El director nacional de Control Comercial Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Luciano Zarich, firmó hace pocos días el expediente que le otorgó a la cooperativa de trabajo Frigocarne de Máximo Paz la matrícula para operar en el mercado como “Matarife Carnicero”. Se trataría de un trámite usual y cotidiano si no fuera que esta cooperativa tiene visibles ligazones con el gobierno, es uno de los grupos de faena más importantes del país y podría generar a partir de esta habilitación una competencia desleal con otras empresas frigoríficas y matarifes tradicionales.
La semana pasada, cuando el ministro del área, Julián Domínguez, se reunió en el Mercado de Liniers con representantes de toda la cadena de la carne, este tema surgió en la charla y el funcionario nacional se comprometió a ocuparse personalmente de evitar que el frigorífico de Máximo Paz fuera utilizada como pantalla para evadir impuestos y cargas sociales.
El temor existe dentro de la cadena porque uno de los empresarios que opera desde mediados 2018 en las instalaciones de la cooperativa es a la vez asesor directo del gobierno en materia de carnes. Se llama Eduardo Wenceslao Perdomo y proviene de un grupo empresario llamado Los Gansos. Estuvo a punto de ser formalmente designado como asesor del ex ministro Luis Basterra, pero una oportuna nota de Bichos de Campo impidió que eso se concretara y que Perdomo pudiera trabajar -al menos de modo visible- de los dos lados del mostrador.
La habilitación concedida por Zarich a Frigocarne Máximo Paz para operar como “matarife carnicero” no era la que pretendía esa empresa recuperada, que venía reclamando ser considerada dentro del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) como “matarife abastecedor”. Esa categoría la hubiera habilitado para realizar la faena de animales propios sin ningún límite. Eso es algo que está expresamente prohibido en la Resolución 21E/2017. En su inciso 4.5.4, tras definir qué es un matarife abastecedor, se dispone con claridad que “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.
¿Por qué se prohíbe que las cooperativas como Máximo Paz puedan operar con carne y ganado de su propiedad? Básicamente porque se sospecha que dichas cooperativas de trabajo no tienen dinero propio para adquirir tanta hacienda y entonces terminan siendo la pantalla de otros empresarios que le prestan el capital y operan bajo esa figura legal, con visibles ventajas respecto del resto de los operadores.
Hay varias cooperativas de trabajo del conurbano que son acusadas por los frigoríficos formales de evadir cifras millonarias en impuestos y cargas sociales. No solo por las ventajas habituales que les concede la ley por el simple hecho de ser empresas de la economía social (como no tributar Ganancias, por ejemplo). Sobre todo porque al ser sus trabajadores considerados como “socios” de una cooperativa no tributan las cargas sociales correspondientes. Quienes denuncian que esas figuras societarias son utilizadas como “pantalla” por otros grupos económicos privados argumentan que al no pagar ni los salarios de convenio, obra social, ni aguinaldo ni jubilación a sus trabajadores, pueden entonces tener una posición privilegiada a la hora de comprar hacienda. Sostienen que esto configura una “competencia desleal”.
Respetado veterinario de reconocida militancia en la UCR, el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), Marcelo Rossi, fue quien impuso este límite a las cooperativas durante el gobierno de Cambiemos, cuando las cooperativas de trabajo llegaron a concentrar cerca del 7% de la faena total de vacunos. Por eso razón la planta de Máximo Paz estuvo varios meses cerrada hasta que en junio de 2018 volvió a faenar de la mano de Perdomo y otros matarifes agrupados en torno de Los Gansos. En esa reapertura jugó fuerte también el cacique peronista del partido de Cañuelas, Gustavo Arrieta, actualmente a cargo de Vialidad Nacional.
Rossi permaneció en su cargo hasta marzo de 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández y con Basterra como ministro. Pero finalmente fue expulsado de mal modo del gobierno un viernes a las once de la noche, junto al ex secretario de Agricultura Julián Echezarreta. Ambos se negaban a reimplantar los controles sobre las exportaciones de carnes y granos que se sucedieron en los meses venideros, de la mano de Zarich y del nuevo secretario Jorge Solmi.
