Nunca se sabrá qué sucedió, pero está claro que los funcionarios libertarios o no se percataron o minimizaron la situación. Lo cierto es que cuando días atrás comenzó a saberse que el gobierno se había olvidado de prorrogar en septiembre los decretos que desde 2021 habilitan la compatibilidad de ingresos para las familias rurales, que les permiten tomar un trabajo temporario en las cosechas sin perder los beneficios de los planes sociales, muchas voces de alerta se escucharon.
Ahora el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, está enviando mensajes tranquilizadores a los principales actores del agro, tanto a las patronales que levantaron este tema, CAME y la Sociedad Rural Argentina, como a la UATRE, el gremio de los trabajadores rurales que fue el primero en alzar su queja.
Además de asegurar que en los próximos días saldría la prórroga de esa compatibilidad entre empleo rural y planes sociales, Cordero dijo en la Cámara de Diputados que en el gobierno libertario “coincidimos que ese decreto se prorrogue. Es simplemente un tema de tiempos administrativos”, explicó.
“Vengo impulsando esta medida, y recientemente en el Senado advertí sobre el vencimiento, presentando mi proyecto de ley para que esta complementariedad se consagre de forma permanente. Este logro es gracias al trabajo conjunto y al acompañamiento crucial de UATRE, Renatre y CAME”, celebró en sus redes sociales Nora Giménez, una senadora del Frente de Todos, oriunda de la provincia de Salta, que había presentado un proyecto de ley para disponer esta prórroga por ley.
Según la legisladora, extender la compatibilidad “es garantizar condiciones dignas de trabajo y seguridad social para más de 200 mil familias rurales, permitiéndoles acceder al empleo formal sin perder el acceso a la AUH, la prestación alimentaria y demás beneficios”.
En realidad, nadie en el sector discutía los beneficios de esa compatibilidad, en especial los empresarios rurales que podían contar con mano de obra “en blanco”, pagando las debidas cargas sociales, y no se exponían a controles de parte de la ex AFIP. Por ese motivo, el régimen inicial surgido en 2021 tenía una duración de dos años y fue prorrogado por el ex ministro Sergio Massa, en plena campaña electoral fallida, por igual plazo de tiempo, hasta 2025.
El nuevo gobierno no reparó en este asunto y esa prórroga venció el pasado 1° de septiembre sin que fuera renovada. De inmediato comenzaron de nuevo en muchas economías regionales los problemas para conseguir mano de obra. La luz de alarma se encendió por ejemplo en Concordia, donde ahora se está desarrollando la cosecha de los arándanos.
Estirar una vez más la vigencia de la norma es lo que prometió hacer -supuestamente con un nuevo decreto- el secretario Cordero.
La UATRE ya había advertido en julio que esa medida era urgente. En una nota formal al Ministerio de Capital Humano, el gremio había pedido “garantizar previsibilidad tanto a los trabajadores como a los empleadores”, destacando que la medida “fortaleció el arraigo local, dinamizó las economías regionales y contribuyó al sostenimiento de la producción nacional”.
