El uso de los warrants como herramienta financiera dentro de la cadena agroindustrial alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros, consolidando a este instrumento como una de las claves para el financiamiento de productores, acopios, cooperativas e industrias en un contexto de restricción crediticia y necesidad de capital de trabajo.
Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que celebró este indicador. Es que durante el año pasado se emitieron warrants por 2.079 millones de dólares y 178.653 millones de pesos, marcando un récord en ambas monedas. En términos interanuales, los montos superaron los registros de 2024 en un 93% en dólares y en un 64% en pesos, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
Dentro del engranaje comercial del agro, el warrant funciona como una pieza central para transformar mercadería física en financiamiento. Se trata de un título de crédito negociable que representa una garantía real sobre productos depositados en almacenes generales de depósito habilitados.
En la práctica, esto permite que los granos, subproductos, insumos o mercaderías almacenadas sirvan como respaldo para acceder a créditos, financiar capital de trabajo o garantizar obligaciones comerciales.
En un esquema donde buena parte de la comercialización se apoya en el almacenamiento, la operatoria con warrants permite a los distintos eslabones de la cadena como productores, acopios, cooperativas, exportadores e industrias—, anticipar liquidez sin necesidad de vender inmediatamente la mercadería, mejorando el manejo financiero y la planificación comercial.
La versatilidad del instrumento también quedó reflejada en la diversidad de productos alcanzados. Según el informe oficial, los warrants emitidos abarcaron trigo, maíz, soja, girasol, tanto granos como aceites y harinas, además de azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, leche en polvo, cáscara deshidratada, yerba mate, envases, frutas, legumbres y otros productos, con operaciones distribuidas en 18 provincias.
Desde el punto de vista normativo, la operatoria está regida por la Ley N° 9.643, que fue actualizada mediante el DNU Nº 70/2023 y el Decreto Reglamentario Nº 640/2024. Estas modificaciones introdujeron cambios clave para flexibilizar el uso del instrumento, incorporar nuevos productos y modernizar la operatoria.
