El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes en un acomodado acto desde un establecimiento rural del partido de Las Heras que un total de 19.500 pequeños y medianos productores de soja y maíz, que en la campaña 2021/22 hayan sembrado hasta 400 hectáreas de la oleaginosa y 100 hectáreas de maíz, podrán recibir un apoyo económico no reintegrable de parte del gobierno. La condición será que no se hayan “beneficiado” ya en septiembre con el tipo de cambio especial de 200 pesos para las ventas de soja y a la vez se hayan desprendido ya del 85% de sus reservas del poroto.
Massa, que se subió a un pequeño estrado montado sobre un campo ganadero perteneciente a la familia del ex juez Valerio Pico, explicó que este fondo (sería por un total de 14.000 millones de pesos) se utilizará para “compensar” a los pequeños productores que vendieron su soja antes de septiembre. No son tantos como se piensa: en la Argentina hay unos 55 mil empresas y monotributistas que produjeron soja el año pasado y de ellas unas 44 mil utilizaron el tipo de cambio especial que les permitió elevar sus ingresos a la vez que el Banco Central podía recomponer sus reservas. El titular de Economía destacó que el operativo del dólar soja fue un éxito, con operaciones récord por 8.350 millones de pesos.
A los escasos productores de soja que no aprovecharon aquel estímulo, se suman algunos productores que solo hicieron maíz, para totalizar la cifra de 19.500 beneficiados potenciales lanzada por el ministro. En el mejor de los casos posibles (es decir que hayan hecho las 400 hectáreas de soja y las 100 de maíz), el monto a cobrar sería de 4,4 millones de pesos. Pero está claro que la inmensa mayoría de beneficiarios cobrará mucho menos.
Como la acumulación de ventas registradas en septiembre fue altamente satisfactoria y permitió al gobierno recaudar más dinero en impuestos, hace algunas semanas Massa ya había instruido al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, a que armara dos fondos: uno para los pequeños productores agrícolas que no pudieron vender al calor del dólar soja y otro para las economías regionales, que todavía está en preparación.
El que se anunció ahora será mucho menos ambicioso de lo que se había planteado al inicio de esta historia, pero a diferencia de lo que se pensaba (financiamiento barato para los pequeños productores) viró hacia un sistema de subsidios directos, que apuntar a estimular a ese sector a siembre más granos esta nueva campaña 2022/23. Aunque todavía resta leer la letra chica, se presupone que el productor podrá utilizar el dinero para cualquier fin, aunque la idea oficial es que cubra con ellos parte de los costos (al menos los financieros) de la compra de insumos para la nueva siembra de granos gruesos, especialmente en semillas, fertilizantes y agroquímicos.
Algunos funcionarios que estuvieron participando de la redacción de este fondo, que pomposamente se bautizó como “Avanzar Productivo”, contaron a Bichos de Campo como se calcularán los montos para cada productor, que deberá adherir voluntariamente al programa a través de la página de la AFIP si considera que cumple con todos los requisitos. Si efectivamente fuera así, se le depositará de inmediato la suma que le corresponde, y que se calculará no en base a sus costos de siembra sino como una suma fija por hectárea implantada en la campaña que ya pasó, y de la cual en el gobierno ya disponen los datos.
Las cifras que salieron al ruego en las últimas horas, de 20.000 pesos por hectárea implantada de maíz y de unos 6.500 pesos por cada hectárea de soja, surgen de calcular el costo del financiamiento que hubiera necesitado cada productor para comprar los insumos que se necesitan para volver a sembrar esa misma hectárea. Por eso es que se dice que el subsidio terminará actuando casi como si fuera un crédito, ya que equivaldrá al 40% de los gastos proyectados de la siembra, que es casi el equivalente al interés que se le cobraría por financiarse hasta el final de la próxima cosecha.
Massa, que del campo de las Heras partió raudo hacia el congreso nacional con ánimos de destrabar la negociación con la oposición por el Presupuesto 2023 (ver aparte) estimó de modo muy exagerado que con esta ayuda “buscamos que de alguna manera podamos ampliar la superficie sobre la cual la Argentina produce en más de 1 millón de hectáreas sembradas”. Ya ayer los dirigentes de la Mesa de Enlace que participaron de una reunión con el secretario Bahillo habían desinflado tan alta expectativa, marcado que este subsidio era apenas un paliativo que no resolvía las cuestiones de fondo, que eran la combinación de un atraso cambiario con la persistencia de retenciones.
A los dirigentes de la Mesa de Enlace, que en Las Heras brillaron por su ausencia (solo hubo algunos representantes menores de la Sociedad Rural y de Coninagro) el ministro les pidió seguir dialogando en torno a una “agenda positiva” para el sector. “Nos vamos a pelear un montón de veces y nos vamos a poner de acuerdo en otras tantas, lo importante es que podamos dialogar”, sostuvo.
La prédica massista se conoce junto cuando algunos sectores más duros de la dirigencia agropecuaria, como los ex autoconvocados ahora agrupados en AAPA (que convocaron a una reunión el sábado en Pergamino) o las díscolas sociedades rurales del norte bonaerense, están comenzando a rezongar y consideran que se está terminando el periodo de gracia concedido por las entidades rurales al nuevo equipo económico. “Asuman otro liderazgo moral y no se arrodillen ante las migajas ofrecidas”, pidieron los rurales norteñas a los dirigentes nacionales de Coninagro, Federación Agraria, CRA y la Sociedad Rural.
Massa, conocedor seguro de esas tensiones, hizo ayer otros dos anuncios. En público contó que instruyó al secretario Bahillo para que a partir de este misma semana conforme una mesa entre productores y otras entidades de la cadena agrícola y ganadera para monitorear la evolución de la intensa sequía que padece el campo y comenzar a diseñar medidas paliativas.
En una charla posterior con el periodismo, Massa también reveló que están analizando un pedido de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) para habilitar una reprogramación de los embarques de trigo comprometidos con el exterior, ya que ese cereal está severamente comprometido y se descuenta que caerá abruptamente la producción, al punto de no saberse si alcanzará para cumplir con los compromisos de exportación y a la vez asegurar la provisión interna durante 2023.
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