Hace unos días, a todos quienes más o menos conocen la actividad agropecuaria nos conmovió una entrevista de Canal Rural a un productor agrícola del Chaco que contaba sus penurias debido al exceso de lluvias.
Darío Della Savia trabaja 600 hectáreas de girasol y algodón en la zona de Santa Sylvina, pero la mitad de esa superficie le quedó bajó el agua. Pero en el video no se quejaba tanto de la inclemencia climática sino sobre todo del abandono de las autoridades y, especialmente, de la altísima presión fiscal.
Los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Julio Calzada y Sofía Corina, se tomaron unos días para analizar por qué se quejaba tanto Darío sobre el impacto de los impuestos. La conclusión del trabajo es que por estos días los productores agrícolas del norte no sufren solo una sino dos inundaciones: una la provoca el agua y la otra la voracidad fiscal de un Estado que, como siempre se dice, es socio en las buenas pero nunca en las malas.
Muchos se quejan de la ausencia de obras y de políticas públicas en la región. Eso es lo que falta. Pero según el informe de la BCR, “lo que invariablemente está presente -tanto en inundaciones como en sequías- es la elevada presión tributaria que ejerce la conjunción de una gran cantidad de tributos nacionales, provinciales y comunales”.
La inundación de impuestos viene por arriba, por abajo y por el costado. Por todos lados. “Hay gravámenes de todo tipo: derechos de exportación, impuesto a las ganancias, a los bienes personales, ingresos brutos, tasa vial para mejora de caminos, tasas comunales, impuesto inmobiliario rural, impuesto a los débitos y créditos bancarios, impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), etcétera”, enumeran Calzada y Corina.
Darío a esa presión suma las percepciones de tributos que impone la AFIP a los productores, especialmente a partir de la vigencia del SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola) desde diciembre pasado. El SISA, que fue presentado como una “simplificación” para los productores, terminó generando un régimen de evaluación de riesgo que perjudicó a muchos chacareros que son considerados “de riesgo” y sufren descuentos compulsivos en la primera venta de sus cosechas.
En este escenario, los economistas de la bolsa realizaron una “simulación matemática” para medir la presión impositiva que sufre un productor agropecuario de la región que hoy padece inundaciones, como Darío y tantos otros. Toma como parámetro un cultivo de soja de primera en 300 hectáreas de campo propio, ubicado a 700 kilómetros de distancia de los puertos y fábricas del Gran Rosario. Hay entonces elevados costos de transporte.
¿Qué pasaría si el sistema tributario tuviera solamente un único Impuesto a las ganancias y elimináramos el resto de los tributos que hoy se cobran, incluso los derechos de exportación? ¿Cuál sería la alícuota de ese impuesto único a las ganancias que permitiría recaudar la misma cifra que hoy todos los gobiernos cobran a través de múltiples impuestos? Esas fueron las dos preguntas que se hicieron los economistas.
El resultado del ejercicio, una vez más, demostró que esta inundación no solo moja sino que también ahoga a los productores. Y es que la suma de todos los impuestos que debe pagar actualmente este productor hipotético equivalen a un único impuesto a las ganancias de casi el 78%. Es decir, de cada 10 pesos de ganancia generados por el productor, 8 deberían ir a parar a manos de la burocracia estatal.
“Se trata de una alícuota impositiva realmente elevada. Recordemos que la alícuota máxima para una persona física en este impuesto es actualmente del 35%”, acotaron los especialistas tras su estudio. Por supuesto que las retenciones a la exportación, definidas en 29% para esa soja, colaboran a elevar la presión impositiva a estos extremos.
Con semejante presión fiscal, los productores como Darío terminan siendo el pato de la boda. Según el informe de la BCR, “los números muestran que un productor dueño de su campo -con esfuerzo a lo largo de todo el año- siembra soja y recibe por hectárea un ingreso bruto de 611 dólares. Luego de pagar todo, le quedan finalmente 104 dólares por hectárea”. Es apenas el 13% de la ganancia que genera.
Mientras esto sucede, “los gobiernos nacional, provincial y comunal –con todos sus impuestos y retenciones- recibiría por la actividad de este productor aproximadamente 343 dólares por hectárea”, unas tres veces más o el 39% de la facturación. “Se trata de una desproporcionada carga fiscal que no premia en absoluto el esfuerzo productivo”, dicen los economistas.
Esto en una situación normal, porque sin producción (como sucede ahora en muchos campos del norte que quedaron bajo el agua, sin chances de ser sembrados) los ingresos del productor se reducen a cero.
Los economistas rosarinos también calcularon que los diversos estados recaudan en una situación normal cerca de 892 millones de dólares por la soja implantada en las provincias del norte. Esto a partir de la siembra de 2,6 millones de hectáreas en esa región.
“Laburamos gratis”, fue una de las frases de Darío que más ruido hizo. Habría que agregar que, en oposición, muchos de los funcionarios del estado que abrevan de los impuestos cobrados a los productores “cobran por no laburar”. La falta de obras, la falta de ayuda y hasta la falta de previsiones así lo confirmarían.
