Finalmente la Nación homologó el pedido del la provincia de Córdoba y este viernes el Ministerio de Economía -a través de la resolución 290/2023 publicada en el Boletín Oficial, que curiosamente debió ser corregida minutos después por un error en los números del articulado en la resolución 298/2023– declaró la emergencia agropecuaria por sequía.
“A los efectos de la aplicación de la Ley N° 26.509 y sus modificatorias, dase por declarado, en la Provincia de Córdoba, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2023, a las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas afectadas por sequía en las zonas que han sido delimitadas utilizando el criterio de polígonos geo-referenciados”, indica el primer artículo de la resolución.
Dicho periodo se amplía en el caso de la actividad ganadera: “dase por declarado, en la Provincia de Córdoba, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2023, a las explotaciones ganaderas, tamberas y apícolas afectadas por sequía”.
Desde Economía justificaron esta diferencia en las fechas en función “de los ciclos productivos”.
“A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por su Artículo 8°, los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”, indicó la resolución a continuación.
Desde la cartera de Agricultura de la provincia indicaron que esta declaración abarca a 800.000 hectáreas afectadas duramente por la sequía, ubicadas principalmente en las zonas productivas de Unión, Marcos Juárez y San Justo. La ayuda que brindaría la ley, sin embargo, no sería suficiente para las autoridades.
“En muchos casos, los beneficios de la ley de emergencia están vinculados a los dueños de la tierra, pero el 60% o 70% de los que producen alquilan la tierra, por lo que no se resuelven las necesidades del productor”, cuestionó Sergio Busso, ministro de Agricultura de Córdoba.
