Como si el sector de la maquinaria agrícola nacional estuviese de parabienes, el gobierno nacional salió a festejar con un comunicado de prensa el incremento grandioso que tuvo durante el último año la importación de equipos usados desde el exterior.
Si bien se trata de un número menor, el comunicado brilla por su oportunismo, pues en las ultimas horas se conocieron enormes y dolorosas crisis en las 3 empresas de maquinaria agrícola autopropulsada de capitales nacionales, además de otras destinadas al desarrollo de sistemas de agricultura de precisión.
Además, el dato que brindó el gobierno a través del Senasa nunca había sido difundido hasta ahora, donde cientos de trabajadores se encuentran en la calle o dentro de la fábrica tomándola a modo de protesta y en búsqueda de respuestas para poder llevar un plato de comida a su casa.
Asistiendo a lo que quizá sea la crisis más letal de la industria de la maquinaria local, posiblemente con tintes de terminal, el gobierno encubrió un mecanismo sanitario para regocijarse de quienes están sufriendo. En este caso, además, no solo sufren los trabajadores, sino también los empresarios al mando de las fábricas, que ven como sus vecinos dependen de colectas que organizan las comunidades para llevar comida o pañales a los afectados. En ningún caso, estamos seguros, se trata de “kukas”, mote que utilizan desde el ámbito oficial a quienes se resisten a evitar que la industria nacional desaparezca.
“En lo que va del año 2026 han ingresado al país 214 maquinarias, lo que representa un notorio incremento, respecto del mismo período del año 2025 (donde se habían fiscalizado 61) con el consiguiente aumento de las inspecciones y controles fitosanitarios realizados en la terminal portuaria”, dice un comunicado oficial publicado en la web de Senasa.
El dato no caería mal si no estuviese la industria en crisis letal. “Las maquinarias arriban a la Argentina, provenientes en su mayoría desde los Estados Unidos y la Unión Europea. Personal del Centro Regional Buenos Aires Norte lleva adelante inspecciones exhaustivas tanto documentales como físicas de las maquinarias, con el objetivo de prevenir que se introduzcan plagas y así proteger el patrimonio fitosanitario nacional”, agregan luego. Uno puede estar a favor o en contra de la medida, pero lanzar este comunicado ahora demuestra una crueldad pocas veces vista antes.
El dato tampoco ayuda. 214 equipos en lo que va del año representa el doble de las cosechadoras patentadas en el país como cero kilómetros de octubre según el dato del reciente reporte de ACARA. Visto de otro enfoque, los equipos usados del exterior son casi un 4% del total de maquinaria local que se expendió por los concesionarios locales. Si bien el dato no es impresionante, para empresas locales, cada venta vale. Y mucho.
Pauny, Metalfor, Vassalli y Plantium son cuatro compañías con trayectorias y actividades diferentes, que quedaron recientemente en el centro de un deterioro que combina caída de ventas, dificultades financieras, pérdida de competitividad y una competencia importada cada vez más fuerte. Ahora, entre las causas de las respectivas crisis, debemos sumar a la importación de maquinaria usada.
Los números del mercado muestran un escenario de estancamiento. Según ACARA, entre enero y octubre de 2026 se patentaron 5.649 tractores, cosechadoras y pulverizadoras, un 0,7% menos que en igual período de 2025. Pero detrás de esa aparente estabilidad hay comportamientos muy diferentes. Las cosechadoras crecieron 11,4%, los tractores cayeron 1% y las pulverizadoras retrocedieron 11,9%.
Uno de los datos más significativos es el avance de las nuevas marcas importadas, especialmente las chinas. La categoría «Otros» en tractores pasó de 382 unidades patentadas en los primeros diez meses de 2025 a 873 en 2026, un crecimiento del 128,5%. Ya representa el 19,7% del mercado. Mientras tanto, Pauny perdió 25,2% de sus patentamientos, John Deere 8,1%, New Holland 26,3% y Case 9,9%.
Cada empresa refleja una cara particular de esta crisis. Pauny enfrenta atrasos salariales, deudas bancarias superiores a los 30.800 millones de pesos y una fábrica tomada por sus trabajadores. Metalfor solicitó el concurso preventivo de acreedores con una deuda bancaria de 49.529 millones de pesos y 1.178 cheques rechazados por casi 9.500 millones. Además, sus patentamientos de pulverizadoras cayeron 44,5% interanual.
Plantium cerró temporalmente su planta de Villa Constitución y desvinculó a más de un centenar de trabajadores, en un contexto marcado por la competencia de tecnología importada a precios muy inferiores. Su crisis también arrastró a Gentec, proveedor del mismo grupo empresario, que acumula deudas bancarias por 4.000 millones de pesos y cheques rechazados.
Vassalli, por su parte, intenta reactivar su histórica fábrica de cosechadoras en Firmat después de sucesivas crisis, cambios de propietarios, deudas y paralización productiva. En los primeros diez meses del año patentó apenas una máquina, frente a las once del mismo período de 2025.
El problema excede a estas cuatro compañías. La reducción de la producción repercute sobre proveedores, talleres metalúrgicos, trabajadores y economías regionales enteras. La maquinaria china, sumada ahora a la importación de usados, introduce una presión adicional sobre los precios y obliga a los fabricantes argentinos a actualizar sus productos, invertir y ganar eficiencia. Pero las dificultades de financiamiento, la pérdida de escala y los problemas acumulados por cada empresa complican esa respuesta. El resultado es una industria en crisis histórica, a la que el gobierno nacional se le ríe.
“El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), continúa con sus tareas de inspección fitosanitaria a maquinarias e implementos de uso agrícola usados, que ingresan al país, proveniente de diversos lugares del mundo, a través del puerto de Zárate. El objetivo es dar cumplimiento a los requisitos solicitados por la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) que contempla: limpieza externa e interna de la maquinaria, que esté libre de suelo, restos vegetales y plagas, que haya sido sometida a uno de los tratamientos cuarentenarios aprobados por Argentina y que posea certificado fitosanitario emitido por la autoridad de origen”, explican a modo de regocijo las autoridades nacionales.
