Un cargo de bajo perfil, pero estratégico, sigue vacante en la administración pública nacional: se trata del área relativa a la gestión de los puertos y las vías navegables.
Como es usual en tales casos, diferentes grupos en el ámbito de la coalición de gobierno encabezada por el presidente Javier Milei están impulsando sus propios candidatos para ocupar ese cargo clave.
Uno de los nombres que integran la lista de posibles candidatos es Mario Raúl Goicoechea, actual gerente ejecutivo de la Cámara Industrial, de Producción y Servicios del Puerto de Quequén (Caproq), quien en 2015 fue candidato a intendente en Necochea por el Frente para la Victoria.
Goicoechea, ingeniero electrónico con una maestría en gestión portuaria por la Universidad de Cádiz, tiene amplios contactos en todo el espectro político del peronismo. Fue dos veces presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén (2007/2009 y 2016) y entre 2003 y 2012 estuvo a cargo del Programa de Modernización Portuaria de esa institución.
Uno de los temas “calientes” por resolver en el área es el cobro unilateral por parte de la Argentina de un peaje en el tramo superior de la Hidrovía del Paraná, lo que provocó un conflicto diplomático con Paraguay que a la fecha sigue vigente.
En las últimas semanas, tanto el gobierno paraguayo de Santiago Peña como los integrantes del sector agroindustrial guaraní bajaron los decibeles del reclamo realizado a la Argentina ante la expectativa de que la gestión de Milei promueva una pronta resolución al conflicto.
Sin embargo, la falta de definición al respecto, junto al nombramiento de otros ex funcionarios del ex ministro Sergio Massa en el Poder Ejecutivo –como Flavia Royón en Minería y Mario Russo en Salud– comenzaron a generar suspicacias en el país que es el principal proveedor de soja de la Argentina.
El cobro unilateral de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto en el tramo superior del río Paraná, comprendido desde su confluencia con el río Paraguay hasta el Puerto de Santa Fe, generó este año un perjuicio a las empresas paraguayas que emplean esa vía de comunicación tanto para exportar como para exportar bienes esenciales de su economía. También afectó a firmas bolivianas, brasileñas y uruguayas, aunque en menor magnitud.
En noviembre pasado funcionarios de la Cancillería argentina y la Administración General de Puertos coordinaron una recorrida por el tramo superior de la Hidrovía con representantes de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) pertenecientes a los gobiernos de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
En la recorrida, los argentinos mostraron en qué consiste el servicio de balizamiento que supuestamente justifica el cobro del peaje, pero los delegados del resto de los países indicaron que tal servicio no sólo no facilita la navegación por ese tramo de la Hidrovía, sino que incluso en algunos casos la dificulta.
Los representantes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay indicaron que el pago de un peaje en la zona se justificaría en caso de que la Argentina brinde un servicio efectivo que permita agilizar la navegación y brindar condiciones de seguridad a las barcazas que transitan ese sector del Paraná. Para eso sería necesario implementar un sistema de boyado fluvial adecuado que respete los canales naturales presentes en ese tramo del río, además de realizar batimetrías permanentes que generen alertas en tiempo real de cambios en las condiciones de navegación.
