Las dilaciones municipales y las idas y vueltas en los tribunales lograron que un caso que inicialmente fue catalogado como “histórico” se convirtiera finalmente en una novela, con pizcas de humor y drama, pero excesivamente extensa.
Se trata del caso de los ocho productores de la localidad de Henderson (partido de Hipólito Irigoyen) que, por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, lograron exigir al municipio que informe el destino de los fondos de la tasa vial.
Fueron ratificados por la Justicia en reiteradas ocasiones, pero el intendente Luis Ignacio Pugnaloni logró dilatar la entrega de la larga lista de balances, estados contables, matrices de costos y ordenanzas impositivas que, cumplido casi un año del inicio de la acción de amparo, aún siguen sin poder ser revisadas por los productores.
El municipio apeló varias veces, buceó entre trabas burocráticas, armó mecanismos disuasorios y hasta intentó cobrarles casi un millón de pesos por un conjunto de fotocopias. Ayer, el juez a cargo del caso dictó un ultimátum.
“En materia de acceso a la información pública rigen los principios de informalidad, celeridad y gratuidad”, expresó el magistrado Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen. Tras un largo repaso por todo lo ocurrido desde que iniciaron las gestiones, el 6 de mayo del 2025, el juez finalmente exigió al municipio cumplir con la sentencia ya dictada y ratificada, y dejó en claro los términos en los que deberá hacerlo.
Uno de los argumentos esgrimidos por el entorno del intendente peronista era que la entrega de toda aquella documentación, en la que se indica el destino que tuvieron los fondos aportados en concepto de tasa Vial, implicaba un alto costo operativo. Una fotografía difundida semanas atrás ratificaba que suscita pilas de archivos que, para ser reproducidas, el Ejecutivo exigía arancel muy elevado, de 978.000 pesos.
No obstante, la parte demandante recordó que en fallos anteriores se había solicitado la entrega digital, a lo que se oponía el municipio por tratarse de “información sensible”. Sobre ello se expidió el juez, quien aseguró que “la divulgación oficial, con los avances tecnológicos actuales, puede realizarse, de modo accesible y seguro, mediante formato electrónico”, y exigió hacerlo con celeridad.
Desde la vereda de enfrente consideran que, con este último fallo, se llegaría de una vez por todas al “final de la novela”, un caso que suscitó réplicas en muchos otros municipios bonaerenses, pero que fue también un “piloto” para medir posiciones entre productores y mandatarios.
En ese sentido, una vez que se obtenga finalmente a esa información exigida al municipio, los demandantes deberán evaluar si efectivamente los fondos de la tasa Vial fueron volcados en la red de caminos rurales o si, por el contrario, hubo discrecionalidad.
Cabe destacar que toda tasa -a diferencia de cualquier otro impuesto- exige la contraprestación de un servicio, por lo que, si se acredita que no la hubo, o fue insuficiente, puede avanzarse en la Justicia con la impugnación de ese tributo. Es el mecanismo que, en su mayoría asesorados por el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, intentan productores y vecinos de varias localidades, disconformes con el estado de la red vial.
Sin embargo, la novela de Henderson fue, hasta el momento, muy diferente a las demás, porque allí el pedido inicial de “acceso a la información pública” -con el que inician cada una de estas demandas- se convirtió pronto en una cruzada cuasi personal del intendente con el grupo de ocho productores involucrados. A tal punto que, agotadas las instancias de apelación, el oficialismo los “castigó” excluyéndolos de la batería de auxilio por las inundaciones.
Si todo indica que es este el capítulo final es porque, ratificado ya en primera y segunda instancia (en julio y septiembre del 2025), el juez consideró agotados los idas y vueltas sobre el formato elegido para entregar la documentación y exigió que sean todas en formato digital.
La única excepción serán aquellos documentos que aún no estén volcados en el sistema. En ese caso, afirmó Germain en su fallo, se deberá coordinar una audiencia para que los actores puedan acceder a ellos y hacer las copias por su cuenta. De ese modo, se barre con las exigencias -económicas y burocráticas- que intentó anteriormente poner el municipio.
