Desde algunas confederaciones de las que integran CRA, pero básicamente desde dos de las más importantes y numerosas, la bonaerense Carbap y la cordobesa Cartez, ya se comenzó a analizar la posibilidad de realizar un paro de comercialización de granos y hacienda para la semana próxima.
Según dirigentes rurales, la primera protesta del agro en tiempos de Alberto Fernández podría declararse por 48 horas, luego de la Navidad, el jueves 26 y el viernes 27. También en una asamblea realizada en Tucumán se votó a favor de realizar “un paro de comercialización por 48 horas”, pero los productores del norte reclamaron comenzar ahora mismo, “desde las 00 horas del día 19 de diciembre, con controles de carga de granos y hacienda en pie”.
Matías De Velazco, el presidente de Carbap, dijo que este jueves se reunirá el consejo directivo de la entidad que nuclea a unas cien sociedades rurales de Buenos Aires y La Pampa. “Lo más probable es que se definan medidas de fuerza”, avisó el dirigente tras copartir un almuerzo de fin de año con periodistas del sector.
En tanto, en Córdoba hubo una reunión de Cartez, en la que tambuién se decidió evaluar medidas de fuerza. En un comunicado, la entidad avisó que se declaró en “estado de alerta y movilización” y autorizó a sus dirigentes a mantener contactos con otras entidades para concretar la primera medida de fuerza de la era Alberto.
En el interior se han ido sucediendo las asambleas de productores molestos no solo por la decisión de subir 5 puntos de las retenciones el sábado pasado -mediante un decreto que nadie se esperaba- sino por la pretendida suba de otros 3 puntos para los granos prevista en la Ley de Emergencia Económica, que debe ahora discutirse en el Congreso.
El jueves habrá una asamblea de productores de la Federación Agraria en la localidad santafesina de Alcorta, que también podría sumarse al cese de comercialiazión.
Un comunicado de CRA explicó el por qué de tanta molestia a días de la asunción del nuevo gobierno.
“Otra vez los productores nos vemos expuestos a situaciones donde nuestros esfuerzos entran en una zona de riesgo, los nuevos topes establecidos en la Ley de Emergencia, de reglamentarse en sus máximos previstos, llevarían a quebranto productivo en amplias zonas del país, aquellos productores que estén a más de 300 kilómetros de los puertos entrarán en una zona roja donde los rendimientos de indiferencia se aproximan peligrosamente a los promedios obtenidos. En un año donde el clima es seco, esto se vuelve peligroso”, se resumió.
CRA denunció que “Hoy el Estado se queda con el 60% de lo que produce la agricultura en su conjunto y en el caso de la soja un 67%”.
Puso como ejemplo el caso de un productor de soja en zona núcleo que con estos máximos de derechos de exportación, está aportando 122 dólares por tonelada, a un rendimiento de 45 quintales aporta 550 dólares por hectárea en concepto de derechos de exportación (superior al costo de siembra de la misma)”.
Otor caso: “En el caso de un productor de Río Cuarto 122 toneladas, a un rendimiento de 25 quintales, aporta 305 dólares por hectárea.
En ambos casos “ambos aportan al Estado al cabo de 23 campañas el valor total de sus campos”, se advirtió.
La entidad de la Mesa de Enlace agregó que “el Estado ya no es un socio solo en las ganancias, distorsiona con los derechos de exportación también el precio pagado al productor en forma directa, lineal y con la misma intensidad, cualquiera sea el resultado económico de su proceso productivo, siendo los productores, justamente los más afectados”.
