COTO compró este miércoles en el Mercado de Liniers un total de 234 cabezas, lo que representó el 4% del total de las que salieron a la venta. El dato no implica que no haya existido el reclamo del gobierno a esa empresa para que se retirara ayer del mercado y no convalidar los altos precios pagados por la hacienda. Ese llamado de Comercio Interior existió, no fue desmentido por nadie y recibió el repudio de las entidades rurales.
La cadena de supermercados, uno de los principales adquirentes de ganado en Liniers, volvió a comprar hacienda hoy miércoles sin inconvenientes, pero pagó un precio más bajo que los de la víspera, cuando Alfredo Coto en persona contó a un importante consignatario que recibió un llamado desde el despacho que maneja Paula Español, sugiriéndole que dejara de adquirir hacienda.
El negocio que desató las presiones de los funcionarios encargados de monitorear la inflación se había concretado a 198 pesos por kilopor un lote de novillitos de consumo. Hoy, en un mercado donde es visible la escasez de oferta de hacienda, los representantes de COTO redujeron los valores ofrecidos a 193 pesos por kilogramo
El dato no esconde que el valor de ese tipo de animales haya superado hoy los 200 pesos por kilo vivo. Hay que multiplicar al menos por dos (hasta 400 pesos) el valor de la carne a la salida del frigorífico. Y otro tanto para encontrar un promedio de venta de esos cortes vacunos en las carnicerías y supermercados. La presión al alza del precio de la carne es visible. Por más presiones oficiales que existan.
COTO no desmintió la versión, que fue repetida por diferentes consignatarios que operan en Liniers. En declaraciones al diario La Nación, en tanto, fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo negaron pedidos a los operadores o listas sugeridas. “Se viene trabajando mucho en transparentar, modernizar y eficientizar el mercado de carnes. La idea es aumentar la productividad y que en el mediano plazo eso se traslade en una baja en los precios. Lo que se busca es que el mercado crezca, no limitarlo”, indicaron.
De todos modos, el “affaire” COTO fue deplorado por diversas instituciones rurales, que temen que este episodio sea el principio de una saga como la que se vivió a partir de 2006, cuando el ex secretario Guillermo Moreno primero trabó las exportaciones de carne y luego pisó los precios del ganado en el Mercado de Liniers. Eso provocó que durante los siguientes tres años los ganaderos no tuvieran incentivo y liquidaran su hacienda. La carne fue barata durante ese lapso y el consumo abundante. Pero en 2020 subió de golpe 100% porque a la Argentina le habían desaparecido 10 millones de cabezas, una quinta parte de su sotck ganadero.
Como es costumbre, arrancó con las críticas la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que repudió y rechazó “cualquier actitud insensata e intimidatoria que interfiera con el normal desarrollo del Mercado de Liniers”.
“El amedrentamiento a consignatarios y/o compradores que operan en el Mercado Físico de Ganados mediante llamados telefónicos o aprietes, instando a comprar hacienda a valores menores a los del mercado, nos retrotrae a acciones y medidas fracasadas realizadas hace 15 años con nefastas consecuencias por todos conocidas, perdida de 11 millones de cabezas en el rodeo, pérdida de puestos laborales en los frigoríficos y aumento del precio de la carne en mostrador”, recordó la entidad de la región pampeana.
Para Carbap está claro que no será con estas intervenciones que bajarán los precios de la carne. “El origen del tema a solucionar está solamente en las variables inflacionarias y monetarias del país (alta inflación y bajo poder adquisitivo), y que ninguna medida en los mercados podrá resolver las causales del origen”, sostuvo.
Posteriormente, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado en el cual aseguró que “no será con llamados telefónicos, apretadas o amenazas la forma en que funcionará el comercio de carne, granos, leche u otros productos; es necesario inteligencia, diálogo y una mirada profunda a las causas reales que llevan al proceso inflacionario”. Y añadió que “culpar a un sector, para condenarlo ante la sociedad encierra un prejuicio ideológico inadmisible”.
También la Mesa de Enlace de la Provincia de Córdoba estableció su contundente rechazo:
