Con la publicación a última hora del domingo de una nueva comunicación al sector exportador, el Ministerio de Agricultura rehabilitó la posibilidad de anotar exportaciones de harina y aceite de soja, los dos productos que más divisas aportan al país. El Registro de Exportaciones de Ventas al Exterior (DJVE) en ambos rubros había sido cerrado el domingo pasado. En la semana que transcurrió el gobierno confirmó una suba de dos puntos en las retenciones de la industria aceitera y armó un fideicomiso para subsidiar el trigo, que todavía debe ser reglamentado.
“Habiendo recibido las correspondientes instrucciones del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca; esta Subsecretaría de Mercados Agropecuarios pone en conocimiento del Sector Exportador que a partir de las 00:00 hs. del día 21 de marzo de 2022 se procede a la apertura del registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, correspondientes a harina y aceite de soja”, dice la nota que se publicó en la web institucional de la cartera conducida por Julián Domínguez.
000005_Comunicado Oficial 20 de Marzo 2022
Con embarques por más de 30 millones de toneladas en 2021, la industria aceitera argentina es la responsable de la mayor inyección de recursos por exportaciones para la economía argentina: se trata de una docena de empresas que toman el poroto de soja y en vez de exportarlo sin procesar lo trituran y extraen el aceite. El residuo de ese proceso, la harina, se exporta usualmente convertida en pellets. La actividad genera más de 20.000 millones de dólares y paga retenciones por casi 7.000 millones.
Ese flujo se vio interrumpido el domingo pasado, a minutos del inicio del partido de River Plate, por una nota semejante a la que se publicó ahora. El cierre sorprendió a los operadores, pero de inmediato se sospechó que el gobierno iba a rascar el fondo de la olla de la soja y elevar la presión fiscal en el último rincón que le quedaba por hurgar: el diferencial de retenciones a favor del valor agregado en dicho rubro.
La soja, cuando se exporta como poroto, ya tributaba desde marzo de 2020 un tope máximo fijado por el Congreso del 33%. Pero la mayor parte de esa cosecha se exporta convertida en harina o aceite, dos rubros que tributaban dos puntos menos, el 31%. Hasta aquí, porque finalmente el viernes se confirmaron en un decreto presidencial la eliminación de ese diferencia y la unificación temporal (hasta el 31 de diciembre de este año) de las alícuotas en el tope de 33%.
La medida, según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, permitirá incrementar la recaudación que proviene del complejo sojero de unos 6.500 millones de dólares a cerca de 6.900 millones. Es decir que el Estado recaudará unos 420 millones de dólares adicionales. La reforma se aplicó justo en momentos previos al inicio de la siembra de la cosecha, es decir que recaerá sobre la mayor parte de la producción de este año.
En medio de visibles internas, notablemente debilitado, el gobierno también se tomó toda la semana con los embarques cerrados para decidir que con el dinero adicional que cobraría de la industria sojera se subsidiarían entre 2,5 y 3,5 millones de toneladas de trigo que se destinan usualmente a la producción de harina mayorista, para abastecer a las panaderías. Con esta medida -que todavía no ha sido reglamentada- se espera detener la escalada del precio local del pan.
Todavía no se conoce la letra fina de ese fondo, que tomará la forma de un fideicomiso público cuya autoridad de aplicación será la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti. El viernes apenas se conoció el decreto de formación de ese fondo, pero no hay detalles de cómo será su funcionamiento.
Mientras se aguarda la letra chica del sistema, para ver cómo piensa utilizar Feletti esos 400 millones de dólares, horas después de un nuevo partido de River Plate (esta vez perdiendo nada menos que contra Boxca Juniors, su eterno rival), el Ministerio de Agricultura rehabilitó los embarques de harina y aceite de soja, que ya no tributarán el 31% sino que soportarán dos puntos más de presión fiscal, que las aceiteras seguramente se las ingeniarán para ir descontando paulatinamente a los precios que pagan a los productores.
