Once entidades que representan a la cadena de valor agroindustrial argentina manifestaron que el proyecto de biocombustibles elaborado por el oficialismo “puso en estado de alerta” al sector porque “su eventual sanción pone en riesgo de desaparición a muchas empresas que invirtieron cientos de millones de dólares y que aportan empleo y beneficios ambientales, sociales y económicos en todo el país”.
“Consideramos que el proyecto presentado va a contramano con las tendencias ambientales mundiales, reduciendo drásticamente el uso de biocombustibles y cerrando toda posibilidad de crecimiento de la actividad”, advirtieron.
Las entidades, por medio de un comunicado, recordaron que los biocombustibles “permiten una reducción de 70% en la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a los combustibles fósiles y son la herramienta privilegiada para disminuir el fuerte impacto ambiental y sanitario de los combustibles fósiles, en particular con el nuevo impulso mundial al Acuerdo Climático de París y el plan del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, para una revolución de energía limpia y justicia ambiental”.
La iniciativa oficial, que ingresó ayer al Congreso, establece una reducción de la mezcla de biodiésel en diésel del 10% al 5%, pudiendo bajar incluso al 3%, y abre las puertas a una disminución del 12% actual al 9% en el caso del bioetanol, discriminando injustamente a las plantas productoras en base maíz al hacer caer dicha reducción exclusivamente en las mismas.
“De aprobarse este proyecto de ley, la industria bioenergética iniciará un camino de decadencia en vez de transformarse en un vector de desarrollo económico, ambiental, social y regional como fue hasta ahora”, alerta el comunicado.
El sector de los biocombustibles considera que con el proyecto presentado se desperdicia todo el valor agregado, las inversiones realizadas y la productividad que ofrece el campo y la agroindustria, para privilegiar el desarrollo de la actividad de refinación de petróleo.
“Cualquier eventual reducción de las mezclas atenta contra la legislación vigente, principalmente en cuanto al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París de 2016, firmado por la Argentina en la sede de la ONU y ratificado por la Ley N° 27.270, incluido en la Ley Nacional Ambiental N°25.675 de 2002”, sostiene el texto firmado por la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de Bioetanol de Maíz, Maizar, AcSoja, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Bolsa de de Cereales de Buenos Aires y Bolsa de Comercio del Chaco.
Por último, el sector indicó que “espera que haya una prórroga de la ley actual (que vence en mayo próximo), tal cual fue aprobada por unanimidad en el Senado, y que durante el transcurso de la misma se pueda tener oportunidad de debatir seriamente el futuro de los biocombustibles, evitando así que se imponga un proyecto improvisado que perjudica a toda la cadena de valor de la soja y del maíz”.
