Tras conocerse el resultado de la votación en Diputados del proyecto de ley de Presupuesto 2019 y de los cambios en el impuesto a los Bienes Personales, algunas entidades de productores festejaron como una victoria que se hubiera logrado poner freno a lo que consideraban un nuevo manotazo de la política sobre el sector privado. Pero la realidad parece no justificar tanto festejo.
“No hubo mejoras para el campo. En todo caso se evitaron perjuicios mayores. Pero el sector no recibió en este Presupuesto un tratamiento mejor que el de este año. Por el contrario, podría estar pero”, sostuvo Andrés Domínguez, de Red Consultora, quien explicó que si Senadores vota el proyecto tal como quedó redactado el gobierno nacional podría elevar las retenciones a la soja al 30% cuando las que rigen ahora son de 28%.
Es que en materia de retenciones, en definitiva el Gobierno renunció a subirlas al 33% pero quedaría habilitado para que sean mayores a las actuales. Lejos, muy lejos, parece haber quedado la propuesta de campaña de eliminación de todas las retenciones y de una baja progresiva para los derechos de exportación tributados por la soja y sus derivados.
Otro punto importante es el de las facultades que tendría el Poder Ejecutivo para fijarlas. El proyecto votado quedó tal como estaba redactado originalmente, lo que implica el gobierno de Cambiemos (integrado por políticos que en 2008 decían todo lo contrario), tendrá ahora facultades hasta diciembre de 2020 para establecer cambios a su criterio, sin pasar por el Congreso, según explicó Florencia Ricchiuti de la Fundación Barbechando.
Pero, además, las retenciones para el resto de los productos podrían aumentar, también mediante decreto del PEN, hasta el 12%. En el supuesto de que esto sucediera (es decir que se aplique ese procentaje, “eso implica que si el dólar se va a 50 o 60 pesos, por ejemplo, las retenciones aumentarían respecto de los actuales 4 pesos. Es decir, sólo regiría para su cálculo el porcentaje y no ya el valor fijo como dice la norma actualmente”, agregó Domínguez.
En el resumen publicado por Barbechando se destaca además que las cooperativas de seguros y financieras que tengan un capital (medido como activo/pasivo en el último ejercicio fiscal) por encima de 50 millones de pesos, aportarían una alícuota de 4% como impuesto a las Ganancias. Y si ese capital es más de 100 millones, la alícuota sobre la base imponible sería del 6%.
El proyecto de ley además establece además un refuerzo al presupuesto de 400 millones de pesos para el INTA. Quizás uno de los pocos puntos para festejar.
En cuanto a Bienes Personales, y tal como lo informamos en Bichos de Campo, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas quedan exceptuados del pago de ese tributo cualquiera sea su destino o afectación.
“Lo que se teme en el sector es que esa renuncia de las autoridades nacionales se transforme luego en un revalúo fiscal de las propiedades que compensaría la pérdida de ingresos fiscales”, advirtió Dominguez.
En tanto, desde Barbechando explicaron que en principio y según lo acordado en Diputados “se tomarán las valuaciones fiscales de 2017 ajustadas por inflación hasta tanto se conforme la Comisión de valuación federal, creada en la Ley de Consenso Fiscal”. Ese organismo, denominado formalmente como , fue creado este miércoles por Decreto 938/2018 aunque su puesta en funcionamiento demandará varios meses.
