Luego de una intervención judicial que comenzó en marzo de 2023, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Uatre) logró tomar el control de la obra social Osprera.
Pero el pasado 6 de agosto el gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, procedió a intervenir la obra social de los trabajadores rurales al detectar una deuda prestaciónal de casi 44.000 millones de pesos y 172 acciones judiciales iniciadas por incumplimientos de prestaciones y 16.410 reclamos que beneficiaros solamente en el ejercicio 2022/23.
Ahora la crisis de Osprera –en la cual los únicos perjudicados son los trabajadores del campo– sumó un nuevo capítulo con una decisión de los jueces federales de Santa Rosa, Antonio Lois Loureda y Juan José Baric, quienes ordenaron dejar sin efecto la intervención estatal de Osprera.
Los jueces, que determinaron que el gobierno deberá devolver el control de la obra social a Uatre, solicitaron al Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Gonzalo Oriolo, que presente los informes en los que se basó para haber tomado la decisión de designar un normalizador y, mientras tanto, se ordenó la “suspensión preventiva” de la intervención.
El fallo llegó luego de la presentación judicial del líder de la Uatre, José Voytenco, patrocinado por el gerente de Asuntos Jurídicos de Osprera, Lucas Eksiyan, con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá. Allí detallan una serie de irregularidades en todo el proceso administrativo, como el hecho de que la Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero que el 5 del mismo mes, sólo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención.
La dirigencia de Uatre, en la presentación realizada ante el Juzgado, solicitó que se investigue a Oriolo y al diputado nacional Pablo Ansaloni del partido oficialista La Libertad Avanza por presunta asociación ilícita y tráfico de influencias “con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la Osprera y hacerse el control de la obra social”.
Fundaron esta solicitud en que el hecho de que diputado Ansaloni, quien asumió la banca por La Libertad Avanza en diciembre de 2023, fue vicepresidente de Ospresa al momento de un conflicto interno con Voytenco en la Uatre y que, al ser desplazado en las elecciones anticipadas realizadas en diciembre de 2022, emplearía ahora “la influencia derivada de su banca por el partido gobernante” con el fin de “desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de Osprera y hacerse el control de la obra social”.
