El diputado de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, anunció este jueves en sus redes sociales, la presentación de un proyecto de ley redactado por legisladores de varios sectores, que apunta a formalizar la creación de mercados institucionales para bonos de carbono en la Argentina. Esto significa, ámbitos validados a nivel local para que los productores o emprendedores que hagan una efectiva mitigación de gases de efecto invernadero puedan ser retribuidos por otros sectores que emiten carbono.
“Junto a Alfredo de Angeli y legisladores de los bloques PRO, UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal, UxP y la Coalición Cívica, presentamos en el Congreso una iniciativa orientada a promover los proyectos para capturar, reducir y evitar emisiones de gases de efecto invernadero”, indicó Ferraro, quien agregó que la creación efectiva de un mercado de bonos de carbono “tiene un gran potencial para ayudarnos a cumplir nuestros compromisos climáticos, además de permitirnos ofrecer al mundo reducciones de emisiones mediante innovación tecnológica y soluciones basadas en la naturaleza (SBN)”.
Desde hace años que a los productores les dicen desde muchos sectores que si hacen bien las cosas en materia ambiental y aplican determinadas técnicas productivas (como la siembra directa o la ganadería regenerativa) serán premiados con bonos de carbono que pagarán empresas de otros lugares del mundo que (como las petroleras o los bancos) no lograrán nunca tener emisiones cero de Gases de Efecto Invernadero (GEI) o un balance neutro de carbono. Pero hasta ahora, esos mercados donde se encontrarían oferentes de bonos y quienes necesitan comprarlos son voluntarios y muy complejos parea acceder. Por eso desde el sector privado se consideró que creación de mercados institucionalizados dentro del país ayudaría a los objetivos.
Ferraro agregó que el texto del proyecto de ley fue escrito con la colaboración de sectores privados involucrados en la Mesa Argentina de Carbono, y “busca brindar seguridad jurídica para atraer inversiones y fomentar el desarrollo regional a través del mercado de créditos de carbono. Además, no requiere financiamiento público ni crea estructuras adicionales”, aclaró el presidente de la Coalición Cívica.
En su primer artículo, la norma consensuada por los diversos bloques afirma que “el objeto de la presente ley es establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para implementar proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero a través de los mercados de carbono voluntarios en todo el territorio nacional y de los mercados de carbono regulados a nivel internacional en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional”. Y aclara que esta paso se da “en cumplimiento de los objetivos detallados en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificada por medio de la ley 24.295, el Acuerdo de París, ratificado por la ley 27.270 y objetivos, acciones, instrumentos y estrategias en el marco de la ley 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global”.
En un segundo artículo, la iniciativa legislativa establece objetivos más precisos, como “promover el desarrollo y la implementación de proyectos para reducir, evitar y capturar emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio nacional”, “proponer y fomentar instrumentos económicos y financieros que optimicen la operatividad de los proyectos de mitigación” y “impulsar la integración de la adaptación al cambio climático en los proyectos de mitigación, valorando y monetizando los resultados positivos obtenidos”.
Más adelante se propone la creación de una figura llamada “Estándar de certificación de carbono”, que sería la persona jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que utilizando metodologías para la validación, aprobación y verificación de proyectos que reducen, evitan o capturan GEI se ocupará de la emisión de Certificados de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Reducidas, Evitadas o Capturadas (CEREC).
El CEREC será el instrumento emitido por un estándar de certificación de carbono, que acredita una unidad que representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) que ha sido reducida, evitada o capturada por parte de un proyecto certificado. “Puede ser denominado también como crédito de carbono”, aclara el proyecto.
En tanto se define como “Mercado de carbono”, el sistema que permite a los países, actores públicos y privados y otras entidades, comprar y vender Certificados CEREC “con el objetivo de
compensar, promoviendo la reducción de emisiones, sea que se encuentren obligados a reducir o compensar o lo realicen de forma voluntaria”.
Según la evaluación de los legisladores, que al avanzar con este proyecto responden a una insistente demanda del sector privado, “con un marco legal adecuado, el potencial de ingresos de estos proyectos podría superar los 1.000 millones de dólares al año, demostrando la compatibilidad entre el cuidado del ambiente y el desarrollo económico y humano”, apuntó Ferraro.
En el articulado del proyecto, se define que los proyectos que capturan carbono y deseen recibir parte de esos recursos en certificados o bonos de carbono, deberán inscribirse en el RENAMI (Registro Nacional de Proyectos de Mitigación al Cambio Climático) incluyendo su correspondiente Estándar de certificación. “El RENAMI tendrá alcance nacional, será público y podrá ser consultado por cualquier persona a través de medios remotos, gratuitos y abiertos habilitados por la Autoridad de Aplicación Nacional”, se establece.
Este es el proyecto completo:
