En la provincia de la Pampa hubo dos noticias en los últimos días referidas a la producción agrícola y el medio ambiente. Por un lado, el gobierno local dispuso la prohibición al comercio de agroquímicos ante la demora en la puesta en marcha de los Centros de Acopio y Tratamiento (CAT) de envases vacíos de agroquímicos. Por el otro, por la presentación de un proyecto de ley que regula las aplicaciones y que podría dejar fuera de carrera a unas 145 mil hectáreas sembradas sobre todo con girasol, según las estimaciones de dirigentes rurales.
Respecto de la primera prohibición a la venta de estos insumos, se espera que en el arranque de la semana haya novedades. En concreto, este lunes habrá una inspección al CAT ubicado en la localidad de Colonia Barón, que de ser favorable dejaría sin efecto esa medida. Desde Campo Limpio, la institución de la industria encargada de poner en funcionamiento los centros para retirar esos residuos dicen que está todo listo y que además comenzarán en breve a construir otro en Macachín.
Pero la cuestión de fondo se dirime en la Legislatura, ya que el gobierno pampeano de un proyecto de ley para restringir las aplicaciones terrestres de agroquímicos a 500 metros en torno a centros urbanos o escuelas rurales. Pero además, si prospera esa iniciativa, se deberá contar con la autorización municipal y la receta correspondiente para aplicaciones terrestres en los siguientes 2.500 metros. Según el proyecto de ley, en el caso de las aplicaciones aéreas la limitante sería de 3.000 metros.
Jorge Arocena, vicepresidente segundo de Carbap y referente de la sociedad rural de la localidad pampeana de General Pico, destacó en Bichos de Campo el impacto a nivel productivo que tendría esa última medida.
Escuhá la entrevista completa con Jorge Arocena:
“El girasol, en determinado estadio, sólo se puede fumigar en forma aérea por su altura, que puede llegar a los 2 metros”, por lo que la restricción pretendida por el gobierno “hará que unas 145 mil hectáreas del cultivo no puedan ser tratadas”, lo que pone en riesgo su continuidad. El cultivo viene cada año perdiendo espacio pese a que genera el aceite más consumido por los argentinos.
El dirigente rural (foto) dijo que “estamos de acuerdo con que haya limitaciones espaciales a las aplicaciones”, porque “queremos conservar el medio ambiente, somos parte de la población. El productor quiere que de manera normal consensuada se produzca sustentablemente dentro de los cánones que corresponden”, enfatizó.
Arocena dijo que se están preparando para el debate legislativo que esperan arranque pronto. “Tenemos la esperanza y en algunos casos la promesa de legisladores de que vamos a ser llamados para cambiar opiniones y tratar de modificar cosas que vamos a fundamentar. Esa es la esperanza que tenemos porque así el proyecto de ley ocasiona problema serio para poder producir”, dijo.
Agregó que “vamos a ir preparados y vamos a encarar esto en tres puntos: la parte de sustento técnico (vamos a tener un informe para los legisladores sobre los efectos de las aplicaciones), en una parte legal en la que se evaluarán derechos y obligaciones, y una parte más sensible que tiene que ver con la salud pública”.
