Hay un antecedente concreto de devolución de retenciones a los productores agropecuarios que fue un verdadero fiasco para muchos de ellos y que da sustento a la gran incredulidad que se apodera del sector cuando el gobierno nacional intenta articular este tipo de medidas. Entre 2013 y 2014,durante el gobierno de Cristina Kirchner, se lanzó el Certificado de Estímulo a la Producción Agropecuaria Argentina (CePaGa).
Tan malo fue el resultado de aquella experiencia -que por supuesto le sirvió al gobierno de turno para instalar la idea en la sociedad de que había una “segmentación” a favor de los pequeños productores, y así alimentaba el “relato”- que desde entonces los productores reaccionan mal frente a este tipo de anuncios.
La fallida experiencia del CEPAGA pudo ser reconstruida por Bichos de Campo a partir de un detallado análisis sobre los fideicomisos agrícolas publicado en la revista de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ese estudio se enfocó justamente en el Fideicomiso público CePaGa 13/14, que fue el que creó Cristina para tratar de compensar a los productores de trigo.
Por aquellos años, el cereal era una especie en extinción, por la combinación explosiva de retenciones que se ubicaban en el 23% y la intervención de Guillermo Moreno en el mercado, por vía de los ROE (permisos de exportación), que generaba una transferencia adicional de recursos desde los productores a los molinos y exportadoras. Si a nivel mundial el trigo valía 100, aquí los chacareros cobraban la mitad. Y por supuesto, evitaban sembrarlo.
Fue entonces que “el Estado Nacional utilizó el fideicomiso público como herramienta para llevar a cabo su política de fomento a la producción de trigo. El propósito fue mantener la rentabilidad de los productores trigueros para estimular la siembra del cereal, sin afectar los precios internos”, como reclamaba Moreno, quien por entonces se jactaba de su mentiroso kilo de pan a 2,50 pesos por kilo.
A través del decreto 516/2013, de fecha 09 de Mayo del 2013, se creó el “Fideicomiso CePaGa 13/14”. Lo firmó Cristina y todos sus ministros. En ese momento, a cargo de Economía estaba Hernán Lorenzino, pero luego su sucesor, el actual gobernador Axel Kicillof, seguiría con esta política.
Lo que trataba el gobierno kirchnerista era revertir el deterioro visible de la siembra de trigo, que a costa de retenciones y ROE se había achicado a los niveles más bajos en 100 años. La idea del CePaGa era “la transferencia a productores trigueros de los recursos obtenidos por el Estado Nacional a través del producido de los derechos de exportación del cereal y sus derivados”. Una devolución de las retenciones, como la que plantea ahora Alberto.
¿Y cómo se devolverían las retenciones? En forma proporcional a la producción declarada por cada productor ante la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI), el organismo que dependía de Moreno y que reemplazó a la ONCCA.
La idea del gobierno era devolver a los productores “un monto
equivalente a los recursos obtenidos a través del producido de los derechos de exportación de trigo y sus derivados”. Pero el fiasco fue tan grande que desde entonces los chacareros repiten la misma pregunta ante cada iniciativa de este tipo: ¿Por qué me sacan lo que después me dicen que me van a devolver?
El fideicomiso fue administrado por Nación Fideicomisos SA, que comenzó a recaudar los montos de retenciones cobradas por el Estado por la exportación de trigo y harina de la campaña 2013/14. Tan ambicioso era el plan oficial para recuperar la siembra del trigo que en el contrato de conformación del Fideicomiso se habló de un monto máximo de hasta 1.000 millones de dólares.
A la par se estableció un Consejo de Fiscalización para verificar la operatoria que expresamente excluía a los representantes de los productores, que estaban alineados en la Mesa de Enlace y habían colisionado con el gobierno de Cristina desde 2008. Era patético ese consejo: tenía representantes de Ciara-CEC, de las empresas ACA y AFA, de la FAIM y hasta de la inexistente Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), desde la cual un amigo personal de Moreno, el tambero Ider Peretti, traficaba permisos de exportación de trigo y maíz.
Cuenta el excelente trabajo de investigación que el 13 de enero del 2014, la disposición 1/2014 de la UCESCI aprobó el procedimiento para la transferencia del dinero a los productores de trigo, que iban a recurerar el dinero de las retenciones recién tras declarar sus datos de producción y stocks al 31 de enero de ese año. En aquel momento se aclaró que “todos los productores deberán poseer cuenta bancaria” para poder recibir el depósito. Y que “aquellas solicitudes que presenten inconsistencias tendrán los pagos suspendidos hasta tanto puedan subsanarse las mismas”.
