Días atrás todos los diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto legislativo que propone eliminar el régimen de promoción industrial del Tierra del Fuego y muchos se preguntaron la razón de esa iniciativa que generó tensiones en el ámbito de la coalición de Juntos por el Cambio.
La UCR difundió un comunicado para expresar un “rechazo tajante” al proyecto de la Coalición Cívica, mientras que el PRO, por el momento, prefirió llamarse a silencio.
Este miércoles se descubrió la razón detrás de esa iniciativa en un evento en formato virtual organizado por la Coalición Cívica que fue presidido por la propia Elisa Carrió y contó con la participación de Esteban Hernández, presidente de la Fundación Apertura, quien expuso un proyecto orientado a eliminar los derechos de exportación sin impacto tributario para el Estado nacional.
El proyecto en cuestión no es nuevo, pero sí lo es el hecho de que, por primera vez, un partido político lo toma como propio. ¿Y qué tienen que ver los derechos de exportación que afectan particularmente al campo con Tierra del Fuego donde no hay una sola plata de soja? Paciencia. Vamos por partes.
El trabajo de la Fundación Apertura proyecta que, al eliminar las retenciones, se generarían más ganancias en las empresas agropecuarias y eso implicará más recaudación por ese impuesto, que a su vez en parte se coparticipa con las provincias y, de esta forma, recibirían más fondos.
Pero además se incrementaría la recaudación por mayor actividad económica, dado que la quita de retenciones promovería la recuperación de áreas agrícolas hoy desafectadas por inviabilidad de costos de producción. Ese combo produciría 300.000 nuevos puestos de trabajo –que permitirían reducir planes sociales– y un ingreso adicional de divisas estimado en 10.000 millones de dólares anuales.
La propuesta, que en la Argentina puede parecer revolucionaria, implica en realidad copiar los que sucede en países vecinos como Bolivia, Paraguay, Uruguay o Brasil, donde, pase lo que pase, a ningún político de cualquier signo se le ocurre aplicar derechos de exportación porque conocen el poder dañino de esa herramienta.
Todo muy lindo. Pero el Estado nacional dejaría de recibir, inclusive con los beneficios generados por el crecimiento económico, una cifra muy abultada de recursos en un momento en el cual está imprimiendo dinero “a dos manos” para financiar el gasto público (a costa de una inflación galopante).
Aquí es donde entra en escena Tierra del Fuego, dado que la Fundación Apertura –y ahora también la Coalición Cívica– proponen eliminar el régimen de promoción vigente hace décadas en esa provincia para compensar lo que dejaría de recibir el Estado en concepto de derechos de exportación.
Las cifras no son poca cosa. El proyecto de presupuesto 2023 de la Administración Pública Nacional contempla para este año un gasto de 290.300 millones de pesos para destinar al régimen fueguino, mientras que para el año que viene ese número treparía a 519.700 millones de pesos.
“Los beneficios del régimen son percibidas por siete empresas que emplean a unas 7000 personas para ensamblar productos”, aseguró Esteban Hernández, presidente de la Fundación Apertura, durante la exposición en línea realizada este miércoles. “Se trata de una verdadera oligarquía”, sostuvo. Uno de los
Hernández además recordó que la contraparte del régimen es una estructura arancelaria y trabas burocráticas y cambiarias que encarecen por demás difícil la importación de electrodomésticos y artículos digitales, razón por la cual muchos argentinos tienen que “vender un riñón” al momento de renovar el teléfono celular o la heladera.
La referencia realizada por el presidente de la Fundación Apertura corresponde al grupo de familias que tienen su propio “coto de caza” en el territorio argentino, las cuales están integradas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (Afarte), de la que forman parte, por ejemplo, Mirgor de la familia Caputo (amigo personal de Mauricio Macri), Newsan de la familia Cherñajovsky y BGH de las familias Teubal y Hojman.
El proyecto de la Coalición Cívica contempla abonar una compensación, por el término de cinco años, para los trabajadores fueguinos desafectados de empresas que dejen de recibir los cuantiosos subsidios estatales.
“Lo más importante de la eliminación de los derechos de exportación es que el sector agroindustrial entrará en un círculo virtuoso de crecimiento similar al que se registra en Brasil, Uruguay y Paraguay”, resumió Hernández.
