Al negocio de la carne hay que saber leerlo entrelíneas.
La historia ya determinó sobradamente que cuando Néstor Kirchner y Guillermo Moreno intervinieron las exportaciones de carne vacuna -entre 2006 y 2009- los resultados fueron catastróficos para la cadena de ganados y carnes: se perdieron 8 millones de cabezas de ganado, cerraron más de 100 frigoríficos y se perdieron 20 mil puestos de trabajo especializado, además de que se fundieron miles de pequeños productores y los precios del alimento finalmente subieron. No hace falta machacar con esto. Existe la estadística.
Pero también hubo ganadores en aquel dramático proceso. Un grupo de grandes frigoríficos (varios de los cuales habían pasado a manos extranjeras poco tiempo antes) hicieron enormes diferencias con los cierres temporales de las exportaciones. Sabían cuando comprar hacienda y cuando vender la carne. Recibían de modo más que oportuno los ROE (permisos de exportación) y hasta cobraron subsidios de la ex ONCCA. Pese a que el país reduciría a partir de 2010 a expresiones mínimas su negocio de exportación de carne (se cayó hasta el 5% de la producción total), en los años de intervención ese grupo de empresa tuvo s enormes ganancias y hasta eran récord los embarques debido a la gran liquidación.
Perdían los ganaderos. Ganaban los grandes frigoríficos exportadores. Después perdieron todos. No podemos ignorar ese detalle.
En aquel momento, Guillermo Moreno montó una “escuelita”, que era una reunión semanal donde tenían que acudir los integrantes de la cadena que quisieran ser parte de ese juego o acaso sobrevivir en el reinado de la discrecionalidad. Los que criticaban la intervención quedaron afuera, marginados. Muchos dirigentes alumnos agachaban la cabeza y mantenían silencio, resignados. Pero había otros que aprovechaban su cercanía con el poderoso funcionario. Negociaban y le prometían “carne barata” en los supermercados, para que el INDEC -intervenido por el propio Moreno- pudiera tomar de allí los precios que le permitieran construir un índice mentiroso de inflación.
La gente usualmente no encontraba aquella carne barata. Y cuando lo hacía era en bandejitas de pura grasa.
La historia, dicen, se repite como farsa. Desde principios de año rige un “acuerdo de precios” para vender una serie de cortes populares a precios de diciembre. Es decir, el asado debe ser colocado a 400 pesos por kilo, cuando en el resto del mercado vale 590. Los volúmenes no son grandes sino todo lo contrario: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC y los supermercados (la mayoría tiene faena propia) pactaron con Comercio Interior, a cargo ahora de Paula Español, colocar 6.000 toneladas de carne por mes a bajos precios, lo que es el equivalente a 2 o 3% del consumo total. Se venden solo en las grandes cadenas, con lo cual los minoristas se quejan de la competencia desleal.
Por suerte, al menos por ahora, el INDEC no toma esos valores, y por eso el IPC sigue mostrando que la carne vacuna siguió subiendo este primer trimestre de 2021.
Y como la carne sigue subiendo -por una serie de factores- el Gabinete Económico anunció este jueves una nueva ofensiva y la reimplantación de un registro de exportadores: se comenzará así a monitorear los embarques desde Comercio Exterior, al tiempo que se extremarían los recaudos para inscribir operadores en el RUCA, el registro de la cadena agroalimentaria que funciona en el Ministerio de Agricultura. Quien no figura allí no podrá exportar.
La excusa de las autoridades para extremar estos controles es evitar un delito: posibles maniobras de subfacturación de las exportaciones. Pero el riesgo de que ese monitoreo termine por complicarles las exportaciones a unos y beneficie a otros quedó más latente que nunca, a pesar de las promesas de transparencia de las autoridades. ¿Por qué creer a funcionarios que dicen que no van a obstaculizar las exportaciones cuando ya lo hicieron en el pasado reciente y jamás expresaron autocrítica o arrepentimiento?
Moreno no está. Y la escuelita ya no abre sus puertas. Pero en la negociación con las nuevas autoridades de Comercio Interior no participan todos los integrantes del sector, sino los mismos de siempre que ya se vieron beneficiados en el pasado: los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC. El acuerdo de precios es solamente con ellos y los supermercados, con los cuales son como primos hermanos. A la par, este sector de la industria (que representa 75% de los embarques, pero solo 30% de la faena) logra imponer sus recetas, como la prohibición de la media res a partir de 2022.
Desde 2015 a esta parte funcionó un conglomerado de organizaciones llamado Mesa de las Carnes, donde están los productores, los consignatarios, los matarifes, los frigoríficos del consumo y también los exportadores nucleados en el Consorcio ABC. Ese bloque se dio el lujo, durante el gobierno pasado, de reunirse hasta una decena de veces con el presidente Mauricio Macri, para revisar la agenda del sector. Llegó Alberto y no hubo nunca más una reunión, a pesar de que la Mesa cambió al coordinador, buscando en la figura de Dardo Chiesa, el ex presidente de CRA, un dirigente más moderado que pudiera lograr mantener las vías de diálogo con el muevo gobierno.
