A horas nomás de que la Unión Europea decidiera aplazar hasta 2026, a pedido de toda la comunidad internacional, la entrada en vigor de su controvertida legislación anti-deforestación, en la Argentina se habilitó un “Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales” tendiente a permitir una competencia entre empresas que quieran proveer a productores y exportadores el servicio de certificación de que los embarques de carne y soja provienen de zonas libres de desmonte. El Estado se comprometió a brindar información de los productores de modo parejo a todas ellas.
La medida ya había sido anticipada por el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, en el último Congreso de Coninagro, y es la respuesta del gobierno libertario de Javier Milei a las críticas que había recibido entre sus partidarios -que suelen ser detractores de la denominada Agenda 2030- no solo la decisión europea de dejar de importar commodities agropecuarios de países que pudieran estar talando sus bosques sino también de la solución que había impulsado el propio sector agroexportador para cumplir con esa exigencia. El sistema Visec, que fue impulsado por Ciara-CEC y otras entidades de la cadena, apunta justamente a dar trazabilidad para poder certificar que los cargamentos de soja, madera o carne no provienen de zonas deforestadas. Aunque nunca fue obligatorio, ya no tendrá el monopolio de la certificación.
El nuevo Directorio creado por Resolución 50/2024 firmada por el concuñado político de Pazo, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, justamente apunta a generar competencia entre el Visec y otras plataformas que pueden brindar el mismo servicio, no solo ante las exigencias nacidas de la Reglamentación 1115/2023 de la Comisión Europea, que exigirá esta suerte de “salvoconducto” de libre de deforestación a los productos argentinos que se comercialicen, sino cualquier otro tipo de certificación que requieran los mercados internacionales a futuro.
Es decir que la respuesta libertaria a la agenda de sostenibilidad empujada por la Unión Europea fue habilitar la posibilidad de competencia entre sistemas de certificación, más que rechazar de plano los nuevos requerimientos. Desde esta visión, en la práctica el gobierno de Javier Milei acepta la entrada en vigor de este tipo de exigencias ambientales y allana el terreno para cumplir con ellas auspiciando (y ordenando) la aparición de múltiples sistemas de certificación que compitan entre ellos y brinden ese servicio a los productores que aspiren a dicha certificación. Como dice el dicho: Si no puedes con ellos, úneteles.
“En las últimas décadas los principales mercados del mundo han comenzado a establecer nuevas regulaciones, requisitos, estándares y certificaciones, tanto de origen público como privado, para la importación de bienes y servicios, vinculados con la calidad, la nutrición y los impactos ambientales y sociales”, argumentó la Resolución de Agricultura que acepta estos mecanismos de certificación exigidos por el mercado, y a renglón seguido destacó que “entre las nuevas regulaciones se destaca el Reglamento aprobado por la UE 2023/1115, asociado a la comercialización de determinadas materias primas y productos provenientes de zonas libres de deforestación, entre ellos ganado bovino, soja y madera”.
“Para mitigar el impacto de este tipo de normas, se hace necesario acompañar a los productores y exportadores que deseen adecuar sus sistemas productivos a los nuevos requerimientos y/o estándares internacionales, facilitando su acceso a los mercados” define luego la Secretaría de Agricultura, que pese a criticar que estas exigencias pueden constituir una barrera al comercio, al mismo tiempo acepta que “surgen oportunidades para la diferenciación de atributos de valor para la producción agroindustrial, sobre la base de las nuevas demandas de los consumidores y los requerimientos de los mercados”.
La Resolución oficial incluso le pone una cifra a esa nueva demanda de productos certificados: “se estima que en el mundo el comercio de productos diferenciados con distintos tipos de atributos y certificaciones ya supera los 300 mil millones de dólares, representando cerca del 15% del total comercializado en el mundo de productos agroindustriales”.
Frente a este escenario -y en medio de la visible contradicción de criticar las imposiciones europeas pero al mismo tiempo querer sacar provecho de ellas-, el Estado Argentino encontró que la mejor herramienta era crear un nuevo registro de entidades certificadoras, un modo básicamente de licuar la predominancia que había ido adquiriendo la Plataforma Visec. Este sistema privado de certificación de zonas no deforestadas fue creado por organizaciones ambientales pero recibió luego el apoyo de la poderosa Ciara-CEC, que agrupa a los grandes exportadores agrícolas; y del Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCVA), donde tallan los frigoríficos exportadores. En el anterior gobierno, el ex ministro Sergio Massa la había dado su bendición a este sistema administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Y ya en esta gestión, la gestión de Milei habilitó la posibilidad de que la AFIP comparta directamente información de los productores con dicha plataforma.
“Es necesario trabajar en la adecuación de los sistemas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad de la información generada, así como su accesibilidad, y la difusión de su utilización por parte de los distintos esquemas e iniciativas privadas”, dice la nueva normativa que favorece la incorporación de otras certificadoras similares a Visec. “Es conveniente establecer mecanismos de acceso claros y transparentes a los bienes públicos (información y datos disponibles) que contribuyan a dar cumplimiento a los requisitos de los mercados, bajo el resguardo legal de la protección de la información confidencial”, agrega.
Por ese motivo es que Agricultura, para licuar el poderío del Visec, se propuso crear “un directorio de identificación simple de desarrolladores de esquemas de diferenciación”, que funcionará bajo su órbita y que agrupe a todas las certificadoras que “requieran de parte del Estado Nacional el acceso a información y otros bienes públicos promoviendo la transparencia y la competencia, para que el sector agroindustrial argentino pueda llevar adelante estrategias de diferenciación de atributos de valor y dar cumplimento a los requerimientos de los mercados de destinos de nuestras exportaciones”.
“Se podrán inscribir en el mencionado Directorio las personas jurídicas que desarrollen un esquema de diferenciación para el sector agroindustrial, que incluya un sistema de verificación, certificación y/o auditorías de tercera parte, para dar cumplimiento a estándares y/o regulaciones internacionales”, definió Iraeta, estableciendo que las certificadoras luego de aprobadas podrán “acceder a la información disponible en determinadas bases de datos, registros y/o sistemas del Estado Nacional y sus Organismos descentralizados”, aunque “serán responsables de garantizar la seguridad de la información y la protección de los datos personales a los que tengan acceso”.
Es decir que la información de los productores no irá solamente hacia el Visec, tal como establecía el convenio firmado por esta plataforma y la AFIP, sino a todas las certificadoras que así lo soliciten. Esta información será coordinada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios de la Sagpya, que hoy maneja el economista Agustín Tejera, quien proviene de trabajar en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, rival eterna de la Bolsa de Comercio de Rosario, la que había avanzado en la constitución del Visec.
No solo la AFIP proveerá información a las certificadoras que entren en carrera. La Resolución de Iraeta también invita al Senasa, el organismo sanitario que depende de él, a “dictar las normas que resulten necesarias para la mejor implementación de la presente medida en pos de permitir y/o facilitar que el productor y/o operador comparta, consienta y/o acepte compartir su información relativa a la ubicación, georreferenciación, movimientos, existencias, entre otra información necesaria para la operatoria y/o simplificación del esquema y/o certificación de que se trate”.