Esa campaña, finalmente, la superficie sembrada con trigo fue de 3,6 millones de hectáreas, creciendo 15,4% pero muy lejos de los promedios históricos. El rendimiento promedio fue de 26,6 quintales. La producción a compensar redondeó 9,2 millones de toneladas, uno de los registros históricos más bajos. Solo quedaba un saldo para exportar de alrededor de 3 millones de toneladas.
El famoso CePaGa había comenzado a recaudar retenciones unos meses antes, a partir de septiembre de 2013, pero es recién a partir de enero de 2014 que se da un ingreso de fondos de manera constante. Finalmente, el monto final acreditado en la cuenta fiduciaria en concepto de retenciones ascendió a 451 millones de pesos.
Muy poco de ese dinero volvió al agro, como prometen ahora Fernández y su ministro de Agricultura, Luis Basterra. En la UCESCI se habían inscripto para recuperar las retenciones 10.373 productores de trigo, personas físicas o jurídicas. El total de toneladas declaradas por dichas personas fue de 4.793.300 millones.
Este es el primer gran inconveniente para este tipo de compensaciones: como la gente no cree en el beneficio, no es todo el universo el que se anima a declarar sus operaciones ante el estado (hay que recordar que además de Moreno, en aquel momento tallaba Ricardo Echegaray en la AFIP, quien ya era tristemente famosos por sus denuncias por corrupción con el manejo de compensaciones en la ex ONCCA).
Como sea, con la mitad del trigo declarado, para el Estado sería mucho más fácil cubrir el pago a las casi 5 millones de toneladas que sí se presentaron para cobrar las compensaciones. Pero eso no sucedió.
El total de la primera Orden de Pago que la UCESCI emitió fue por un total de 206 millones de pesos para todos los productores. Así, el reintegro que se alcanzaba a pagar con los fondos originados en las retenciones era de alrededor de 43 pesos por tonelada declarada.
Pero de esas órdenes de pago no todas llegaron a hacerse efectivas. Y del universo de 10.373 productores que supuestamente iban a recibir la transferencia bancaria, solo 5.730 recibieron efectivamente el dinero en su cuenta, por un total de 129 millones de pesos.
No se sabe bien por qué motivo (pero seguramente haya sido una decisión política), el Fideicomiso que había recaudado más de 400 millones de pesos por retenciones solo devolvió 129 millones a los productores. Y dejó sin pagar órdenes ya aprobadas por otros 77 millones.
Los productores que se quedaron esperando son 4.643. ¿Cómo pretender que ahora, seis años después, crean en la palabra oficial?
Cristina y Kicillof, a pesar de ese clavo, al año siguiente replicaron la apuesta por este sistema de compensaciones tan útil para su relato: el gobierno Nac&Pop era capaz de segmentar las retenciones a favor de los productores más pequeños. El 29 de diciembre de 2014 se abrió una nueva cuenta corriente llamada “CePaGa 14/15” para recaudar allí las retenciones dela campaña 2014/15. Allí además se transfirieron los dineros sobrantes de la campaña anterior.
Pero de allí nunca más salieron reintegros para los chacareros. Para diciembre de 2015, cuando el peronismo perdió las elecciones y Cristina dejó el gobierno, se habían acumulado allí 2.300 millones de pesos que con el tiempo fueron reingresados a Rentas Generales.
Más allá de este experimento de política pública, la superficie sembrada con trigo (y en consecuencia la producción) recipén volvió a crecer cuando el gobierno de Cambiemos eliminó las retenciones al cereal y sobre todo terminó con la discrecionalidad (y los negociados) de los ROE de Moreno y compañía.
Entre sus conclusiones, el trabajo académico indica que “el fideicomiso público es un instrumento que permite implementar un mecanismo de redistribución de la renta captada por el Estado”, pero a la vez aclara: “También se han puesto de manifiesto las dificultades con que suelen encontrarse los productores agropecuarios para
acceder al reintegro, ya sea por la falta de documentación, problemas impositivos, antecedentes comerciales y crediticios desfavorables, imposibilidad de demostrar ingresos, etcétera”.
Luego de este estropicio de política pública en manos de Cristina hubo una segunda experiencia de distribuir fondos públicos entre productores de granos, pero esta vez lo que se subsidiaba era la “distancia a puerto” de los productores de soja del norte del país, las del denominado Plan Belgrano. Sucedió en 2016 y en este caso el sistema funcionó y no recibió quejas. La administración la realizó el equipo de Marcelo Rossi desde la recuperada ex ONCCA, ahora denominada Dirección Nacional de Control Comercial.
Ya no estaban en el gobierno ni Cristina, ni Moreno, ni Echegaray y tampoco Kicillof. Y la CAPECO de Ider Peretti había desaparecido hace rato sin dejar rastros.
bien dicho