El diputado nacional Federico Zamarbide, de la UCR Mendoza, se involucró en el análisis de la Ley de Emergencia Agropecuaria al ver que a los productores de su provincia, sobre todo viñateros, les llegaba cada vez menos oferta de agua por las acequias, como consecuencia del calentamiento global y su impacto sobre la cordillera, donde año a año van menguando las heladas.
Zamarbide (foto) comenzó a buscar qué herramientas tenían los productores mendocinos para defenderse de esta penosa situación, que se va agravando con cada temporada, y descubrió que la única herramienta del Estado Nacional para proteger a los productores de las inclemencias del clima no contemplaba este caso. Los dejaba afuera a pesar de que su producción se veía afectada por la falta de agua.
Se trata de la Ley de Emergencia Agropecuaria, un instrumento que, a pesar de haber sido renovado en 2009, tiene un alcance muy limitado para socorrer efectivamente a los productores en estos casos: apenas dispone la prórroga de vencimientos impositivos y bancarios, y cuenta con un fondo de solo 500 millones de pesos para todo el país, que se actualizó ese año y ahí quedó congelado. Como un glaciar en medio de loa Andes, cada vez más chiquito frente a una inflación galopante.
Por eso el diputado radical presentó un proyecto para modificar la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria, que ojalá permita abrir un necesario debate sobre esta herramientas de la política agropecuaria, que está mostrando a todas luces tener muy poca efectividad frente a fenómenos climáticos de gran envergadura y capacidad de daño a la economía de los productores.
“Buscamos ayudar a los productores de zonas cordilleranas”, explicó Zamarbide, que de todos modos está iniciando una discusión (o al menos intentándolo) que podría ayudar a todos los productores argentinos. Y es que además de reclamar que se incorpore en la cobertura de ley a los “productores que riegan, con el deshielo de ríos de cordillera, bajo el sistema de oasis”, reclamó un fuerte incremento del fondo estatal para atender este tipo de emergencias.
“Presentamos este proyecto de ley por la crisis hídrica de los oasis cordilleranos, como consecuencia de la falta de nieve y el retroceso de glaciares en cordillera”, explicó el diputado, reclamando que se establezca “un marco de igualdad de derechos” entre los productores afectados por la falta de lluvias o quienes no reciben agua de deshielo. En ambos casos, por cierto, las consecuencias son las mismas.
Pero lo más jugoso del proyecto de ley es que además se propone, con la modificación de la ley vigente, una actualización del fondo nacional para atender desastres y emergencias agropecuarias, que es manejado por el Ministerio de Agricultura. “Está estancado en 500 millones de pesos desde el 2009 y nosotros prevemos pasarlo a 90 millones de UVA (Unidades Valor Actualizables) para que tenga un reajuste automático en el presupuesto”, indicó el diputado radical.
A valores actuales, equivaldría arrancar con un fondo de unos 4.800 millones de pesos, diez veces mayor al actual.
