La semana pasada la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación presentó un documento de 169 páginas, titulado “La Agenda 2030 en la Legislación Argentina”, en el cual se consignan todas las normas aprobadas en los últimos años por el Poder Legislativo que se encuentran en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) determinados por Naciones Unidas
La cuestión es que, en lo que respecta al “objetivo 7”, que tiene como propósito “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, el documenta cita como un logro la aprobación en julio de 2021 de la Ley 27.640 que establece un marco regulatorio para los biocombustibles hasta diciembre de 2030.
La meta que supuestamente cumple esa ley es “llevar al doble la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética” (sic). Más allá de lo que pueda llegar a significar eso, lo cierto es que la nueva norma degradó el programa de biocombustibles implementado en 2006 por la Ley 26.093.
La Ley 27.640 redujo a la mitad (del 6% al 3%) el cupo de corte de bioetanol de maíz garantizado para mezclar con nafta comercializada en el mercado argentino, mientras que en el caso de biodiésel el corte obligatorio comprometido pasó del 10% al 3%.
La iniciativa, promovida por el equipo económico del gobierno de Alberto Fernández, se instrumentó con el propósito de mejorar la situación de la petrolera estatal YPF, además de consolidar la recaudación tributaria del Estado nacional, dado que el aceite de soja tributa un derecho de exportación del 33% del valor FOB.
La ironía que es que, menos de un año después de aprobada esa legislación, Argentina comenzó a experimentar una escasez crónica de gasoil que obligó al gobierno a emitir un decreto para incentivar un mayor uso interno de biodiésel –elaborado con aceite de soja– con el objetivo de intentar cubrir el déficit de oferta del combustible.
Mientras tanto, Brasil se preparaba para llevar el corte obligatorio de biodiésel al 12% (con el propósito de subirlo de manera progresiva hasta un 15% en 2026), al tiempo que consolida su posición como “potencia bioetanolera” a escala global.
Lo triste del asunto es que mientras los funcionarios del gobierno argentino viajan por el mundo (quemando divisas que no tenemos) para “manguear” a dos manos dólares o yuanes, Argentina, debido a la falta de inversiones en infraestructura, debe importar tanto gasoil como nafta. En los primeros cuatro meses de este año, según cifras oficiales, se emplearon 1278 millones de dólares para ese propósito, algo que no sería necesario si se promoviese un mayor consumo interno de biodiésel y bioetanol elaborado en un 100% con insumos argentinos.
Más allá de los esfuerzos particulares o provinciales por promover un mayor uso interno de biocombustibles elaborados con fuentes renovables, la falta de un marco adecuado a nivel nacional –como existe en Brasil– dificulta la posibilidad de promover una matriz energética más amigable con el ambiente.
La reducción del uso de biocombustibles promovida por la Ley 27.640, lejos de tratarse de una iniciativa para “garantizar una energía sostenible”, es precisamente todo lo contrario, lo que implica que ese aspecto debería ser subsanado en el documento “La Agenda 2030 en la Legislación Argentina” para no desinformar a los destinatarios del libro.
Es importante que también se sepa que hace 11 años los y las vecinas de barrio San Antonio investigan y con muchos datos que indican el daño genético ,cáncer y enfermedades que causa la fermentación para producir bioetanol esto debido a que somos un laboratorio por tener la empresa de Bioetanol Porta al lado de las casas. Que la trancision energética sea negocio si se quiere, pero sin sacrificar vidas este debería ser el límite donde se dan las desiciones. Gracias por el espacio.