En el norte de Santa Fe se está dando un caso que está empezando a convertirse en emblemático. A Eduardo Bieler la provincia de Santa Fe le reclama una cifra multimillonaria como resarcimiento por un supuesto desmonte ilegal.
Todo comenzó a fines de 2024, cuando el Ministerio de Ambiente de Santa Fe le aplicó una multa de 379 millones de pesos al considerar que había desmontado de manera ilegal unas seis hectáreas dentro de su campo en el norte provincial. La sanción sorprendió por su magnitud, pero también por el hecho que la originó, ya que el productor sostuvo desde el primer momento que no había avanzado sobre bosque nativo, sino que había realizado tareas de limpieza sobre un renoval que había crecido sobre viejos alambrados y sectores internos del establecimiento para poder recuperar el manejo ganadero del predio.
Aun así, la provincia mantuvo la acusación y encuadró la intervención como una infracción grave a la normativa ambiental.
Con el correr de los meses, el expediente dejó de ser un conflicto individual para transformarse en un caso emblemático dentro del ruralismo santafesino. Entidades como CRA y el Foro de Seguridad Rural cuestionaron la legalidad y la proporcionalidad de la sanción, advirtiendo que el monto impuesto incluso supera el valor productivo del propio campo y podría derivar en un embargo del establecimiento.
El productor llevó la discusión a la Justicia mediante un recurso contencioso administrativo con la expectativa de frenar la ejecución de la multa, pero mientras ese proceso sigue abierto, la provincia ahora volvió a avanzar con una nueva liquidación fiscal por otros 33 millones de pesos, profundizando un conflicto que ya es observado como un antecedente sensible para todo el sector agropecuario.
Bieler, mientras se encuentra inundado por las últimas lluvias copiosas en la región, explicó a Bichos de Campo que este nuevo reclamo no corresponde a la multa principal, sino a un sellado judicial dentro del recurso contencioso administrativo que presentó para intentar frenar la sanción original. Según relató, al iniciar la causa primero abonaron un arancel de 1.200 pesos y luego otro de 12.000, hasta que desde el juzgado les informaron que todavía faltaba completar la tasa. “El abogado pidió que la API informara cuál era el monto que correspondía realmente. Primero dijeron que eran 5 millones, y ahora llegó la respuesta de la API diciendo que no eran 5 millones, sino 33 millones. Ya hasta vino vencido. Cada vez entiendo menos”, resumió el productor.}
Para Bieler, el problema ya dejó de ser estrictamente económico y pasó a convertirse en una carga personal para toda su familia. “Siguen maltratando no solo a mí, sino también a mi familia. Te acostás pensando y te levantás pensando en algo que sentís injusto”, señaló. Y volvió a insistir sobre el origen del conflicto: “Nosotros no hicimos un desmonte para hacer chacra. Lo único que hicimos fue limpiar alambrados y una picada con renuevo. Si eso fueron cinco o seis hectáreas, es una locura que ahora pretendan cobrar 33 millones por un sellado”.
Según la documentación a la que pudo acceder este medio, la API emitió una “liquidación supletoria” por un total de 33.053.740,99 pesos con vencimiento al 20 de marzo de 2026, dentro del expediente contencioso administrativo que Bieler mantiene abierto contra la provincia. En otra de las fojas se detalla que la base para calcular esa carga fue el equivalente a 900 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional, criterio que previamente ya había sido cuestionado por entidades agropecuarias por considerarlo desproporcionado frente al hecho original.
Lo que se discute de fondo es una sanción inicial de 379 millones de pesos que la provincia le impuso a Bieler por considerar que había realizado un desmonte ilegal en un establecimiento ubicado en la zona de Vera. El argumento de Bieler fue acompañado en los últimos meses por distintas entidades rurales que pidieron revisar el expediente por entender que existe una desproporción entre la presunta falta y la magnitud de la sanción.
Incluso hay expectativas por una posible reunión entre CRA y el gobernador Maximiliano Pullaro en estos días, donde se podría tratar el tema.
El punto que más inquieta no es solamente el monto original, sino la forma en que la provincia sigue avanzando sobre el productor aun cuando el expediente todavía se encuentra bajo revisión judicial. Desde Confederaciones Rurales Argentinas ya habían advertido que la coexistencia entre el recurso contencioso administrativo y el proceso de cobro fiscal podría vulnerar garantías básicas del debido proceso, porque en los hechos el Estado comienza a ejecutar una sanción antes de que exista una sentencia firme.
Ahora, con esta nueva intimación de la API, el caso suma otro capítulo. Para Bieler y para quienes siguen de cerca el expediente, la señal es que la provincia no solo mantiene viva la multa principal sino que además empieza a cargar nuevos costos administrativos que incrementan la presión económica sobre un establecimiento que, según el propio productor, vale menos que la sanción total que se le reclama.
Supuestamente, es legal o no!! Y este lo hizo ilegalmente…