Pero Rossi, además, venía rechazando las presiones de sus superiores para modificar la mencionada Resolución 21/2017 y permitir así que Máximo Paz pudiera acceder a la matrícula de “Matarife Abastecedor” que tanto reclamaba.
Tras su remoción del cargo, el entorno de Rossi no dudó en identificar a Diana Guillén, jefa de gabinete de Basterra y ahora de Julián Domínguez, como la principal fuente de dichas presiones. Guillén, ex presidenta de Senasa en el último gobierno de Cristina Kirchner, ha sido además la coordinadora del tema agropecuario en el Instituto Patria. Guillén recibió a los representantes de esa y otros frigoríficos recuperados el 3 de junio. Fue esa la única agrupación del sector que apoyó el cepo a las exportaciones de carne vacuna dispuesto por el gobierno.
Las presiones sobre Agricultura para que gestione el salvoconducto que necesitaba la cooperativa Máximo Paz para operar con animales propios habían comenzado tiempo antes. En junio de 2020, por ejemplo, esa empresa recuperada habilitaba una carnicería en Máximo Paz y en un comunicado declaraba su desazón porque sin la matrícula de matarife abastecedor debía “comprar medias reses de terceros” lo que supuestamente encarecía sus costos.
Por supuesto, desde la mirada de quienes manejan la cooperativa el discurso es muy diferente. El pasado 9 de noviembre, en su muro de Facebook, los socios de Frigocarne recordaban que “se cumplen aproximadamente 3 años desde la fuerte persecución política, realizada por la alianza Cambiemos a nuestra Cooperativa. Solo desde nuestro humilde lugar pedimos a los trabajadores y trabajadoras que el 14, tengamos memoria y conciencia de clase”.
Lo cierto es que desde el desembarco del empresario y asesor Eduardo Perdomo como gerente operativo, en mayo de 2018, la cooperativa de faena no puede quejarse demasiado por su desempeño, ya que su volumen de trabajo creció de 31 mil bovinos en la segunda mitad de 2018 a 114 mil cabezas en 2019 y 143 mil animales en 2020. Entre enero y noviembre de 2021, según los datos oficiales, se faenaron allí 118 mil vacunos. Claro que bajo la matrícula de “matadero frigorífico” y no como “matarife abastecedor”. La diferencia es sustancial para evitar una posible maniobra de evasión: los animales necesariamente deben ser aportados por un tercero bien identificado y que tributa impuestos por ello.
Si se suma las casi 35 mil cabezas faenadas por Los Gansos, del que proviene Perdomo y que habilitó otra planta frigorífica propia en la localidad de Plomer, el asesor del Ministerio de Agricultura aparece al frente de uno de los diez principales grupos de faena que operan en la Argentina.
Como finalmente la Resolución 21/2017 no pudo ser modificada pese a las visibles presiones que surgen desde el oficialismo, Zarich, un contador que llegó a la ex ONCCA luego de participar en el intento de intervención y expropiación de la aceitera Vicentin, le otorgó ahora y en silencio a Frigocarne Máximo Paz una matrícula en el RUCA como “matarife carnicero”.
“Se entenderá por tal a quien faene hacienda propia en establecimientos de terceros, en volúmenes mensuales de hasta 50 cabezas vacunas, para el exclusivo abastecimiento de carnicerías y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en localidades de hasta 10.000 habitantes”, define la normativa vigente sobre esta figura legal ante el RUCA. Como se ve, esta matrícula quedó a mitad de camino de lo que pretendía el frigorífico de Cañuelas, pues pone límites tanto a la cantidad de la faena habilitada como para la población objetivo. Máximo Paz tiene bastante más de 10 mil vecinos.
De todos modos, será muy difícil (o imposible) saber con certeza como utilizará la cooperativa de trabajo su nueva matrícula, porque el propio Zarich montó un blindaje informativo que parece hecho a medida de esta planta. ¿Qué hizo? En los últimos meses discontinuó la información pública que la ex ONCCA difundía desde la gestión de Rossi y que discriminaba entre la faena realizada en cada planta de faena (sea cooperativas o frigoríficos tradicionales) y los verdaderos propietarios de la hacienda.
Así, ahora no se puede saber qué grupos de matarifes operan en la planta de Máximo Paz ni de quién son los animales que allí se procesan.
