Las autoridades de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) rechazó las “incesantes y sorpresivas medidas de acción directa lanzadas por la Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina (Urgara) desde hace semanas, que conspiran con la imperiosa necesidad del país en estos momentos por maximizar exportaciones y generar divisas”.
La CPPC aseguró que los salarios de los trabajadores de Urgara “son de los más altos que tiene el sector trabajador en el país, ya que en los niveles más altos promedian sueldos de 100.000 pesos” y desmintió que “no se hayan hecho propuestas salariales, sino que, por el contrario, se han realizado numerosos ofrecimientos que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores”.
La entidad –que nuclea a los principales puertos privados del país gestionados por compañías agroindustriales– cuestionó que las medidas de fuerza llevadas a cabo por Urgara “no sólo son sin previo aviso, sino que violentan la libertad ajena al impedir el ingreso de personal fuera de convenio y de seguridad en un claro exceso sobre el derecho constitucional de huelga”.
“Esas ilegítimas medidas provocan serios problemas logísticos terrestres y fluviales –en donde intervienen otros gremios- y ponen en riesgo la operación en las instalaciones”, remarcó.
El sector también manifestó su preocupación en materia económica, ya que las medidas de fuerza ponen en juego la continuidad de una actividad designada como “esencial” por el Poder Ejecutivo nacional, que es además prácticamente la única que ha generado divisas este año.
Por su parte, entidades de la cadena agroindustrial expresaron hoy también su preocupación por el “impacto negativo del paro en los puertos” realizado esta semana tanto por personal afiliado a Urgara como a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA) en el marco de las negociaciones colectivas con las entidades empresarias.
“Las medidas adoptadas, en momentos en que se encuentran desarrollando las tareas de la cosecha fina (trigo/cebada), además de afectar el normal desarrollo de la actividad agropecuaria y alterar el desenvolvimiento de todos los eslabones de la cadena agroindustrial en general, perjudican especialmente a los productores en momentos en que deben comercializar naturalmente sus cosechas con el consiguiente impacto negativo en la cadena de pagos”, aseguraron por medio de un comunicado.
Indicaron también que “afectan seriamente el ingreso de divisas, las que resultan indispensables para afrontar la grave crisis económica y social en la que se encuentra inmersa nuestro país”. Por tales razones, las entidades exhortaron a las partes involucradas en la negociación colectiva a que “extremen los esfuerzos tendientes a terminar con la situación conflictiva”
Las entidades firmantes del comunicado son la Asociación de Semilleros Argentinos, las Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Córdoba y de Entre Ríos, las Bolsas de Comercio de Chaco, de Rosario y de Santa Fe, Cámara Argentina de Biocombustibles, la Cámara de Industriales Molineros, Centros de Corredores del país, Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Centro de Entregadores de Cereales, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Federación de Centros de Acopiadores y Federación Argentina de la Industria Molinera.
