El ministro de Agricultura Julián Domínguez aseguró hoy que el aumento de derechos de exportación que se aplicará a la harina y aceite de soja, y también al biodiésel, no debería tener impacto alguno en los precios de la soja que recibe el productor argentino.
Los argumentos para fundamentar esa hipótesis resultan un tanto extraños, especialmente porque el funcionario tuvo toda una semana para elaborarlos, aunque, por los resultados, parece que no fue suficiente.
“Al productor ya le descontaron el 33% y este es un beneficio que sólo captan las empresas aceiteras”, afirmó Domínguez en referencia a las alícuotas del 31% para la harina y aceite de soja, que pasarán ahora a tributar ambas un 33%. En el caso del biodiésel, elaborado con aceite de soja, la alícuota del 29% pasa al 30%.
“La verdad es que al productor ya se lo están descontando. Les pido que no lo joroben de vuelta al productor argentino”, insistió Domínguez. “Cuando se analiza en la Bolsa de Valores (sic) el resultado de competitividad y resultado de los negocios de las empresas aceiteras, no hay ninguna razón para que el perjudicado sea el productor argentino”, remarcó.
Pero lo cierto es que ninguna compañía aceitera argentina cotiza en el mercado bursátil argentino (por cierto su nombre correcto es Bolsas y Mercados Argentinos o BYMA).
Domínguez finalmente señaló que la caída registrada en los valores de la soja en la última semana no está relacionada con la suspensión temporal de las exportaciones de harina y aceite de soja ni con el aumento de retenciones sobre ambos productos, sino con “otras cosas de lealtad comercial” (sic).
Finalmente, casi como un ruego, dijo que “apelo a la solidaridad y el sentido común de quienes conducen estas empresas”, en referencia al sector aceitero, para luego recalcar que no se trataría de un aumento de retenciones, sino de la suspensión de un beneficio transitorio otorgado por el gobierno de Alberto Fernández en octubre de 2020, cuando se procedió a reducir en dos puntos la alícuota de la harina y el aceite de soja con el propósito de brindar mayor competitividad a la industria aceitera argentina.
La realidad es que el cierre de registro de exportación de harina y aceite de soja –que se instrumentó el domingo de la semana– junto con la anticipación del anuncio de aumento de retenciones finalmente anunciado hoy, provocó que en la última semana el valor de la soja argentina perdiera más de 40 u$s/tonelada.
Al quitar poder de compra a la industria aceitera, que es el mayor demandante –por lejos– del poroto en el mercado argentino, la consecuencia directa una caída de los precios ofrecidos por la oleaginosa.
Cuando Domínguez menciona el hecho de que al poroto de soja “ya les descuentan el 33%”, está haciendo referencia a una parte minoritaria de la demanda integrada, precisamente, por las empresas dedicadas a exportar poroto de soja.
En el ciclo comercial vigente (2020/21) ya se comercializaron –según cifras oficiales del propio Ministerio de Agricultura– 39,9 millones de toneladas de soja, de las cuales apenas 8,16 millones (el 20%) fueron adquiridas por los exportadores. El 80% restante fue comprado por las industrias aceiteras que lo procesan para elaborar harina, aceite y biodiésel, productos que, en su mayor parte, tienen como destino el mercado externo.
Cálculos realizados por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que el pasado 11 de marzo –antes de la suspensión de exportaciones de harina y aceite de soja– la capacidad teórica mínima de pago de la soja en el mercado disponible por parte de los exportadores era de 452,4 u$s/tonelada, mientras que en el caso de la industria era de 485,1 u$s/tonelada.
Esa brecha era producto del denominado “diferencial arancelario” a favor de la industria aceitera (31% para la harina y aceite versus 33% para el poroto de soja), el cual, una vez eliminado, resta poder de compra al principal actor de la demanda de soja y la consecuencia directa es, obviamente, un ajuste de los valores FAS del poroto en función del nuevo esquema impuesto por el gobierno.
Domínguez, y probablemente también de todo el equipo de gobierno, seguramente tratará de imponer el concepto de que la caída de los valores de la soja es el resultado de industriales malos, muy malos, que se quieren quedar con el dinero de los productores. Es la misma lógica que se pretende instalar al acusar a las empresas elaboradoras de alimentos de “especuladoras y codiciosas”. Por supuesto, para ellos el Estado y el exceso de gasto público financiado con una emisión monetaria descontrolada no tiene nada ver que con la inflación, a pesar de que las políticas implementadas en países serios como Brasil, Uruguay y Paraguay indique lo contrario (la inflación oficial de este último es por ejemplo del 9,3% anual).
