Definitivamente se han acabado los tiempos en que el sector empresario agropecuario y los trabajadores rurales representados por la UATRE convivían en paz. La cosa se picó, como se dice ahora, y el nuevo secretario general de ese gremio, José Voytenco, ya cargó no solo contra las cuatro entidades de la Mesa de Enlace -al reclamar un bono de fin de año- sino ahora también contra una de las principales agroexportadoras: A la multinacional Cargill le reclama que tome gente del gremio enlistada en una bolsa de trabajo específica.
Según la visión del gremio, Cargill “no está cumpliendo con la Ley 26.727 que en su artículo 69 establece la obligatoriedad de tomar personal de las bolsas de trabajo de la UATRE en donde estas existan”. Se trata del Régimen de Trabajo Agrario sancionado en 2011, en tiempos de Cristina Kirchner. En el artículo de marras se establece que “las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial proveerán a los empleadores del personal necesario para la realización de las tareas temporarias en las actividades contempladas en la presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)”.
Cargill, que es la segunda mayor exportadora agrícola detrás de Cofco, según el ránking de 2020, tiene a su vez una red de acopios para almacenar la mercadería hasta el momento de su ingreso al circuito industrial o comercial. Allí se usan silobolsas, como en muchos otros lugares. Al parecer, según la denuncia gremial, se confeccionan con personal que no pertenece a la UATRE ni está en sus listas de espera para obtener un empleo.
Por eso , el secretario de Organización de la UATRE, Carlos Figueroa, informó que “se están declarando en estado de alerta y movilización todas las seccionales del país con bolsas de trabajo en donde funciona la firma Cargill”. Reclaman que se respete la ley y que se contrate perosnal de sus bolsas de trabajo.
“Las medidas de fuerza ya se iniciaron en la localidad de 30 de Agosto, en la provincia de Buenos Aires. Allí se desarrolla una asamblea permanente en la puerta del establecimiento de Cargill”, según informó el gremio. El caso sería bastante singular pues la propia UATRE describe que quienes llevana delante el reclamo son “trabajadores de la bolsa de trabajo de la seccional local que durante 8 años trabajaron para esa firma y de un día para el otro, amparándose supuestamente en la pandemia, los dejaron sin trabajo desde hace meses”.
Son ellos los que reclaman volver a realizar esa fajina.
El secretario general de la seccional 083 de la UATRE, en Treinta de Agosto, Kevin Rossi, dijo que “son 25 familias trabajadoras que se quedaron sin un sustento, por lo cual hace ya mucho tiempo que venimos intentando hacer entender a los responsables del establecimiento que deben cumplir con la Ley. Pero después de tantos meses la paciencia se agotó y por eso estamos acá para hacer oír nuestro reclamo”.
En el lugar se encuentra el prosecretario de Finanzas del gremio, Pedro Pablo Peger, así como Myruam Forti, subdelegada regional de la UATRE en Trenque Lauquen. Treinta de Agosto es una localidad de ese partido, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes y cuya economía está basada en la actividad agropecuaria.
La UATRE recordó que tiene más de 500 seccionales en todo el país y cuenta con alrededor de 200 bolsas de trabajo, la mayoría de ellas con personal especializado en la manipulación de granos. La amenaza de nuevos conflictos por ver quién confecciona los silobolsas necesarios para la nueva cosecha de granos gruesos, que ya se está iniciando, corre para todo el país y todas las empresas.
El conflicto estaba latente desde 2017, cuando gobernaba Cambiemos. En ese momento, el gremio ejerció una fuerte presión para que se respetaran en primer término al personal de sus bolsas de trabajo y llegó a firmar un acuerdo en tal sentido con las entidades de productores. De todos modos, ya en aquel momento tres entidades rurales (CRA, Coninagro y Sociedad Rural Argentina) suscribieron un comunicado defendiendo la “libre contratación” de los empleados rurales.
En el acta firmada para dirimir aquel conflicto, se accedió a una fórmula intermedia, en la que los productores deberán recurrir a las bolsas de trabajo del sindicato en aquellos casos en que éstas estén en funcionamiento o cuando no dispongan de personal propio (registrado ante el Renatre) al que pueden asignarle dicha tarea.
