El Índice trimestral que elabora FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) sirve para entender bastante bien de qué se quejan y por qué protestan los productores de granos de la región pampeana. El gobierno elevó esta semana dos puntos las retenciones que tributan los subproductos de la molienda de soja (harina y aceite) y se supone que ese dinero debería salir de los bolsillos de las industrias aceiteras, que hasta ahora tributaban 31% mientras que le descontaban 33% a los productores.
Ese es al menos el argumento del gobierno que repiten muchos de sus comunicadores: ¿Por qué han comenzado los chacareros con los tractorazos y las asambleas si a ellos no les subieron los impuestos?
Una de las razones es que todos en el negocio agrícola saben que las agroexportadoras finalmente se las ingeniarán para recuperar los 400 millones de dólares adicionales que recaudará el Estado con esta medida, descontando la plata de los precios pagados al productor. Pero ese temor no es la razón de fondo del malhumor agropecuario, sino la alta presión fiscal que ya soportaba el sector primario incluso antes de este nueva corrección de las retenciones.
El índice FADA mide cada tres meses justamente eso: cuánto dinero se va en impuestos de lo producido por una hectárea agrícola dedicada a la producción de soja, maíz, girasol o trigo. En su última versión, en promedio esa presión se elevó 1,7 puntos respecto de diciembre pasado. En ese momento era de 63,2% y ahora resultó ser de 64.9%. Quiere decir que de cada 100 pesos de renta que deja la actividad, casi 65 pesos deben destinarse -antes o después- al pago de impuestos.
Al difundir el nuevo dato, Nicolle Pisani Claro, economista de FADA, explicó que esta mayor presión fiscal no tiene que ver con la última suba de retenciones sino con múltiples factores registrados en estos últimos tres meses estivales. “Aún con la importante suba de precios, pesaron más los menores rindes esperados como consecuencia de la sequía, los mayores costos de producción y el atraso del dólar oficial respecto a la inflación, por esto la suba del índice en relación al índice pasado”, indicó.
Las pérdidas que dejó la sequía son más relevantes para esta cálculo que los movimientos que pudieran tener las retenciones y los precios internacionales. “Al tener rindes menores (menos toneladas por hectárea), la producción es menor, por lo cual hay menos ingresos por hectárea. Esto hace subir el índice por la participación relativa de los impuestos sobre esta renta”, comentó Pisani Claro.
El informe de FADA analiza los cultivos uno por uno y muestra que la participación del Estado sobre la rentabilidad de la soja es del 69,9%, en maíz del 56,1%, en trigo del 58,5% y en girasol del 56,2%. Hay que recordar aquí que la soja tiene una retención del 33%, mientras que el resto de los cultivos paga 12%.
En relación a las medidas anunciadas por el gobierno, todavía no impacta en este índice. Pero desde FADA se apuntó que la suba de los derechos de exportación del 31% al 33% al aceite y harina de soja afectarán los números del productor no a través de un incremento de los impuestos, ya que el grano tiene un DEX del 33%, sino a través de un menor precio percibido por la soja.
“Con la suba de la alícuota a los subproductos, la industria tendrá menor poder de compra, por lo que podrá pagar menos por el grano. La baja estimada en el poder de compra es de 15 dólares por toneladas. Así, es de esperar que, en promedio, el precio pagado al productor baje alrededor de este número”, revela la economista. Desde que se anunció el cierre de exportaciones previo a aplicar esa medida, la soja bajó casi 40 dólares en el mercado local.
La participación del Estado sobre la renta agrícola está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los nacionales no coparticipables representan el 68,8% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina, debido al peso de las retenciones. “Es el mayor nivel desde junio de 2019, momento en que FADA lo mide como parte de este informe”, aseguró Ariño. Se componen principalmente por los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Las tributaciones nacionales coparticipables entre Nación y las provincias representan el 25%. Acá tenemos principalmente el impuesto a las ganancias y los saldos técnicos de IVA. Las provincias reciben parte del 25% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. Así, los impuestos provinciales representan el 5,6% de los totales. Finalmente los municipales representan el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional.
“La vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación”, comentó Pisani Claro. Muy claro para interpretar el malestar de los productores.
