El Índice del Inversor Verde publicó por primera vez resultados concretos y dejó una señal clara para el Norte Grande argentino. La región concentra buena parte del potencial productivo ligado a la transición verde, pero ese capital natural convive con debilidades institucionales y operativas que siguen condicionando la llegada de inversiones.
El relevamiento, elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Conicet, analiza a las diez provincias del Norte Grande a partir de 35 indicadores agrupados en tres dimensiones —Facilidad, Seguridad y Sostenibilidad— y permite comparar, provincia por provincia, qué tan preparado está cada territorio para recibir proyectos productivos asociados a energías limpias, bioeconomía, uso sostenible de bosques y transformación productiva.
El informe parte de una advertencia central, que es que la abundancia de recursos naturales no garantiza desarrollo. En una región que concentra la mayor superficie boscosa del país, una enorme diversidad vegetal y condiciones ambientales clave para energías renovables, el principal límite no es la falta de oportunidades, sino la dificultad para convertirlas en proyectos viables, previsibles y sostenibles en el tiempo.
Los resultados muestran un mapa desigual. La Rioja aparece como la provincia con desempeño más equilibrado entre facilidad operativa, previsibilidad y sostenibilidad, aunque sin liderar ninguna de las dimensiones. Corrientes, Chaco y Tucumán presentan condiciones relativamente favorables para hacer negocios, pero con rezagos ambientales que limitan su atractivo para inversiones verdes de largo plazo, especialmente en el caso chaqueño. Jujuy y Salta se destacan por su fuerte tracción vinculada a energías renovables y minerales críticos, aunque enfrentan cuellos de botella en infraestructura, gestión y seguridad jurídica.
Catamarca combina buenos indicadores de sostenibilidad y facilidad con una baja calificación en seguridad, mientras que Misiones se mantiene en un rendimiento intermedio, sin extremos. En el otro extremo, Formosa y Santiago del Estero exhiben niveles aceptables de previsibilidad, pero muestran déficits marcados en facilidad para invertir y en condiciones estructurales para el desarrollo de proyectos verdes.
Lejos de proponer un ranking competitivo, el índice plantea que el verdadero desafío del Norte Grande es la coordinación regional. El informe subraya que las asimetrías productivas, institucionales y ambientales podrían transformarse en complementariedades si existiera una estrategia común que ordene el uso del territorio, fortalezca capacidades estatales y genere reglas claras para el sector privado.
“Además de necesaria en términos ambientales, la transición a una economía verde es una estrategia de desarrollo que genera empleo, reduce la pobreza y mejora la equidad social. Al hacer más fácil, seguro y sostenible su clima de negocios, el Norte Grande puede transformar su potencial en desarrollo real”, sostuvo Luis Karamaneff, doctor en Ciencia Política por la UNSAM y coordinador del proyecto.
El contexto estructural refuerza la urgencia del diagnóstico. El Norte Grande ocupa casi un tercio del territorio nacional y alberga a más de nueve millones de personas, pero apenas concentra una fracción menor de la riqueza del país. La persistencia de economías primarias poco integradas, la falta de infraestructura y las debilidades institucionales explican por qué una región clave para la bioeconomía y la producción sostenible sigue siendo expulsora de población.
Con este primer reporte, el Inversor Verde deja expuesto que el debate ya no pasa por identificar oportunidades productivas, que abundan, sino por crear las condiciones políticas, institucionales y territoriales para que esas inversiones se concreten y generen desarrollo real. En ese punto, el índice funciona menos como una vidriera y más como un termómetro incómodo del estado actual del Norte Grande frente al desafío de producir en verde.
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