Cuando se haga una revisión histórica desapasionada del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre 2019 y 2023, seguramente la mayor parte de los balances para el agro serán negativos, pero habrá que rescatar el Decreto 514/2021, que habilitó la “compatibilidad” para que una persona que recibía algún tipo de ayuda del Estado a través de planes sociales pueda a la vez -sin perder ese beneficio- emplearse temporalmente en alguna actividad agropecuaria de las denominadas zafreras, que requieren de gran cantidad de mano de obra en tiempos de cosecha.
Ese decreto permitió resolver un problema importante en muchas economías regionales, donde la gente no aceptaba ser contratada regularmente (aunque sea de modo temporal) porque eso le implicaba perder los subsidios del estado, ya sea la Tarjeta Alimentar o el programa “Potenciar Trabajo”. No estuvo nada mal decidir que los beneficiarios de esos planes tuvieran por unos pocos meses un doble ingreso asegurado.
Nadie discutía los beneficios de esa “compatibilidad”, en especial los empresarios rurales que podían contar con mano de obra “en blanco”, pagando las debidas cargas sociales, y no se exponían a controles de parte de la ex AFIP. De hecho, el régimen inicial tenía una duración de dos años y fue prorrogado por el ex ministro Sergio Massa, en plena campaña electoral fallida, por igual plazo de tiempo, hasta 2025.
No se sabe si nadie del nuevo gobierno reparó en este asunto, pero esa prórroga venció el pasado 1° de septiembre sin que fuera renovada. Y de inmediato comenzaron de nuevo en muchas economías regionales los problemas para conseguir mano de obra. La luz de alarma se encendió por ejemplo en Concordia, donde ahora se está desarrollando la cosecha de los arándanos. Pero también ahora las voces de alerta se extendieron hacia Misiones, donde la compatibilidad fue una herramienta central para ordenar la contratación en las chacras.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ya había advertido en julio que la prórroga era urgente. En una nota formal al Ministerio de Capital Humano, el gremio había pedido “garantizar previsibilidad tanto a los trabajadores como a los empleadores”, destacando que la medida “fortaleció el arraigo local, dinamizó las economías regionales y contribuyó al sostenimiento de la producción nacional”.
En CAME, el titular del área de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez, confirmó a Bichos de Campo que el Decreto 423/2023, que fue el que extendió el régimen laboral especial por toros dos años, venció el pasado 1 de septiembre sin que fuera renovado. Pero contó que ellos ya presentaron, a través de la senadora Nora Giménez, un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario, para establecer esta compatibilidad de modo definitivo y evitar que dependa de los humores y las urgencias de los gobiernos de turno.
La aspiración de CAME es que la compatibilidad por ley sea votada este mismo año por el Congreso Nacional.
Alertado del vencimiento, en tanto, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, inició gestiones directas con las autoridades laborales. La respuesta que le dieron es que desde el propio Poder Ejecutivo son conscientes del problema, y piensan en sacar “lo antes posible” una nueva prórroga, luego de haber podido subsanar algunos problemas presupuestarios que se lo impidieron hacer en septiembre pasado.
