La posibilidad de que el Congreso de La Pampa actualice una vieja ley de los 90 que establece que la obligatoriedad de realizar controles de aptitud zootécnica y sanitaria a todos los reproductores -tanto toros como carneros- que ingresen a esa provincia, provocó la reacción airada de los entidades rurales agrupadas en la Mesa de Enlace, que ven detrás de la maniobra la aparición de una nueva posible tasa por los servicios prestados por el Colegio de Veterinarios.
“La modernización nunca es sinónimo de más burocracia”, expresaron en un comunicado conjunto la Sociedad Rural Argentina, Carbap, la Federación Agraria y Coninagro, manifestando su “rechazo al nuevo proyecto de ley de certificación y trazabilidad de reproductores”. Este fue presentado por legisladores de varios bloques de la Legislatura y apunta actualizar la Ley 1489, conocida como Ley de Admisión, que rige desde hace tres décadas.
En realidad, según explicó bien el medio local DiarioTextual, la discusión se avivó el año pasado, cuando el Gobierno provincial presentó un proyecto para derogar la ley porque consideró que quedaba obsoleta, ya que de los más de 11.000 toros comercializados cada año en la provincia, apenas ael 10% pasa por los controles previstos en la Ley 1489.
En ese momento la iniciativa fue respaldada por la mayoría de las entidades rurales y rechazada por el Colegio Médico Veterinario de La Pampa.
Ahora lo que se buscaría es actualizar esa norma en un nuevo proyecto de ley impulsado por diputados del vernismo, la UCR y Comunidad Organizada.
“La ganadería pampeana necesita simplificación, conectividad y verdadera unificación de trámites con los organismos nacionales bajo la Resolución 841/2025 de Senasa. No permitiremos que, bajo la loable bandera de la modernización tecnológica, se apruebe una ley que añade costos encubiertos y desalienta el comercio. A su vez, instamos a los legisladores a derogar la Ley 1489”, señalaron las entidades que integran la Mesa de Enlace pampeana, en rechazo de esa posibilidad.
El argumento es que ya existe una normativa sanitaria nacional y que los reproductores ya son sometidos a numerosas evaluaciones sanitarias y genéticas por parte de veterinarios privados, asociaciones de criadores y organismos especializados.
“Compartimos la necesidad de modernizar el sector, pero la norma propuesta, lejos de simplificar, agrava la burocracia, duplica controles y encarece los costos de producción en un momento crítico para el campo pampeano”, afirmaron los dirigentes rurales, siempre recelosos antes la posibilidad de que se creen nuevas tasas por servicios.
En ese sentido, el comunicado conjunto advirtió que aunque la iniciativa habla de “costo cero”, delega en la reglamentación la fijación de aranceles por “servicios de valor agregado”. Y como la administración operativa quedaría en manos del Colegio Médico Veterinario, la especulación es que finalmente se impondrían nuevos costos para los productores.