Nada de eso sucedió. En el primer acuerdo de precios de diciembre pasado, la Mesa de las Carnes ni siquiera opinó y lo suscribieron solamente el Consorcio ABC y otras cámaras frigoríficas que se comprometieron a abastecer de cortes baratos el Mercado Central, como UNICA, FIFRA y CADIF. Estas últimas parece haber sido desplazadas ahora en esta nueva negociación para extender el acuerdo solicitado por Paula Español. Es decir, el gobierno tiene ahora solamente un solo interlocutor: el Consorcio ABC que preside Mario Ravettino.
Es muy interesante, en este contexto, releer la editorial que escribió horas antes del anuncio sobre un nuevo registro de exportaciones el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael. En esas líneas, el empresario más vinculado a los operadores que proveen de carne al conurbano bonaerense hablaba de una evidente tensión entre “mercado interno y exportación”, especialmente “a partir de la disparidad de condiciones que el sector de matarifes debe afrontar frente a los grandes frigoríficos exportadores al momento de comprar hacienda, situación que impacta de manera directa en los precios de venta al público”.
Rafael representa a operadores que mueven miles de cabezas de ganado pero que no suelen tener una planta propia, por lo cual contratan el servicio de faena de un tercero. Ese sector se viene quejando porque mientras los grandes frigoríficos vienen ganando posiciones en el mercado interno (por ejemplo, a través de los acuerdos de precios con Comercio Interior), a ellos se les hace cuesta arriba convertirse en exportadores.
“Nuestro eslabón está listo para acceder a los mercados externos, hemos realizado inversiones y cumplimos al pie de la letra con los requisitos sanitarios para llegar a todo el mundo con el fruto de nuestro trabajo. Pero vemos con preocupación cómo se cierran las puertas, tanto desde el Estado como el sector privado”, estableció su directivo en la editorial, y luego preguntó: “¿Será muy fuerte la presión de los principales jugadores del negocio de la carne vacuna, para que no habiliten ninguna planta más y se consolide un monopolio exportador?”
A las horas de divulgada esta editorial, el gobierno anunciaba los nuevos registros en Comercio Interior y mayores controles en el RUCA. Allí, días antes, las autoridades de Agricultura designaron a un contador llamado Luciano Zarich y de inmediato comenzaron a suceder cosas sospechosas y poco transparentes (o al menos pésimamente explicadas): “Se han suspendido las actividades de 15 empresas exportadoras de carne”, informó el propio gobierno, sin jamás dar a conocer el nombre de esas empresas ni precisar qué falta cometieron. Tan burda era la información de Agricultura que ni siquiera definía de qué registro se las había suspendido, pues esos “exportadores sin planta” ni siquiera estaban inscriptos en el RUCA.
¿Puede ser el RUCA utilizado como filtro para que unos puedan exportar y otros queden inhabilitados para hacerlo? Es una posibilidad concreta. También es cierto que los matarifes representados por Rafael vienen tropezando con una segunda piedra, a la hora de pedir la habilitación sanitaria del Senasa para algunas plantas de faena con las que trabajan.
A diciembre de 2020, según estableció la CAMyA, había unos 82 matarifes abastecedores que contaban con matrícula para exportar y hasta había 14 de ellos que integraban grupos de productores de Cuota Hilton, casi la mitad de los existentes. Pero al parecer había algunos más querían ingresar al negocio dominado por los grandes frigoríficos del Consorcio ABC. Esto era lo que planteaba Rafael en su editorial: “Desde el 2018, el Senasa habilitó algunas plantas para exportaciones puntuales, pero en líneas generales no se abrió el juego para los frigoríficos del mercado interno que están en carpeta para comercializar a China”.
Los matarifes argumentan incluso que si se los dejara exportar también podrían subsidiar cortes de consumo a precios populares, como hacen exclusivamente los socios del Consorcio ABC. “Nuestra participación en este plan de rebajas nos permitiría llegar a donde los exportadores no pueden: al bolsillo de los sectores con menos recursos”, escribió Rafael..
“Los frigoríficos del mercado interno, responsables del 80% de la carne que llega a la mesa de los argentinos, reclamamos nuestro espacio a la hora de abrir el juego exportador. Estamos preparados”, añadió el presidente de la Cámara de Matarifes, dejando expuesto que ahora -como en tiempos de Moreno- podría haber hijos y entenados a la hora de acercarse a negociar con el gobierno.
Queda flotando una pregunta obvia, ahora que al parecer habrá nuevos controles de precios y hasta un nuevo registro de exportaciones como fueron los ROE. ¿Por qué no se reúne el gobierno con toda la Mesa de la Carne y se sacan todos estos trapitos al sol? ¿Por qué los acuerdos de precios no incluyen a todos los operadores?
Es lo que debería suceder: Cualquier manual básico de política pública exige a los funcionarios definir una política transparente y aplicar una ley pareja para todos.
Muy buen reportaje. Enredado pero ojala se vaya avanzando hacia algo mas transparente.