A pesar de las dudas que mantenían los operadores –y este medio- tiempo atrás, las autoridades del Senasa ratificaron que cumplieron con los plazos fijados por la resolución 5/2018, que define la aplicación obligatoria de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) para el sector frutihortícola.
Para aquel lector que no tenga fresco el concepto de BPA, se trata de prácticas orientadas a lograr la sostenibilidad ambiental, económica y social de las producciones agropecuarias para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, entre otras cuestiones. La resolución 5/2018 fijaba que en enero de 2020 sería obligatoria su implementación en el sector frutícola y en enero de 2021 para el sector hortícola.
“Desde el primer momento se hizo un abordaje territorial paulatino, entendiendo que muchos productores estaban corridos por temor a esta formalización. El Ministerio de Agricultura –con el área específica de Alimentos y Bioeconomía y las direcciones de carácter provincial-, el INTA y el Senasa han formalizado una tríada donde nos acompañamos para abordar esta implementación”, dijo a Bichos de Campo Juan Ibáñez, ingeniero agrónomo integrante de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa.
Las principales inquietudes de los operadores giraban en torno a los manejos productivos en determinados cordones frutihortícolas del país, a las posibles implicancias que esto podía traer en la salud de los consumidores y a la aparente baja respuesta de las autoridades.
De nuestro archivo: En medio de dudas de los operadores, el Senasa ratifica que el 1° de enero arrancan las Buenas Prácticas obligatorias en la producción hortícola
Desde el Senasa afirmaron que el “Curso de Formador de Formadores”, implementado a través de la resolución 214/2020, ayudó a contrarrestar esta situación al dar de alta a más de 2300 asesores que se desempeñan, tanto en el ámbito privado y público, en las áreas de los gobiernos provinciales que controlan ese segmento productivo.
“Venimos trabajando estratégicamente entendiendo que esto lleva un proceso que no es de un día para el otro. El eje donde más hacemos fuerza es en la formalización: los productores frutihortícolas, que deben estar registrados en el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Producción Agropecuarias) y deben identificar su mercadería, más allá de que sea un bolsón, cajón o bolsa de arpillera, porque hay resoluciones que lo exigen desde 1983”, comentó Ibáñez.
El funcionario anunció también a Bichos de Campo que en paralelo se está realizando un trabajo con las grandes cadenas de supermercados en cuanto al desarrollo y cumplimiento de las BPA por parte de sus proveedores de frutas y hortalizas.
“Estamos observando a la cadena de manera holística, todos los actores son responsables. Es una línea de trabajo que nos permite transmitir y visualizar estas mejoras al productor que más de una vez nos dice ¿por qué a mí y no a él? No solamente nos adentramos a colaborar en un proceso de sensibilización, capacitación y entrenamiento de BPA, sino también porque existe la Ley 27.233 de inocuidad, en cuyo artículo cuarto se habla de corresponsabilidad en la tenencia y comercialización de alimentos vegetales”, señaló el ingeniero.
El plan fija normativas similares a las aplicadas en el ámbito privado, pero con alcance y obligatoriedad nacional. Todo este trabajo del Senasa se corona con la última resolución conjunta emitida entre la Secretaría de Salud y la de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, la 7/2021, que le otorga directrices a los funcionarios locales de bromatología para fiscalizar verdulerías y fruterías del negocio minorista. “Se trata del último eslabón de control porque allí va el consumidor directo”, aseguró Ibáñez.
