La semana pasada el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental en Argentina. Por 59 votos afirmados se dio el visto bueno a una iniciativa que contaba con media sanción en Diputados desde marzo de este año y que traía el apoyo de los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible).
Con esta sanción surge por primera vez en Argentina una ley nacional cuyo objeto es la educación ambiental. Pero, ¿en concreto qué define? En primera instancia, promueve el desarrollo de una “Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral” (ENEAI) y de “Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental” (EJEAx), las cuales se proponen garantizar la creación de un área específica para la educación ambiental dentro de las carteras ambientales del gobierno nacional.
Su propósito general es la promoción de la concienciación y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”
Entre otras cosas, la ENEAI deberá generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); impulsar la capacitación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales; y elaborar, publicar y distribuir materiales de educación ambiental oficiales y gratuitos.
La ENEAI y la EJEAx estarán a cargo de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal de Educación (CFE).
El proyecto modifica además la Ley 26.206 de Educación Nacional para incorporar un artículo sobre la exigencia de implementar contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones del país. Y se agrega que, con motivo de celebrarse el 5 de junio de cada año el Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el “Compromiso Ambiental Intergeneracional”.
La aprobación de esta ley, a la que algunos quieren llamar “Ley Pino Solanas” por su lucha por el medioambiente, representa la concreción de un proceso de debate, que comenzó en 1994 con el primer proyecto presentado en el Congreso que mencionaba a la educación ambiental como objeto.
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Incluso el proyecto aprobado toma como antecedente a otros 11 proyectos, entre los que se destacan uno de la diputada Marta Maffei y de la diputada Adriana Puigróss, que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.
“Construir una Argentina sostenible requiere de un enorme cambio cultural, la forma más efectiva de lograrlo es a través de la educación. Espero que luego de la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo haga una convocatoria amplia y honesta donde no solo la academia, sino también el sector productivo y las organizaciones de las sociedad civil, especialmente los jóvenes, estén sentados en la misma mesa elaborando los contenidos y las estrategias”, expresó la senadora bonaerense Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara alta.
Desde Chaco, Antonio Rodas, vicepresidente de la Comisión de Ambiente del Senado nacional, consideró que la ley era una deuda de la democracia y que “los temas ambientales afortunadamente han llegado para quedarse; la educación en esa materia es el legado que le dejaremos a nuestros hijos y nietos como punto de partida para el cuidado de nuestra casa común”.
Por su parte el senador entrerriano Alfredo de Angeli festejó la aprobación de la ley, pero señaló que este tipo de proyectos deberían pasar por la Comisión de Agricultura –de la cual es vicepresidente- ya que “tenemos mucho que aportar”, y recordó lo sucedido con la Ley de Manejo del Fuego.
La flamante Ley de Educación Ambiental aguarda por su promulgación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
