A partir de un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), que abordó 89 casos de desmonte ilegal en el Chaco Seco, es decir en clara colisión con la Ley de Bosques, se encontró que hay una relación entre el capital económico, político y social de quienes deforestan y de quienes se ven afectados por ello. El análisis reveló que aquellos empresarios con mayor capital tienen más influencia en la tala ilícita de bosques.
El trabajo publicado en la revista de divulgación científica Sobre la Tierra fue realizado por Daniel Blum, a partir de su tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, dirigida por Matías Mastrangelo, investigador del Conicet, y bajo la tutoría de Sebastián Aguiar, docente de las cátedras de Ecología y Dasonomía de esa Facultad.
Aunque en 2007 se sancionó la Ley de Bosques, entre 2009 y 2016 se deforestaron en forma ilegal 750.000 hectáreas en Santiago del Estero, Salta y Chaco. Esa cifra equivale a 36 veces la superficie de Capital Federal.
A partir del estudio de 89 casos de desmonte ilegal, Blum señaló: “Aquellos con niveles intermedios o altos de poder tenderán a desmontar áreas boscosas más grandes.”
Si bien en muchos casos se apunta a la producción agropecuaria como uno de los principales factores que impulsan los desmontes, el estudio demostró que en muchos casos se deforestan suelos muy pobres y con condiciones climáticas de poca lluvia para especular en el mercado inmobiliario. En este sentido Mastrangelo indicó que para ese sector “una hectárea desmontada vale más del doble que una con bosque.”
El análisis indicó también que las provincias que recategorizaron a los bosques mediante un decreto, luego de la sanción de la ley (nos referimos a las categorías de conservación: verde, amarillo y rojo) continuaron con estas actividades ilícitas.
“En 2010, en Salta se habilitó la recategorización. Los que estaban ‘pintados’ de color rojo o amarillo —es decir, considerados de mediano o alto valor de conservación— se los pasó a color verde, con lo cual se pueden desmontar luego de una audiencia pública. Aunque la Ley de Bosques no permite reducir la categoría de protección, en las tres provincias, el 61,6% de los desmontes ilegales sucedieron tras recategorizaciones”, dijo Blum.
Otra de las conclusiones del estudio fue que la legitimidad es un factor clave para que la ley se cumpla. En aquellos territorios en los que los actores sociales no participaron, el interés en cumplir la norma fue muy bajo.
Para concluir Aguiar afirmó: “Si el Estado no dirige y regula el manejo de los territorios, se corre el riesgo de que lo definan los grupos concentrados del sector rural. Cuando esto ocurre, hay más chances de que se apropien de una gran parte de los beneficios del cambio en el uso de la tierra.”
