas en Brasil, dando casi por clausurada la chance de importar vacunas antiaftosa desde ese país. Y por eso comenzó a idear un plan B, Obsesivo, reclamó a Giraudo que instrumente todo el mecanismo para poder importar ahora las vacunas desde Colombia, un país que como la Argentina ha decidido continuar con la vacunación.
Este material refleja bien ese esfuerzo:
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En Colombia, la lucha contra la fiebre aftosa se centraliza en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Pero un rol crucial corresponde a dos plantas llamadas VECOL y LIMOR Colombia SAS que producen las vacunas necesarias para aplicar a 40 millones de bovinos.
VECOL SA (Empresa Colombiana de Productos Veterinarios) ha sido una compañía de origen estatal que ha evolucionado en sus formas societarias, e incorporando participación privada. Según dice en su propia página web, desde allí 42,4 millones de dosis fueron entregadas para la campaña de vacunación contra la Fiebre Aftosa en 2024. Es esa la firma productora a la que Sturzenegger le habría puesto el ojo para poder, finalmente, poder cumplir su obsesiva promesa de que llegará vacuna importada.
La idea conversada por el ministro con Pilu Giraudo y el representante del grupo Calier -que en la Argentina está presente desde 1996, pero que dio su mayor golpe en julio pasado al comprar la empresa veterinaria Tecnofarm (que contaba con una planta de producción en Buenos Aires y una cartera de productos diversificada que “complementará perfectamente la actual oferta de Calier”)-, sería importar vacunas antiaftosa producidas por la firma colombiana.
Se trata de una “suspensión bivalente del virus de la Fiebre Aftosa elaborada con los subtipos A24 Cruzeiro y O1 Campos”, es decir que contiene las dos cepas exigidas ahora por Senasa.
Una de las dificultades que se presentan para esta posibilidad de negocio es que Colombia no está incluido en el listado de naciones equivalentes desde las que se facilita la importación, como sí sucedía con Brasil. Pero eso se resolvería de manera más o menos fácil (sobre todo, teniendo la complacencia del ministro libertario), realizando la importación desde Colombia por vía de la filial de Calier en Uruguay. Desde allí, como el vecino país sí es reconocido por Senasa, la vacuna podría ingresar aquí “tercerizada” sin mayores exigencias.
No sabemos si finalmente los actores privados darán su conformidad. Pero el pedido oficial del más alto nivel existió y podría desembocar finalmente en la tan mentada importación de vacunas contra la fiebre aftosa. Ya no de Brasil sino de Colombia.
Finalmente así Sturzenegger, que en esta tema se ha mostrado demasiado obsesionado al punto de correr el riesgo de mantener el equilibrio que deben ostentar los funcionarios públicos, podría recuperar algo de calma.
