“Las Bolsas abajo firmantes se manifiestan en contra de la imposición de derechos de exportación en la cadena productiva, en el entendimiento que los mismos constituyen un impuesto de carácter distorsivo, con efectos claramente desalentadores sobre los distintos actores de la economía”.
Con ese tono llegó el primer pronunciamiento de tono grave emitido desde la comunidad agropecuaria que le recordó al presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, la esencia del eterno reclamo contra los derechos de exportación (DEX), y de algún modo también la promesa electoral de que ese tributo aduanero iba a desaparecer. En la última semana, junto a un fuertísimo ajuste y la devaluación del tipo de cambio oficial, el gobierno anunció la implementación del 15% generalizada a todos los sectores de la economía a través de una ley que enviará el Congreso.
Las que salieron a recordarle a las autoridades que las retenciones son un pésimo impuesto fueron las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos y Chaco. Curiosamente no suscribieron el comunicado ni la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), una de las de mayor envergadura, ni la de Santa Fe, que por ahora prefieren esperar el resultado de las negociaciones con el gobierno nacional encaradas por el nuevo gobierno provincial al mando de Maxi Pullaro. En las entidades de este tipo, donde se suelen negociar commodities agrícolas pero también otro tipo de activos, participan todos los eslabones del negocio agrícola, desde los productores hasta los exportadores.
“La actual coyuntura requiere del Gobierno Nacional la adopción urgente de medidas en pos de lograr la estabilización de las cuentas públicas. Pero se deben encontrar otros mecanismos alternativos a implementar y no recurrir en forma permanente al aumento de los Derechos de Exportación, ya que estos atentan directamente contra la producción, generación de empleo e industrialización en aquellas áreas productivas afectadas, frenando el ingreso de divisas de uno de los sectores que más aporta a la economía del país”, dijeron las bolsas firmantes en su comunicado, que es el primero en subir el tono de las críticas agropecuarias hacia el gobierno.
Agregaron además que “este tipo de medidas, que modifican cíclicamente las reglas establecidas, desalientan cualquier evaluación de potenciales inversiones, ya que siguen alimentando la incertidumbre y la consecuente inseguridad jurídica”.
Las bolsas, o la mayor parte de ellas, pidieron a Milei que se adopte “una política agroexportadora que contemple un esquema impositivo no distorsivo y que en cambio fomente la producción y el agregado de valor”, poniendo sus equipos a disposición de las autoridades para hacerlo.
En el mismo sentido, un comunicado del Consejo Agroindustrial Argentina (CAA), el bloque de más de 60 cámaras sectoriales que -justamente- es coordinado por José Martins, el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, emitió un comunicado avisando que “está trabajando en un informe para presentar a las autoridades del Ministerio de Economía y de la Secretaria de Bioeconomía, respecto del impacto no solo en pérdida de competitividad sino en la baja de exportaciones que generará el DEX del 15% para las economías regionales que no fueron consideradas y que provocará la no ejecución de inversiones previstas, así como la pérdida de puestos de trabajo en diferentes provincias del país”.
“Si solo se analiza los derechos como una planilla de resultados se dejará a muchas industrias en crisis”, avisó el Consejo, que prometió “gestiones urgentes” ante las autoridades para revertir esta medida.
Luego de que Caputo anunciara, de modo más que confuso, la reimplantación de una retención generalizada del 15% a todos los sectores de la economía, y ante las primeras quejas de la Mesa de Enlace, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, motorizó una negociación para excluir de esa suba a varias economías regionales. En esa lista de “salvadas” ingresaron las frutas (salvo el limón), las legumbres, el arroz, la lana, entre otros productos.
Pero quedaron fuera de aquella lista varias economías regionales que de inmediato levantaron su voz de queja: la forestal, la pesquera, el maní, el limón, el algodón y el tabaco.
La idea del Consejo Agroindustrial es canalizar las quejas de todos esos sectores que están integrados a sus filas. En el mismo sentido, una comitiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mantuvo una reunión con el secretario Vilella para mocionar por el conjunto de actividades.
“Hoy tenemos una mejora concreta de la situación general por la suba del tipo de cambio. Pedimos sentarnos a discutir políticas de mediano y largo plazo a través de un proyecto de ley”, dijo el presidente de la CAME, Alfredo González, aliviando la presión sobre Vilella por las economías regionales que faltan.
El funcionario se sacó el sayo sobre aquellas economías regionales pendientes, mandando a los productores a negociar ahora en el Congreso. “Con la variación del tipo de cambio se mejoró la competitividad de los complejos agroexportadores. También se están solucionando las regulaciones que había. Sabemos que quedan problemas en las economías regionales. Acá atendimos una parte de la realidad y el resto hay que tratarlo con diputados y senadores nacionales”, dijo Vilella.
En otro momento los titulares por los perjuicios que nos causa este gobierno a los productores, serían cahoticos.