En el Boletín Oficial de este lunes 10 de mayo se publicó el decreto 322/2021, que prorrogó por dos meses más el régimen de promoción de los biocombustibles sancionado en 2006 y que vencía dentro de 48 horas. De este modo, el kirchnerismo tiene hasta el 12 de julio para intentar aprobar un proyecto propio presentado en Diputados. De lo contrario la prórroga durará hasta que la política se ponga los pantalones largos y pueda discutir con seriedad sobre el asunto.
“Extiéndese la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establecido por la Ley 26.093, hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, lo que ocurra primero”, dice el primer y único artículo importante del decreto de último momento firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Desde hace más de cuatro o cinco años que el sector productor de combustibles a partir de cultivos y no de petróleo, por lo tanto renovables, pretendía discutir un nuevo marco que reemplace al que impulsó el ex presidente Néstor Kirchner en 2006. Querían incluso amplificar la cantidad de combustibles verdes utilizados, hasta el doble del valor actual, copiando modelos que existen en otras partes del mundo. La política, ausente de los problemas terrenales de quienes producen cosas en este país, ignoró este debate por completo.
Finalmente los productores de biodiésel y bioetanol no lograron ese objetivo y, por el contrario, a último momento la pereza (o desidia) de la política decidió prorrogar ese régimen, lo que implicaba no elevar el corte obligatorio de los combustibles fósiles sino simplemente mantener la tasa actual, que es del 10% para el gasoil y del 12% para las naftas. Se hicieron añicos los sueños de elevar el corte al 20 o 25%.
En medio de la modorra de la política idiota (en el buen sentido, porque el diccionario define al idiota como “que es poco inteligente”), en octubre pasado el Senado por unanimidad, pensando que se agotaban los plazos para una discusión, votó la prórroga del régimen que habilita el corte a precios regulados por el gobierno con biodiesel (elaborado a partir de la soja) y bioetanol (que se produce con maíz o con caña de azúcar).
Se pensaba que sucedería lo mismo en Diputados, y que todo quedaría como estaba: la Argentina así se perdería la chance de profundizar su política pública de reemplazo de combustibles fósiles por otros de origen vegetal, renovables.
En Diputados la cosa se fue demorando hasta que se supo que el plan del oficialismo liderado allí por Máximo Kirchner, el hijo de Néstor, no era estirar la vida útil del programa estatal de biocombustibles sino modificarlo, para habilitar incluso una posible reducción del corte obligatorio, sobre todo de biocombustibles elaborados a partir de cultivos pampeanos (la caña de azúcar que se produce en el NOA mantendría su participación).
Una decisión en tal sentido favorece con claridad a las petroleras, que están obligadas a comprar biocombustibles para efectuar dicho corte a los precios oficiales fijados por la Secretaría de Energía de acuerdo a una fórmula que debe asegurar cierta rentabilidad a los biofabricantes y que resigna impuestos para el propio Estado.
Esas compras a las petroleras, con YPF a la cabeza, les resultan mucho más onerosas desde que en octubre de 2020 comenzaron a subir los pecios internacionales de los granos, sobre todo soja y maíz. Al Estado también le cuesta, porque deja de recaudar tributos por exportaciones de esos granos, ya que se convierten a biocombustibles.
En el reinado de la improvisación, el proyecto de los diputados kirchneristas se conoció recién hace pocos días. No le quedó al oficialismo más tiempo que para presentarlo ante la comisión respectiva de energía, que ni siquiera pudo aprobar el dictamen. Mientras tanto, los días se consumían y se acercaba el 12 de mayo, día de fenecimiento del régimen vigente y por lo tanto la fecha en que las petroleras quedarían exceptuadas de tener que hacer el corte determinado por la ley de 2006.
“Cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el Marco Regulatorio de Biocombustibles en el que se definirá el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país”, dice el decreto, dando a entender que esperará la discusión de la iniciativa presentada por diputados cercanos a Máximo Kirchner.
Curiosamente esta decreto que prorroga por 60 días la vida útil del régimen vigente no dice nada de la media sanción de su continuidad por parte del Senado. Allí incluso votó a favor la mamá de Máximo, viuda de Néstor, la vicepresidente Cristina Kirchner.
El final de la prórroga, hasta el 12 de julio, coincide con los tiempos de ebullición proselitista para la elección de medio término, en el que el gobierno de Alberto Fernández se juega buena parte de su crédito. Lo más probable entonces es que un tema que debería ser debatico con argumentos técnicos termine politizado, incluso con las peores cartas de la política.
Por suerte, el decreto deja aclarado que si el oficialismo no tiene la posibilidad de aprobar una nueva ley, el régimen vigente durará hasta que finalmente el Congreso defina un nuevo esquema para la incorporación de combustibles verdes a la matriz energética argentina.
En este país, está visto, eso puede llevar años.
