Hace ya un mes y medio que no rige el Decreto 514/2021, que permitía a una persona seguir percibiendo planes sociales, como la tarjeta Alimentar o aquellos del programa “Potenciar Trabajo”, aún si conseguía un empleo temporario.
En el ámbito rural, esa norma había solucionado un histórico conflicto para las economías regionales, que suelen requerir mano de obra estacional y se encontraban con que muchos no querían arriesgarse a perder su beneficio. Para el empleador, eso significaba también exponerse a recibir sanciones si los incorporaban de forma irregular.
Pero, a pesar de las advertencias que ya había volcado la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) antes de que se venciera, el Ministerio de Capital Humano hizo oídos sordos y decidió no prorrogarla. Hoy, ya se ven los efectos en ciertas actividades y desde el gremio estiman que hay unos 120.000 trabajadores que se ven afectados.
“La caída del decreto genera incertidumbre y retrocesos que el campo argentino no puede permitirse en estos tiempos”, expresó José Voytenco, secretario general de la UATRE y presidente del RENATRE, quien el pasado 22 de agosto envió una nota a la ministra Sandra Pettovello para pedir por la prórroga del decreto, que dejó de estar vigente desde el 1 de septiembre.
Y agregó: “La compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, es una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen con su esfuerzo la producción nacional”.
Las señales de alerta, que ya advirtió Bichos de Campo recientemente, ya se encienden en la producción de arándanos de Concordia y en las chacras misioneras, y de seguro se seguirán extendiendo conforme avance la actividad en las economías regionales.
Es que lo particular de este caso está en que tanto desde el sector trabajador como desde el empleador solicitan que se reestablezca la compatibilidad, una medida que, asegura Voytenco, “benefició a las familias migrantes y a las economías regionales, que requieren mano de obra local y formal para sostener su productividad”.
En ese sentido, desde el otro lado de la vereda, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) impulsa un proyecto de Ley para evitar que su vigencia esté supeditada a las voluntades políticas y que se convierta en una norma permanente.
Quien lo impulsa es la senadora salteña Nora del Valle Giménez, que preside la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
“El objetivo es generar condiciones de formalidad y dignidad para los trabajadores, reconociendo el rol de la seguridad social como herramienta fundamental de desarrollo y de arraigo”, expresó la legisladora en sus redes sociales.
El proyecto integra una batería de medidas para atender a la crisis en las economías regionales y ya cuenta con estado parlamentario.
