En el año 2009, a partir de lo dispuesto por la Ley de Bosques (Nº 26.331), la provincia de Chaco instrumentó un ordenamiento territorial que, si bien debió ser actualizado en 2014, finalmente no llegó a concretarse por falta de acuerdos políticos.
En 2021 se retomó la iniciativa y, luego de un proceso de consultas y audiencias públicas con integrantes de los sectores académico, productivo, social, ambiental y de los pueblos originarios, se realizó una actualización del ordenamiento territorial que en septiembre pasado fue enviado por el gobernador Jorge Capitanich a la Cámara de Diputados provincial.
La cuestión es que el nuevo ordenamiento, instaurado por el decreto 2157/22 –que no fue tratado aún por la Cámara de Diputados–, generó quejas tanto del sector productivo como ambientalista.
El diputado provincial Juan José Bergia, que tiene un bloque unipersonal, denunció que el mapa del ordenamiento territorial contenido en el decreto 2157 había sido cambiado y no era el que había sido consensuado en las reuniones técnicas integradas por representantes de INTA, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales, entre otras instituciones del sector productivo.
También remarcó que el decreto tiene varias irregularidades técnicas, como, por ejemplo, incorporar una categoría “naranja”, cuando la ley nacional (Nº 26.331) establece categorías roja, amarilla y verde (alto, mediano y bajo nivel de conservación), pero no dice nada con respecto a una categoría “naranja”.
La Federación de Asociaciones de Productores Industriales y Forestales del Chaco solicitó explícitamente a los legisladores chaqueños que no validaran el decreto 2157 porque, además de presentar falencias técnicas, no contaba con el consenso del sector privado.
Si bien el decreto 2157 incrementa de manera significativa la superficie protegida respecto del esquema presente desde 2009, las organizaciones ambientalistas también se manifestaron en contra del mismo.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) indicó, por ejemplo, que el nuevo mapa contenido en el decreto del gobierno chaqueño introduce tres polígonos para “proyectos especiales”, que en conjunto suman casi 400.000 hectáreas y que, presentados como predios sin cobertura boscosa, eso “supondría ser una especie de blanqueo de los desmontes ilegales”.
Con el verano de por medio y luego la campaña electoral del próximo año 2023, está claro que la cuestión no resulta sencilla de resolver. Pero hubo un incidente que hizo que a Capitanich se le “soltara la cadena”.
Este domingo Greenpeace Argentina publicó en redes sociales que Capitanich tiene en sus planes deforestar un millón de hectáreas de bosques nativas en Chaco, además de perdonar a quienes realizaron desmontes ilegales.
Mientras se juega el mundial, el gobernador @jmcapitanich quiere habilitar la deforestación de 1 millón de hectáreas de bosques nativos en Chaco, además de perdonar a los que ya desmontaron de manera ilegal. No podemos permitirlo! #PodemosFrenarlo #DestruirBosquesEsUnCrimen pic.twitter.com/EMwLwl0PXw
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) December 11, 2022
Poco después, Capitanich salió a responderle a la organización internacional al afirmar que “Greenpeace, brazo político del macrismo devastador en la Argentina, se ocupa sistemáticamente de agredirnos a los gobernadores del norte argentino, pero principalmente a mí; son verdaderos sicarios mediáticos sin ningún sustento”.
El gobernador recordó que “los desmontes ilegales constituyen acciones monitoreadas y denunciadas por nuestro gobierno y existe un impedimento legal para desmontar en Chaco desde hace tres años”. Y señaló que “todas las injurias, calumnias y campañas de desprestigio tendrán que resolverse en la justicia, pues estamos hartos que estas organizaciones financiadas por grupos de interés político mancillen a la gestión de gobierno”.
“No tienen la más mínima idea de lo que implica gestionar la realidad ni les interesa las dificultades de los chaqueños y chaqueñas que viven del monte. No tienen interés en mejorarles las condiciones de vida, sólo en continuar con su negocio financiado desde el norte global”, apuntó Capitanich.
“Nosotros estamos de un solo lado: el del desarrollo productivo sostenible para generar el desenvolvimiento de las cadenas de valor con generación de empleos de buena calidad que nos permitan cuidar los bosques”, añadió.
Más allá del escándalo mediático, la realidad es que el nuevo ordenamiento territorial, que posiblemente pretendió “quedar bien” tanto con el sector productivo como el ambientalista, no logró el apoyo de ninguno de los dos.
